2021: otro curso político protagonizado por los tribunales

Madrid / BarcelonaNo es ninguna novedad que la política tenga constantemente un ojo puesto en los tribunales, si bien en los últimos años la actualidad catalana y española se han instalado ahí. El 2021 se presenta con una larga lista de citas, marcadas especialmente por causas y decisiones pendientes vinculadas al Procés. Además, en los próximos meses la justicia seguirá poniendo en su lugar al legado del PP, así como el de la familia Pujol y el de CDC con el 3%, juzgará por primera vez al excomisario José Manuel Villarejo y decidirá si investiga a Juan Carlos I, rey de España durante cuatro décadas.

El Procés

El TC resolverá los recursos de los presos, con el indulto de fondo

Una de las sentencias más importantes de la historia de España, la 459/2019, por la que el Tribunal Supremo condenó por sedición hasta nueve líderes independentistas, se revisa en el Tribunal Constitucional. Los magistrados tienen previsto resolver los recursos interpuestos por los implicados, empezando por los condenados solo por desobediencia -el de Meritxell Borràs podría estar terminado este enero- y acabando por el del líder de ERC, Oriol Junqueras. En paralelo, el gobierno español tendrá sobre la mesa los indultos de los doce afectados con los informes en contra de la Fiscalía y, presumiblemente, del tribunal sentenciador. Esto descarta el indulto total, pero permite un perdón parcial al que el presidente español, Pedro Sánchez, abrió la puerta en su última comparecencia pública de 2020.

La causa del Procés en el Supremo tiene otro frente abierto, el de los exiliados: el Parlamento Europeo tiene que tramitar el suplicatorio de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Para el resto, el juez Pablo Llarena retiró las euroórdenes. El abogado Gonzalo Boye acumula éxitos en la batalla judicial del exilio, pero tiene cita en los tribunales por una causa de narcotráfico liderada por el reincidente Sito Miñanco. Boye está procesado por blanqueo de capitales.

La macrocausa del juzgado 13 por la organización del 1-O

El juzgado número 13 de Barcelona ha instruido hasta hace pocos meses la macrocausa que nació a raíz de las declaraciones del juez Santiago Vidal sobre el uso ilegal de datos fiscales de los catalanes para el 1-O. La juez ha acabado procesando una treintena de altos cargos de la Generalitat por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos después de que en septiembre cerrara el sumario. Ahora la Audiencia de Barcelona tiene que fijar fecha para el juicio. La del juzgado 13 fue la primera investigación que se abrió sobre el 1-O y sirvió de base para la causa del Procés juzgada en el Supremo y la de la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos. Entre los procesados están los dos excargos del departamento de Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que como son diputados del Parlament serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En una fase más inicial se encuentra la macrocausa iniciada con la operación Volhov el octubre pasado. Una pieza en que el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona investiga personas como el ex conseller de ERC Xavier Vendrell, el ex alto cargo de CDC David Madí o el editor Oriol Soler por su implicación en el referéndum.

Los síndicos del 1-O y Joan Josep Nuet, a juicio en marzo

Otra de las piezas derivadas del 1-O que todavía quedan por juzgar es la de los miembros de la Sindicatura Electoral. Después de dos aplazamientos a raíz de la pandemia, el juicio se celebrará el 2 y 3 de marzo. Para Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès, la Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión por los delitos de usurpación de funciones y desobediencia.

Algo más tarde, el 24 y 25 de marzo, el Tribunal Supremo juzgará a Joan Josep Nuet. El exdiputado de los comuns fue uno de los miembros de la mesa que en 2017 votaron a favor de tramitar la ley del referéndum. Por esta cuestión el TSJC inhabilitó durante un año y ocho meses a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Joan Josep Nuet es diputado de ERC en el Congreso y por eso le tiene que juzgar el Supremo.

Hay siete alcaldes que todavía tienen una causa abierta por el 1-O

El juzgado número 1 de Figueres absolvió hace pocas semanas a la primera alcaldesa acusada de colaborar en el 1-O. Se trataba de Montserrat Mindan, alcaldesa de Roses. De las más de 70 causas que se abrieron, la mayoría se acabaron archivando, pero a estas alturas todavía quedan al menos siete alcaldes pendientes de juicio. El actual conseller de Exteriores y exalcalde de Agramunt, Bernat Solé, fue juzgado hace unas semanas en el TSJC y ahora espera la sentencia.

Quim Torra espera el segundo juicio por desobediencia

El Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación de Quim Torra en septiembre por no haber descolgado una pancarta de apoyo a los presos en abril de 2019, pero el expresidente volverá a sentarse en el banquillo de los acusados este 2021 a raíz de la segunda causa que tiene abierta por desobediencia. Esta es por no haber descolgado a tiempo la misma pancarta en septiembre del 2019. Esta vez no lo juzgará el TSJC, porque ya no es aforado, sino un juzgado ordinario.

Los Mossos acusados de encubrir a Puigdemont, a la espera de juicio

En la Audiencia Nacional esperan juicio dos agentes de los Mossos que están procesados por encubrimiento por haber acompañado al expresidente Carles Puigdemont al exilio. Además, el TSJC también investiga el ex conseller de Interior Miquel Buch por haber fichado un cargo de confianza que acabó siendo escolta de Puigdemont. A pesar de la absolución de la cúpula de los Mossos, un juzgado de Sabadell también tiene abierta una causa contra siete Mossos por un presunto delito de desobediencia durante el 1-O.

Las investigaciones contra los CDR y Tsunami Democràtic

Otro frente judicial abierto es la instrucción de la Audiencia Nacional contra los CDR, acusados de terrorismo, así como también contra Tsunami Democràtic. Además, se tienen que empezar a juzgar -a algunos durante este mes de enero- a los centenares de manifestantes que tienen causas abiertas por las protestas postsentencia. El 22 de febrero también está prevista la vista aplazada del activista Marcel Vivet.

Las cargas policiales del 1-O, en el punto de mira

Una decena de juzgados catalanes continúan investigando a un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por su actuación durante las cargas del 1 de octubre del 2017. En Barcelona hay 63 agentes de la Policía Nacional investigados.

El caso Pujol y el 3%

La corrupción del expresidente y Convergència, a un paso de juicio

Si bien la política catalana reciente se dirime en los tribunales, también lo hace la de décadas atrás. La Audiencia Nacional juzgará este año el 3%, el caso de presunta corrupción político-empresarial a través del que Convergència se habría financiado ilegalmente. Los principales nombres propios de la causa son los de los exgerentes del partido Germà Gordó -secretario del Govern y conseller de Justicia con Artur Mas-, Andreu Viloca y Daniel Osàcar, así como el del ex responsable jurídico del partido Francesc Sànchez. Además de empresarios, también están acusados CDC y el PDECat.

La justicia también determinará si se enriqueció ilegalmente la organización criminal que, según el juez José de la Mata, conformaba la familia Pujol-Ferrusola. El matrimonio y los hijos están procesados y el 22 de enero la sala estudiará los recursos de apelación. Será un nuevo instructor -De Mata ahora está en la Haya- quien dictará la apertura del juicio oral de las dos causas, lo que puede retrasar el calendario, según fuentes jurídicas.

Juan Carlos I

La Fiscalía del Supremo tiene que decidir si se querella

Fuera del ámbito de la política catalana, las máximas instancias judiciales españolas tienen entre manos investigaciones tan relevantes como la que afecta a Juan Carlos I. El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, tiene que decidir si se querella contra el rey emérito por alguna de las tres investigaciones que tiene abiertas. La primera es por el presunto cobro de 64 millones de euros en comisiones ilegales de la adjudicación del AVE en la Meca por empresas españolas y la posterior ocultación de los bienes. Hay dudas, sin embargo, que esta línea de investigación salga adelante, porque el origen del supuesto ilícito se habría hecho cuando todavía no había abdicado y, por lo tanto, era inviolable.

La rendija podría ser el presunto por su parte y por parte de su mujer Sofia de tarjetas opacas entre 2016 y 2018 por valor de 278.000 euros anuales. La defensa jurídica del exmonarca presentó una regularización en Hacienda de 678.393,72 euros a principios de diciembre con objeto de evitar la persecución penal y el ministerio público indaga si la puesta al día de los fondos extranjeros de Juan Carlos I es “veraz y completa”. La tercera pata sería una cuenta activa de 10 millones de euros en la isla de Jersey.

El PP

La caja B y la Kitchen, talones de Aquiles para Casado

El PP no se libra de los tribunales. A pesar de que es un asunto ya resuelto políticamente, el más inmediato es el juicio a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por la falsificación del máster, previsto para el 18 de enero. El plato fuerte es el 8 de febrero, con el arranque del juicio de los papeles de Bárcenas, con el extesorero como uno de los principales acusados pero también el PP como responsable civil subsidiario. Se investiga la reforma de la sede de Génova y el supuesto fraude fiscal derivado de donaciones ilegales durante 2008. El gran reclamo será la comparecencia como testigos de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

No será menor el impacto que tendrán para el PP las indagaciones de la Kitchen, la trama de presunto espionaje a Bárcenas para robarle información sobre las corruptelas del partido. Con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz cómo uno de los investigados más destacados, la Fiscalía también solicita imputar a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal. La causa tendrá un pie puesto en la comisión de investigación del Congreso, que durante estas próximas semanas decidirá quién debe comparecer.

Villarejo

El 5 de noviembre, límite para la prisión preventiva

A pesar de salpicar al PP, la trama Kitchen es una pieza separada de la macrocausa Tándem, que gira alrededor de Villarejo. El juez Manuel García-Castellón envió a juicio tres líneas de investigación para este 2021 y el 5 de noviembre expira el máximo de cuatro años que prevé la ley para la prisión preventiva del excomisario. De este entramado de corrupción policial, política y empresarial, una rama implica al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el caso Come. Está pendiente de resolverse si el Supremo lo investiga -así lo solicitó el magistrado-, a pesar de que la Fiscalía se opone. El partido lila tiene otro frente judicial que, despacio, va deshinchándose. Un juez de Madrid investiga a Podemos por presunta financiación ilegal, pero ya solo queda un elemento de sospecha: un contrato con la empresa Neurona durante la campaña del 28-A.

Los ERO de Andalucía

El Supremo tiene que resolver sobre la condena de Chaves y Griñán

El PSOE no se escapa de los escándalos de corrupción, tal y como se demostró a finales de 2019 con la condena por los ERO de Andalucía. Un año después, el Supremo todavía tiene sobre la mesa los recursos de casación, entre los que están los de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.