Delgado elige a un fiscal progresista para la causa contra la acción exterior de la Generalitat

MadridManuel Martín-Granizo será el nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y tendrá en sus manos mantener o no la acusación contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por el 1-O y la acción exterior entre los años 2011 y 2017. La renovación del organismo había dejado vacante esta plaza porque quien la ocupaba, Miguel Ángel Torres, fue escogido consejero, a propuesta del PP. El Consejo Fiscal propuso este martes el nombramiento de Martín-Granizo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –de la cual también forma parte la fiscal general del Estado, Dolores Delgado–, con un voto más que Luis Rueda, el número 2 de Torres en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Fiscal desde hace 40 años, Martín-Granizo fue nombrado en 1991 fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Palencia, un cargo que ejerció con cinco fiscales generales diferentes. Entre el 2006 y el 2015 fue fiscal superior de Castilla y León y los últimos seis años ha estado en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Así, su candidatura se ha impuesto a la de los otros cuatro aspirantes, entre los cuales estaba el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, y el también fiscal de la institución Carlos Castresana, que sonaba con fuerza para lograr la plaza. "Es la persona que mejores características reunía", alegan fuentes consultadas, que quitan importancia al hecho de que Martín-Granizo no conozca la casa.

Delgado, los cuatro miembros de la UPF y María Antonia Sanz, no adscrita a ninguna asociación, lo votaron. En cambio, los integrantes de la Asociación de Fiscales, considerada de corte conservador, optaron por Rueda. "Es muy respetado y de consenso", defienden los que propusieron al aspirante finalmente elegido. Ahora será la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien elevará su nombramiento al consejo de ministros para que se haga efectivo. Una vez tome posesión, una de las principales carpetas que Martín-Granizo tendrá sobre la mesa es la causa sobre el 1-O y la acción exterior de la Generalitat, por la que los implicados han tenido que abonar una fianza de más de cinco millones de euros.

La nueva sala todavía tiene que decidir si acepta los avales del Instituto Catalán de Finanzas. La delegada instructora los rechazó, pero los nuevos consejeros designados por el Congreso y el Senado tienen que resolver el recurso de apelación que presentaron las defensas. Entre ellos, hay dos propuestos por el PSOE y uno por el PP. Del juicio de la causa, que se tiene que celebrar una vez ya está cerrada la instrucción, se encargará Elena Hernáez, ex alto cargo del primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Habrá que ver si el gobierno español consigue deshinchar la causa con este movimiento de piezas.