¿Puede hacer caer a Ayuso el fraude fiscal de su pareja?
MadridLa satisfacción en el PSOE y en la Moncloa este martes era evidente. De hecho, los distintos miembros del ejecutivo o portavoces socialistas hacían esfuerzos por no mostrarse eufóricos. Algunos, como Patxi López, incluso recomendaban a los suyos morderse la lengua y esperar. "La causa está bien construida", insistían. Y en efecto, el caso de presunto fraude fiscal por valor de 350.000 euros que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abre un nuevo escenario. Veámoslo.
De entrada empata el partido. Hasta ahora, cuando el PP los atacaba con el caso Koldo, el PSOE tenía que recurrir al manual y recordar los casos de corrupción del caso Gürtel o Bárcenas (con la potente imagen de alguien destruyendo unos duros discos con un martillo en la sede de Génova). Ahora tienen un caso equivalente. No por la magnitud, ya que objetivamente el caso Koldo es más grave porque presupone una trama que actuaba desde dentro de la administración, sino porque el caso que afecta a Alberto González salpica al principal activo electoral del PP. Recordemos que Ayuso no solo es una presidenta autonómica dentro del PP, sino que es la líder espiritual de su ala más radical, un poder fáctico capaz de temblar los cimientos de Génova si se lo propone.
Es verdad que el escándalo no la afecta directamente desde un punto de vista judicial, pero sí político. Si su pareja fuera finalmente sentenciada por un delito de fraude fiscal, ¿con qué credibilidad podría Ayuso reclamar a sus conciudadanos madrileños que paguen sus impuestos? Es más, ¿cómo podría argumentar que ella no se ha beneficiado de ese dinero negro cuando convive en un piso de lujo pagado por González después de haberse ahorrado ese dinero en impuestos? Aquí los números cuadran de forma sospechosa. Alberto González pidió una hipoteca de 500.000 euros para pagar un piso que valía 837.000. La diferencia, es decir, el dinero que aportó en metálico, coincide con lo que habría defraudado. Y además, la presidenta madrileña ya ha dejado claro que conocía la inspección a la que la Agencia Tributaria estaba sometiendo a su pareja. La Agencia Tributaria tiene la obligación de trasladar a la Fiscalía cualquier caso que exceda de 120.000 euros, cuando ya pasa a ser materia penal como delito fiscal.
Desde un punto de vista político, este caso Ayuso tiene concomitancias con el caso Pujol y con la polémica sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. Jordi Pujol fue president de la Generalitat durante 24 años siendo conocedor de que sus hijos y mujer tenían dinero no declarado en Andorra. Es precisamente este hecho el que, al margen del origen de los fondos, ha destruido la credibilidad del creador de la Generalitat contemporánea. También es evidente que el chalet de 600.000 euros del matrimonio Iglesias-Montero, el llamado casoplón, destruyó también su imagen para buena parte de sus votantes. ¿Tendrá este caso el mismo efecto en Ayuso? Es pronto para decirlo, pero es evidente que el caso será plomo en las alas de la presidenta madrileña, que puede que en algún momento se vea obligada a elegir entre su pareja o su carrera política.
