CAMPAÑA 23-J

¿Cómo sería España si mandara Vox?

La formación de extrema derecha presenta su programa electoral para las elecciones del 23-J

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Abascal, en el acto a Madrid  de este sábado

BarcelonaVox ha presentado este viernes su programa electoral para las elecciones del 23-J, en el que muestra, de manera muy ilustrativa, cómo sería España en el supuesto de que mandaran y se pudiera aplicar su hoja de ruta. ¿Y cómo sería? Pues se parecería en muchas cosas a la que había antes de la llegada de la democracia. De entrada no habría estado autonómico (cosa que requeriría una reforma de la Constitución para la que se necesitan tres quintas partes del Congreso y un referéndum posterior), tampoco habría partidos independentistas, ni leyes contra la violencia de género, ni derecho al aborto, etcétera. Una España más de los años 60 y 70 que de los 80 o 90.

Unidad de España

En el capítulo inicial del programa, dedicado a la unidad de España, defienden que sea un solo "estado unitario administrativamente descentralizado", es decir, sin autonomías. Pero como admiten que sería difícil, proponen que de entrada habría que devolver las competencias de Salud, Educación, Justicia y Seguridad al Estado. De este modo, el estado autonómico quedaría reducido a la mínima expresión y Catalunya no podría decidir sobre su política educativa y no habría inmersión porque habría derecho a hacer toda la enseñanza en castellano. De hecho, afirman que quieren acabar con "el apartheid lingüístico que crea ciudadanos de primera y de segunda", insistiendo en que el conocimiento de las lenguas cooficiales no tiene que ser requisito para trabajar en la administración. Una cosa que molesta mucho a Vox es la rotulación en las carreteras en lenguas que no sean el español, y por eso harían obligatorio que todo estuviera "al menos" en esta lengua. Vox también eliminaría el concierto vasco y navarro, a pesar de que durante el franquismo estuvo vigente en Álava y Navarra. Por supuesto, los Mossos y la Ertzaintza se tendrían que integrar en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los partidos, entidades y asociaciones de carácter independentista estarían prohibidos y tendrían que pasar a la clandestinidad, cosa que afectaría a al menos la mitad del cuerpo electoral catalán y al 60% o 70% del vasco, que se quedaría sin representación. Se recuperaría el delito de sedición, el de referéndum ilegal (como dice el PP) y se añadiría el de traición, que ahora no existe. Se subirían las penas por ultraje a la Corona y a los símbolos del Estado. En la escuela se dedicaría "una especial atención a las gestas e hitos de nuestros héroes nacionales". No existirían tampoco leyes de memoria histórica.

Derechos civiles y libertad educativa

En la España de Vox no habría ni leyes de violencia de género, ni leyes de igualdad (rechazan explícitamente las cuotas), ni derechos para el colectivo LGBTI, ni ley trans (se prohibiría específicamente la hormonación y el cambio de sexo en menores de edad), ni derecho al aborto o a la eutanasia.

En la escuela se implantaría el llamado pin parental para impedir que los niños reciban formación (por ejemplo en el ámbito sexual) no autorizada por sus padres y se garantizaría la educación religiosa. La educación buscaría "fortalecer los lazos nacionales" y los currículums serían comunes "en todas las regiones" (porque Catalunya volvería a ser oficialmente una región).

Economía y políticas sociales

Vox defiende una rebaja radical de impuestos y de cotizaciones. Por ejemplo, el IRPF tendría un tipo único del 15% para las rentas inferiores a los 70.000 euros y del 25% para las superiores. ¿Y cómo se financiarían los servicios públicos y las pensiones, entonces? Ellos aseguran que con el ahorro que supondría cargarse el estado autonómico, los organismos públicos sobrantes y la mitad de ministerios. También se relajarían las medidas de protección medioambiental, que consideran "imposiciones globalistas", así como las restricciones para el uso de coches de gasoil en las ciudades. No habría subvenciones para sindicatos o patronales y se implantaría una especie de proteccionismo frente a los productos del extranjero en una especie de regreso a la autarquía franquista. Apuesta clara por la energía nuclear y por los trasvases. Derogación de la ley de cambio climático.

En el ámbito de la vivienda se volvería a la famosa ley del suelo de Aznar para incrementar la construcción y se recuperaría la deducción por vivienda habitual (no dicen cómo evitarían una nueva burbuja) y una política de "tolerancia cero con la ocupación". Los "nacionales" tendrían prioridad sobre los extranjeros a la hora de recibir ayudas. Supresión de la dirección general de Derechos de los Animales e impulso de la tauromaquia.

Defensa e inmigración

Aumento de la inversión en Defensa. Los militares tendrían preferencia para ocupar puestos en la Administración y se permitirían homenajes a golpistas como Francisco Franco porque consideran que "lucharon por España desde perspectivas históricas diferentes". Se aumentarían en general todas las penas y se haría pública la nacionalidad de los agresores sexuales (cosa que favorecería la estigmatización de determinados colectivos). Expulsión inmediata de los inmigrantes en situación irregular, que no podrían ni empadronarse ni tener atención sanitaria, y eliminación de las subvenciones públicas a las ONG que los ayudan. Se impulsaría la inmigración, eso sí, de América Latina.

Política internacional y UE

Devolución de competencias de Bruselas a Madrid y primacía del derecho estatal sobre el comunitario, al estilo de lo que defiende la Hungría de Orbán. Reforma del mecanismo de la euroorden para que no haya casos como el del ex president Puigdemont. Refuerzo de las relaciones con América Latina, puesto que "los españoles no tenemos que pedir perdón por nuestro pasado", en referencia a la Leyenda Negra, que prometen combatir.

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