Un empresario admite que quería reunirse con Cerdán para pedirle más adjudicaciones

MadridCon Santos Cerdán en prisión desde el lunes, este viernes tres empresarios vinculados al caso han negado haber pagado comisiones a los principales imputados a cambio de adjudicaciones de obra pública. Se trata del socio de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) José Ruz y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), también investigados. En sus comparecencias han desmentido la principal acusación -que de los contratos se derivaran contraprestaciones económicas para los políticos-, pero han reconocido el grueso de conversaciones que aparecen en el atestado de la Guardia Civil, que el 12 de junio dio la vuelta a la legislatura española. De hecho, Ruz ha admitido que quería reunirse con el ex número tres del PSOE para reclamarle más adjudicaciones, aunque ni el juez ni el fiscal se han interesado por si llegaron a hablar. Los tres quedaron en libertad provisional y con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Además, a Ruz se le ha retirado el pasaporte y está prohibido salir de España.

"Quería hablar con él para dejar de ser el último en las adjudicaciones, porque pasé de estar entre los primeros en ser el último. Una persona de Acciona me avisó de que en el PSOE me habían hecho la cruz. Por eso quería hablar con Cerdán", ha subrayado durante su interrogatorio. El juez ha insistido. "Quería hablar con Cerdán para que se hablara bien de la empresa, para darla a conocer y así ganar concursos", añadió Ruz, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Ahora bien, no ha llegado a decir si se acabaron reuniendo, dejando claro que en ningún caso hubo contraprestaciones de por medio.

Éste ha sido el único momento en el que se ha hablado específicamente de Cerdán, al que el juez sitúa en una posición "preeminente" en el entramado y señala como la persona que canalizaba las supuestas contraprestaciones entre los empresarios y los presuntos beneficiarios del dinero: Ábalos y Koldo García. La defensa del expolítico navarro se mostró sorprendida por el hecho de que ni el fiscal ni el juez se hayan interesado por el "motivo central" que llevó a Cerdán a ingresar en prisión de forma provisional. Los empresarios que comparecieron defendieron la legitimidad de tener buena relación con la administración pública para conseguir concesiones públicas y admitieron los contactos con la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director de Carreteras Javier Herrero sobre determinados contratos bajo sospecha.

¿Un sueldo para Koldo?

Una de las cosas que aparecen en el informe de la UCO es un supuesto sueldo que Koldo García habría recibido después de salir del ministerio y que la Guardia Civil vincula a comisiones ilegales. Ruz le ha situado en el contexto de un trabajo de seguridad que el exasesor de Ábalos habría hecho para una compañía relacionada con LIC. Este empresario sí ha reconocido la utilización de un teléfono móvil y una tarjeta SIM desechable, algo sospechoso a ojos de los investigadores, pero Ruz le ha restado importancia. También admitió que se referían a estas líneas telefónicas más seguras como "cafetera" o "café".

Entre otras cosas, el empresario de OPR Daniel Menéndez ha aceptado que, a petición de Koldo García, una filial de su compañía contrató a la esposa del exasesor de Ábalos, Patricia Uriz, porque tenía necesidades económicas.