El Gobierno acusa a Junts de utilizar TV3 como arma arrojadiza

BarcelonaPor segundo día consecutivo, los medios públicos han entrado en el debate del Parlament. En el octavo aniversario del 1-O, el diputado de Junts Agustí Colomines ha afirmado que la represión de entonces "hoy se ha transformado en una desnacionalización suave". Un ejemplo "paradigmático" de esta desnacionalización –de la que hace responsable el Govern– es la situación de TV3, creen los junteros, que en los últimos días ha levantado polvareda por los cambios de marca y el estreno de programas como Bestial. Para el ejecutivo, Junts "se equivoca" al dirigir la crítica al Gobierno, y reprocha a la formación independentista que utilice los medios públicos "como un arma arrojadiza".

"Este es el tema que han encontrado para hacer oposición al primer pleno de regreso al Parlament [después del verano]?", preguntó sorprendido el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, quien recordó que los medios públicos "dependen del Parlament y no del Govern". Por eso, Dalmau ha reprochado a Junts que ponga el foco en TV3 y Catalunya Ràdio: "Hasta ahora, sobre los medios públicos en este pleno sólo me habían preguntado el PP y Vox", ha dicho el conseller.

Una de las críticas de Junts es el cambio de marcas (por ejemplo, de 3/24 a 3CatInfo). Colomines ha manifestado que no es competencia de la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, realizar estos cambios. Antes, por la mañana, Romà ha dicho en una entrevista en la radio pública que las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio "están más vivas y tienen más valor que nunca" y ha asegurado que no desaparecerán. La presidenta del ente público también ha salido al paso de las críticas de españolización afirmando que están realizando "nuevos contenidos en catalán de calidad que están conectando con los públicos".

Por encima de este debate planea el relevo de tres miembros del consejo de gobierno de la CCMA, que toca por ley este año. Desde la Corporación entienden que la iniciativa le corresponde al Parlamento, y no está claro cuáles deberían ser los relevos. Cuando se escogió el actual gobierno de los medios públicos, el PSC, ERC y Junts tenían aproximadamente los mismos escaños, mientras que ahora los socialistas son primera fuerza con 42, los junteros segunda con 35 y ERC tiene 20 diputados, la mitad que el PSC.

Aviso sobre las cuentas

En la sesión de control del martes al presidente, Salvador Illa, los presupuestos no planearon en ningún momento sobre el debate, pero este miércoles sí que se ha producido desde el pleno un aviso contundente de ERC en el gobierno catalán y también en el español. El PSC, con el apoyo de los partidos de izquierdas, validó un decreto sobre la ampliación de la Agencia Tributaria de Catalunya, pero el diputado republicano Albert Salvadó avisó de que "hasta que no se resuelva la cuestión de la recaudación y el nuevo modelo de financiación" no negociarán "nuevos presupuestos", ni aquí ni en Madrid. Por ello, apresuró a los socialistas a aprobar la proposición de ley registrada en el Congreso "para habilitar que la Generalitat recaude el IRPF" íntegramente, unos 30.000 millones de euros, y concrete el nuevo modelo de financiación. Porque si los socialistas "no cumplen sus compromisos, tendrán muchas dificultades para gobernar", ha advertido Salvadó.

Aprobada la comisión de estudio sobre el fascismo

El pleno de este miércoles también debatió la creación de una comisión de estudio sobre el fascismo, el racismo y los discursos de odio, que se dedicará a debatir sobre estas cuestiones y la forma de combatirlas. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP, Vox y Aliança Catalana, que han votado en contra.

Los socialistas han defendido "la obligación ética y democrática de actuar" ante los discursos de odio, según ha dicho la presidenta del grupo, Elena Díaz. Desde ERC, Tània Verge ha remarcado que la comisión, más allá de los discursos de odio, también debe hablar del "antifeminismo, la LGBTI-fobia y el racismo". Andrés García Berrio, de Comuns, ha recordado que "no todo es delito de odio", y en la misma línea, Xavier Pellicer, de la CUP, ha apuntado que "no puede que los delitos de odio se apliquen a activistas". Por su parte, los junteros han ampliado el foco también hacia el "supremacismo" de España, según ha dicho el diputado Francisco de Dalmases. Tanto populares como ambos grupos de extrema derecha criticaron una supuesta "censura" que incluso tacharon de "Inquisición".