Política 01/07/2021

Laura Castel: España movilizó muchos recursos contra el informe del Consejo de Europa

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La senadora de ERC y miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo  de Europa, Laura Castel.

BarcelonaEl Consejo de Europa aprobó el 21 de junio un informe que reclamaba a España la liberación de los presos políticos catalanes, la retirada de las euroórdenes contra los exiliados, una reforma de la sedición y un "diálogo constructivo" sobre el conflicto catalán. Laura Castel es senadora de ERC y miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que votó el informe.

¿Qué es el Consejo de Europa?

— Es una organización internacional de ámbito europeo especializada en estado de derecho, democracia y derechos humanos. Tiene un consejo de ministros y una asamblea parlamentaria. Del Consejo cuelgan una serie de organismos tan importantes como la Comisión de Venecia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Greco.

¿Por qué que hay un miembro de ERC entre los 324 miembros de la asamblea?

— Porque tenemos 16 senadores y 13 diputados en el Congreso y las delegaciones en estas organizaciones se supone que se forman por peso y representatividad de las cortes. Nos costó, fue una negociación entre [Gabriel] Rufián y [Adriana] Lastra. No nos llamaron a la puerta. Lo tuvimos que reclamar.

¿Cuál es la génesis del informe?

— Los informes empiezan presentando una moción con la firma de 20 miembros de la asamblea de diferentes grupos políticos. Pides permiso para ir a los países y te entrevistes con quien crees que te tienes que entrevistar. El ponente ha sido Boris Cilevics. Finalmente, hace unas conclusiones y una propuesta de resolución y se vota.

¿Cuál es la trascendencia del informe para Catalunya?

— Es la primera vez que una organización internacional que marca los estándares de derechos humanos está diciendo a España que tiene presos políticos.

¿Es uno de los grandes triunfos del independentismo en el exterior?

— Es una victoria incontestable y es una aplicación de la justicia e igual pasará con el TEDH. No puedo asegurar qué dirá el TEDH, pero parece que la cosa irá por aquí. El informe tiene una consecuencia inmensa. ¿Qué cogerá el tribunal de background cuando se tenga que pronunciar? Uno de ellos este informe.

Así, ¿es un punto a favor de qué pueda decir el TEDH cuando se pronuncie sobre las demandas de los presos?

— Absolutamente.

¿El informe influyó en la concesión de los indultos?

— Yo creo que sí. No creo que fuera casualidad. Ellos [el gobierno español] sabían que existía este documento.

¿Hubo muchas presiones contra el informe?

— Sí. Yo hablo con mucha gente y la respuesta es unánime: "Muy pocas veces nos hemos encontrado con una presión como esta, por no decir nunca". Alguien me ha dicho, incluso, que en algún momento ha estado "a punto de llegar a las manos". España movilizó muchos recursos y mucha gente. Es normal, es su estrategia.

Una de las propuestas del informe es la reforma del delito de sedición y rebelión. ¿Es uno de los pasos más factibles por cumplir?

— Solo depende de la voluntad de que [el gobierno español] lo quiera poner en marcha. Y ellos últimamente están haciendo un montón de leyes por la vía de urgencia y lo pueden hacer si quieren.

¿Y ahora qué? ¿Está obligado el estado español a cumplirlo?

— España tendría que cumplir. Sí que es obligatorio; otra cosa es que haya países como Turquía y Azerbaiyán que no cumplan. No cumplen incluso sentencias del TEDH. En todo caso, si eres un estado democrático, si eres una democracia vibrante [como dice el informe sobre España], pues es lo que tienes que hacer. Cuando entras en una organización internacional y firmas unos estatutos tienes que cumplirlos. 

¿Los exiliados podrían ser potencialmente los siguientes beneficiados del informe?

— Lo tendrían que ser todos los represaliados.

Usted lo decía: el informe dice que España es una democracia vibrante y que el 1-O fue inconstitucional...

— Cilevics piensa que es mejor así porque se entiende que de este modo es más fácil aprobarlo. Pudo haber una desobediencia al Tribunal Constitucional, pero el 1-O no era inconstitucional hasta el día 17 de octubre [cuando anuló la ley del referéndum].

Pero el informe presenta a España como una democracia homologable...

— Pero es que esto es innegable. Ningún independentista niega que España es una democracia homologable, pero hay agujeros y defectos en las democracias y esto es lo que se tiene que aceptar. Para eso están estas organizaciones. Que España es una democracia, sí, pero que hay una separación de poderes muy débil, también. España y los españoles se toman todas las críticas como una cosa personal, como si España fuera un patrimonio propio que se tiene que defender.

¿Cuál es el siguiente paso, ahora?

Ahora con este informe podemos ir a hablar con mucha gente e instituciones que pueden decir cosas.

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