Exmagistrados y exfiscales presentan una querella contra Juan Carlos I por delitos fiscales

BarcelonaUn grupo de exmagistrados y ex fiscales han presentado una querella contra Juan Carlos I por delitos contra la hacienda pública que consideran que el emérito habría cometido en las declaraciones tributarias de entre 2014 y 2018, según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA. La querella se interpuso ante la sala segunda del Tribunal Supremo. Los hechos denunciados se habrían cometido presuntamente después de la abdicación del rey emérito, lo que supondría la pérdida de la inviolabilidad que le han otorgado hasta ahora los tribunales españoles. Los querellantes consideran que la regularización que hizo el rey emérito fue ilegal porque no fue "espontánea", según ha explicado uno de los querellantes, el exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, en declaraciones a Cataluña Radio.

El escrito también lo firman fiscales anticorrupción retirados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos como Santiago Alba Rico. Denuncian a Juan Carlos I por cinco delitos fiscales que consideran que no habrían prescrito y también recuerdan que la Fiscalía ya informó el emérito de que se le había abierto una investigación por infracciones tributarias, pero que se archivó. Según Martín Pallín, los hechos que incorporan a la querella son los que ya recogió el informe de la Fiscalía y denuncian que la regularización que el rey emérito llevó a cabo en 2021 se hizo indebidamente. "Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente", señalan los querellantes en el escrito, al que ha tenido acceso la agencia Efe.

Juan Carlos I hizo una primera regularización en Hacienda de 678.394 euros y posteriormente la amplió a 4,4 millones de euros por los gastos por viajes y servicios que hizo durante los años posteriores a su abdicación, en junio de 2014. Creen que estas regularizaciones no deberían haberse permitido porque el emérito ya había recibido dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento. En este sentido, los querellantes recuerdan que la opinión de la Fiscalía no cierra la puerta a exigir responsabilidades penales frente a los tribunales de justicia. "Los órganos judiciales son los únicos competentes para determinar, con carácter definitivo, si la regularización es correcta o por el contrario, como sostenemos, no se ha ajustado a la legalidad", apuntan en el escrito. Martín Pallín confía en que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella, que también pide citar a declarar el emérito.