Exmagistrados y exfiscales presentan una querella contra Juan Carlos I por delitos fiscales

BarcelonaUn grupo de exmagistrados y ex fiscales han presentado una querella contra Juan Carlos I por delitos contra la hacienda pública que consideran que el emérito habría cometido en las declaraciones tributarias de entre 2014 y 2018, según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA. La querella le han interpuesto como acusación popular ante la sala segunda del Tribunal Supremo, donde está aforado tras su abdicación en el 2014. Los hechos denunciados se habrían cometido tras la abdicación del rey emérito, lo que supondría la pérdida de la inviolabilidad que le han otorgado hasta ahora los tribunales españoles. Los querellantes consideran que la regularización que hizo el rey emérito fue ilegal porque no fue "espontánea", según ha explicado uno de los querellantes, el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El escrito también lo firman fiscales anticorrupción retirados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de los profesores de derecho constitucional Joaquín Urías y Javier Pérez Royo, y filósofos como Santiago Alba Rico y Josep Ramoneda. Denuncian a Juan Carlos I por cinco delitos fiscales que consideran que no habrían prescrito y también recuerdan que la Fiscalía ya informó el emérito de que se le había abierto una investigación por infracciones tributarias, pero que se archivó. "Existe un interés general de que conductas de una inequívoca relevancia penal, como se desprende del informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sean depuradas ante la sala segunda del Tribunal Supremo, órgano del poder judicial competente que, en definitiva, tiene la última palabra para decidir sobre la cuestión planteada en esta querella", justifican en el texto, al que ha tenido acceso el ARA.

Así, según Martín Pallín, los hechos que incorporan a la querella son los que ya recogió el informe de la Fiscalía, pero denuncian que la regularización que el rey emérito llevó a cabo en el 2021 se hizo " indebidamente". Los querellantes reconocen la "ingente labor" de la Fiscalía a la hora de "completar" toda la actividad "delictiva" de Juan Carlos I, pero también afirman: "Disentimos de la legalidad de la regularización". posteriormente la amplió a 4,4 millones de euros por los gastos por viajes y servicios que hizo durante los años posteriores a su abdicación, en junio de 2014. Creen que estas regularizaciones no deberían haberse permitido porque el emérito ya había recibido dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento, aunque aseguran que "sin ninguna duda era conocedor de las irregularidades" cometidas en las declaraciones de el IRPF desde 2014 hasta 2018.

"Se han cometido cinco delitos contra la hacienda pública que no han sido regularizados de conformidad con las exigencias legales establecidas en el artículo 305.4 del Código Penal. La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía, que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularización", argumentan. De este modo, añaden que "el argumento de la Fiscalía sobre la legalidad de la regularización tributaria carece de fundamento legal y choca frontalmente con los datos temporales que constan en su propio documento".

Pedir responsabilidades penales

Los querellantes recuerdan que la opinión de la Fiscalía no cierra la puerta a exigir responsabilidades penales frente a los tribunales de justicia. "El legislador sólo exige al ministerio fiscal una notificación formal que se ha agasajado con la puesta en conocimiento del investigado de la existencia de hechos con relevancia tributaria", concluyen en la querella. Martín Pallín confía en que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella, que también pide citar a declarar el emérito.