El CGPJ advierte que estará "vigilante" con las comisiones de investigación sobre el 'lawfare'

Barcelona / MadridMientras sigue el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años con el mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces sigue de cerca los movimientos del PSOE y los independentistas en el Congreso. El CGPJ ha levantado el dedo este martes otra vez en contra de la mayoría progresista del Congreso, esta vez por la tramitación en la junta de portavoces de las comisiones de investigación sobre los atentados del 17-A, la operación Catalunya y Pegasus, expresando su "total rechazo", y lanzó una advertencia a Pedro Sánchez: que se mantendrá "vigilante" con sus pasos.

Estas comisiones de investigación, acordadas con los independentistas a cambio de votar la presidencia de Francina Armengol en la mesa, deben permitir estudiar "acciones de responsabilidad" o "modificaciones legislativas" en casos de mala praxis de los magistrados. Sin embargo, el poder judicial lo interpreta como una declaración de guerra porque lo consideran un atentado contra la separación de poderes. Ahora bien, la aprobación de esta declaración en el Consejo no ha sido pacífica.

Ha venido precedida de un debate, de nuevo, entre el bloque conservador y el progresista dentro del ente. De entrada, los primeros, que son los que habían promovido el pleno extraordinario para responder a la creación de las comisiones de investigación, pedían una crítica aún más dura al gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, han triunfado las tesis de dos vocales progresistas y el presidente interino, Vicente Guilarte, conservador pero no enajenado con el sector más duro. El texto final sólo ha reiterado la declaración que ya realizaron el 9 de noviembre para censurar el concepto lawfare del acuerdo de Junts y el PSOE (aprobada casi por unanimidad) y ha añadido el término vigilante de cara a próximos eventos. Los tres vocales conservadores se expresaron en contra, por lo que salió adelante por el voto de calidad del presidente suplente Guilarte. Desde la Moncloa, la portavoz Pilar Alegría ha querido dejar claro que estas comisiones no tienen el objetivo de "interferir en procedimientos judiciales".

Feijóo ironiza sobre el CGPJ: "Se me ocurre designar a un mediador"

En la oposición, el PP no esconde su enfado por la negociación entre el PSOE y Junts en Suiza ni por las acusaciones de lawfare que este lunes le arrojó el presidente Pedro Sánchez por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, este martes Alberto Núñez Feijóo ha ironizado con las dificultades de pactar una renovación sobre el gobierno de los jueces, que requeriría el acuerdo entre un PSOE y un PP más alejados que nunca. "Se me ocurre designar a un mediador", ha sugerido, en una entrevista en la cadena Cope.

Ironías aparte, Feijóo ha vuelto a condicionar la renovación del órgano del gobierno de los jueces, que lleva cinco años caducado, a pactar, simultáneamente, una reforma del sistema de designación para que los jueces elijan a los vocales de procedencia judicial. El gobierno español replicó que este lunes el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, fue "tasativo" a la hora de manifestar que es prioritario renovar el CGPJ –dirigiéndose al gobierno español, pero también a todos los partidos implicados– "y, posteriormente, se puede dialogar" sobre una posible reforma del modelo, dijo Alegría. En la Moncloa leen las palabras de Reynders como un "revés monumental" para el PP y mantienen la incógnita sobre cuándo Sánchez llamará a Feijóo para negociar.

Las perspectivas de acuerdo son bajas dado el distanciamiento entre los dos grandes partidos españoles y la desconfianza que el PP expresa hacia el ministro de Presidencia y ahora también de Justicia, Félix Bolaños. Según Feijóo, le mintió durante la negociación frustrada del pasado año sobre la renovación del CGPJ porque le garantizó –ha dicho– que no se derogaría la sedición ni se modificaría la malversación de la mano del independentismo. En todo caso, mientras no hay pacto para el CGPJ, el líder del PP aprovechará la mayoría absoluta en el Senado para convocar un pleno en el que se vote el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional que falta por cubrir a raíz de la baja por enfermedad de Alfredo Montoya. Se trata de una vacante que correspondería al PP, pero que sin acuerdo con el PSOE no se podrá hacer efectiva porque es necesaria una mayoría de tres quintas partes.

Por su parte, Feijóo mantuvo el tono marcado en los últimos días por José María Aznar y consideró que las negociaciones de Sánchez fuera de España son una "humillación que pasará a la historia como el momento más negro y triste de los 45 años de la democracia española". Aprovechó para recordar que el gobierno de Aznar negoció con ETA en Suiza, pero que fue para después ilegalizar a Batasuna, tipificar los delitos de la kale borroka y encarcelar a etarras, no por pactar: "No es que sea lo mismo, es que es exactamente lo contrario", concluyó.

Page y Mayor Oreja

También ha hablado de ETA el exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, quien en una visita a la escuela concertada Cristo Rey de Madrid ha asegurado que España está en "caída libre" por culpa del "proyecto suicida que junta la izquierda, los socialistas, los comunistas y los nacionalistas" y que tiene como "capitán general" a ETA. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha querido solidarizarse con los alumnos de entre 14 y 18 años que le escuchaban.

La retórica exacerbada del PP ha tenido este martes como complemento una nueva crítica del presidente de Castilla -La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ha calificado de "parodia" la labor de mediación de Fernando Galindo Vélez en las negociaciones entre el PSOE y Junts. En declaraciones desde Toledo, ha dejado claro que lo que pueda "opinar, decir, sugerir o proponer" no le vincula ni le "representa".