El fiscal general y la justicia-ficción
MadridEsta legislatura pasará a la historia política del país como una etapa llena de paradojas, posiblemente como resultado de la contradicción inicial. Tiene todo el sentido del mundo que gobierne quien puede reunir a una mayoría parlamentaria, pero las cosas habrían sido bien distintas si hubiera accedido al poder el PP, como partido más votado. La queja permanente de Feijóo, desde que fracasó en su debate de investidura, lo ha contagiado todo, en especial en el mundo judicial, logrando el deterioro progresivo de las condiciones en las que se ha tenido que desarrollar la acción de gobierno. Ya se sabe que las líneas paralelas, si se encuentran en algún sitio, está en el infinito. Y ha sido así, en paralelo, como han ido avanzando los caminos de los socios del pacto para hacer presidente a Pedro Sánchez, hasta llegar a un punto en el que nada resulta ya pronosticable. Ni cómo y cuándo acabará la legislatura, ni cómo y cuándo llegarán a su plazo los procedimientos judiciales que mantienen el PSOE en suspenso.
La decisión más importante que debe tomar el líder socialista en los próximos meses es cuando baja finalmente la persiana y convoca elecciones. Volveremos a sentir que son los más importantes comicios del siglo, o incluso de la moderna era democrática de España, y en cierto sentido no faltará razón a quienes lo digan. Si las encuestas no se equivocan y es verdad que Vox le está comiendo terreno al PP de forma continuada desde la tragedia de la DANA –de la que está a punto de cumplirse un año–, el acceso de la extrema derecha al ejercicio de responsabilidades de gobierno podría estar cerca. Y éste sería un cambio sustancial en nuestra experiencia de vida democrática. Los discursos de Vox en todos los ámbitos de la política interior, y no digamos en relación a la política internacional, implicarían cambios de escenario radicales. Probablemente el PP debería realizar muchas concesiones y el país iniciaría una etapa llena de incertidumbres y tensiones. El auténtico cambio, con estos pronósticos demoscópicos, no sería que gobernaran los populares, sino que tuvieran que gobernar cogidos por el cuello por Vox. La experiencia municipal y autonómica de este tipo de coaliciones no ha sido positiva para el PP.
La presión de Vox
Vinculo esta reflexión con el papel jugado por Vox en el deterioro de las instituciones. Mientras tuvo más de cincuenta diputados –cantidad mínima exigible para acudir al Tribunal Constitucional– el partido de Abascal impugnó prácticamente todas las leyes que no había podido frenar en el Congreso. Y su mejor victoria fue lograr la anulación de los decretos del estado de alarma, en una sentencia en la que la anterior mayoría conservadora del tribunal dijo que para hacer frente a la pandemia había que haber decretado el estado de excepción. Lo que ocurrió con el instrumento jurídico para hacer frente a la emergencia sanitaria da una idea de la capacidad de retorcido de la actuación de la derecha, en especial de Vox, en sus iniciativas en los tribunales.
Hay muchos más ejemplos de este tipo, como todo lo relacionado con el Proceso. Aunque Feijóo hubiera querido intentar una aproximación seria a Junts para facilitar su debate de investidura, se habría encontrado con la imposibilidad de dar pasos adelante por la existencia y la presión de Vox. Y esto puede ocurrir también en el futuro. La extrema derecha no sólo ha condicionado la estrategia del PP durante esta legislatura, sino que ha incidido en un amplio espacio social, a través de su influencia en todo tipo de organizaciones conservadoras, jurídicas y otras especialidades. Vox pidió condenas de treinta años de cárcel a la causa del 1 de octubre. Se opuso a los incidentes de nulidad de la sentencia, a los indultos ya la ley de amnistía. Y si no ha podido continuar con su activismo en este terreno es porque le faltan diputados para seguir llenando de recursos el Constitucional, dado que hacen falta los cincuenta antes citados para impugnar las leyes. En este terreno ha tenido que ceder el protagonismo al PP, empeñado en la idea de "derogar el sanchismo".
Para conseguir este propósito, los populares han tensado la vida de los tribunales tanto como han podido. Ésta es una de las causas de la crisis en las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial. El caso del fiscal general del Estado es clamoroso, como lo había sido la utilización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manteniéndole bloqueado durante cinco años para que no perdiera su mayoría conservadora. Pero lo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, es fascinante, de justicia-ficción. El Supremo le ha enviado a juicio después de haberlo procesado con un auto aprobado por dos votos a uno. El magistrado discrepante, Andrés Palomo, explicaba la paradoja de la decisión diciendo que "no resulta posible atribuirle de forma mínimamente justificada la filtración" de la que se le acusa.
La indemnización y la deuda a la Agencia Tributaria
Como es sabido, esta filtración consistía en un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, proponiendo un acuerdo para reconocer dos delitos fiscales de su cliente, el empresario Alberto González Amador. Ésta sería la revelación de secretos. Y se ha abierto el juicio oral por, "indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que podría haber tenido conocimiento por razón de su cargo". A García Ortiz se le exige una fianza de 150.000 euros, mientras su presunta víctima, González Amador, le reclama 300.000 euros de indemnización. Es curioso cómo se le ha dado la vuelta a la tortilla en este asunto. Una de las paradojas del caso consistiría en que, si la pareja de Ayuso logra la condena que pide para el fiscal general, casi podrá pagar su deuda a la Agencia Tributaria con el dinero que deberá abonarle García Ortiz.
Dicho todo esto, los socialistas tienen más motivos de preocupación por la gravedad de los nuevos informes que se esperan de la Guardia Civil sobre las actuaciones de los Cerdán - Ábalos - Koldo García. Esta cuestión sigue abierta. Los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez son otra cosa. Ambos no habrían tenido que acceder como lo hicieron a instituciones de las que, como ya se ha visto, han tenido que salir. Al respecto seguirá habiendo ruido, pero lo más grave es la actuación de los comisionistas infiltrados en la administración pública.
