La Fiscalía pide juzgar por terrorismo, tenencia y fabricación de explosivos a los 9 CDR detenidos en 2019

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama procesar a los nueve miembros de los CDR detenidos el 23-S del 2019 en el marco de la operación Judas por pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos, según ha avanzado El Confidencial y ha confirmado el ARA. El ministerio público considera acreditado que los encausados habrían formado una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares" como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1-O.

El escrito de la Fiscalía estipula que su meta final como organización "era conseguir la independencia de Catalunya utilizando la violencia en su máxima expresión y forzando de manera coercitiva a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Catalunya del resto de España". El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, ponente del escrito, considera que este supuesto grupo tendría como objetivo "subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada". La finalidad de los encausados, prosigue el escrito, era "la apelación directa a la desobediencia y a la ejecución de acciones de características habitualmente tumultuarias que pretenden imponer una realidad de hechos consumados por medio de la toma de control del territorio y la afectación de sectores estratégicos económicos y de abastecimiento".

Objetivos seleccionados

La Fiscalía establece que la creación de esta célula estaba motivada por "la necesidad de contar, dentro de la estructura de los CDR, con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se mostraran totalmente entregados a «la causa» para encargarse de la realización de las acciones más sensibles". El ministerio público asegura que en el momento de su desarticulación, la organización había recogido información precisas sobre sus posibles objetivos y había desarrollado actos preparatorios, "consistentes en una tarea de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados".

Entre los objetivos seleccionados estaban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del gobierno español en Barcelona, así como la Fiscalía del TSJC o la sede de la Jefatura de la Guardia Civil de la provincia. Otros objetivos eran miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, torres de alta tensión y autopistas y peajes o la empresa Amazon. "Han realizado diferentes búsquedas en internet, a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia como Pablo Casado y de un agente del cuerpo de los Mossos d'Esquadra", destaca el escrito sobre las supuestas búsquedas que hicieron los encausados, a quienes se les acusa también de querer ocupar el Parlament.

Los investigados, además de dedicarse a la producción de termita, según la investigación, "hacían experimentos para la síntesis otros tipos de sustancias incendiarias o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la misma termita" en laboratorios habilitados en sus domicilios. Esta argumentación topa con el posicionamiento de la Audiencia Nacional, que dejó en libertad con fianzas simbólicas a los encausados tres meses después de entrar en prisión, porque ponía en entredicho que se les pudiera acusar de formar parte de una organización terrorista y que, a pesar de que algunos de los detenidos disponían de "sustancias precursoras", no eran "en sí mismas explosivos". La Audiencia Nacional enmendaba de este modo toda la instrucción contra los integrantes de los CDR arrestados en una causa que ahora la Fiscalía reabre siguiendo exclusivamente los atestados policiales.