Judicialización del Proceso

La fuga de Puigdemont amenaza con agrietar las relaciones entre los Mossos y el Supremo

La policía catalana está expectante a la reacción de Llarena una vez reciba el informe sobre el dispositivo del 8 de agosto

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El juez instructor del 1-O del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Madrid"Hasta hace diez días eran extraordinarias, el mejor momento de nuestra historia. Se había recuperado lo perdido y estábamos mejor que antes del 2017". Un cargo destacado de los Mossos d'Esquadra resume así las relaciones entre la policía catalana y el Tribunal Supremo antes de que el 8 de agosto saltase todo por los aires con la visita fugaz de Carles Puigdemont a Catalunya. Fuentes del cuerpo consultadas por el ARA admiten que están expectantes a la respuesta de que el juez Pablo Llarena dé al informe que los Mossos le deben entregar próximamente sobre el dispositivo que habían diseñado para detener al expresidente de la Generalitat en el su regreso a Cataluña. "Veremos cómo respira", apuntan.

El referéndum del 1-O provocó la mayor crisis entre los Mossos y la cúpula judicial española, especialmente con el Supremo, un tribunal con el que la policía catalana no tiene relación orgánica ni operativa. Es decir, que si el alto tribunal tiene abierta una causa radicada en Catalunya, siempre designará para la investigación a una unidad de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, tal y como ya ocurrió con la del Proceso. Ahora bien, como cuerpo con funciones de policía judicial, puntualmente los Mossos pueden recibir instrucciones del Supremo, como es el caso de las órdenes de detención que Llarena lleva años dictando contra los exiliados. Por tanto, aunque las relaciones institucionales más importantes en Madrid están con la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado, la policía catalana también tiene cierto contacto con el Supremo.

Esta tarea quedó dinamitada en el 2017, hasta el punto de que se llegó a juzgar a la cúpula de los Mossos y la conselleria de Interior por el referéndum. El mayor Josep Lluís Trapero y el ex director general Pere Soler fueron finalmente absueltos, pero la sospecha que había extendido la Fiscalía, el Supremo y la instructora de la causa en la Audiencia Nacional –la ahora magistrada del Tribunal Supremo Carmen Lamela– era que la policía catalana quería incumplir la ley y permitir el referendo. "Lo de Puigdemont no tiene nada que ver con el 2017. No creo que nadie piense que no teníamos intención de cumplir la orden [de detener a Puigdemont]", aseguran las fuentes de la policía catalana. "Se puede llegar a la conclusión de que era un dispositivo mal diseñado, mal ejecutado, que hubiera un componente de mala suerte...", admiten.

El informe, al caer

Ante ese momento delicado, los Mossos se han tomado su tiempo y piensan agotar el plazo para presentar a las autoridades judiciales el informe sobre el dispositivo del 8 de agosto. Llarena le solicitó a la policía catalana y al ministerio del Interior, que lo entregó la semana pasada, pero no puso fecha. Sí dio diez días hábiles –en principio se cumplirían el viernes– el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que baraja la posible admisión de dos querellas presentadas por Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír. La documentación que se envíe al TSJC será prácticamente la misma que en el Supremo, señalan desde el cuerpo. Llarena pidió detalles del operativo y los motivos por el que fracasó, así como los "agentes responsables del diseño, los responsables de su aprobación y aquellos a los que se encomendó su ejecución y despliegue". El magistrado, por tanto, reclama nombres y apellidos, y habrá que ver si tiene alguna pretensión de pedir responsabilidades.

La actuación del 8 de agosto recibió críticas de sindicatos de Mossos y también de sindicatos de la policía española, como Jupol, aunque ha dirigido la crítica hacia el ministerio del Interior por no haber sido contundente con la policía catalana. De hecho, el informe que presentó en Llarena el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska deja constancia de que los Mossos no requirieron el apoyo que la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecieron una vez que Puigdemont desapareció, pero no hace mala sangre y también asume que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no lograron localizar al líder de Junts. Ahora los Mossos confían en que no se reabran viejas desconfianzas con la reacción de Llarena.

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