Así quiere despolitizar la Fiscalía el gobierno de Pedro Sánchez

MadridEn plena ofensiva judicial contra el fiscal general del Estado, investigado por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, el gobierno español mueve ficha para despolitizar la máxima representación del ministerio público. El consejo de ministros ha aprobado este martes una reforma que fija en cinco años el mandato del fiscal general, con el objetivo de "garantizar su independencia". Así, la renovación del fiscal general ya no coincidirá con el del ejecutivo, como hasta ahora, por lo que un hipotético gobierno de otro color político debería convivir el primer año con un fiscal general propuesto por el ejecutivo anterior. Además, no podrá repetirse en el cargo. Es decir, Álvaro García Ortiz ya no podría continuar después de las elecciones del 2027, aunque en su caso ya era así de todos modos porque ya habrá agotado dos mandatos. Éstas son las principales novedades que Pedro Sánchez propone para el ministerio público.

Cese

En caso de incumplimiento "grave o reiterado"

Pese a que la reforma amplía el mandato del fiscal general del Estado, este cargo podrá ser destituido antes de cumplir los cinco años de mandato en caso de incumplimiento "grave o reiterado" de sus funciones. Eso sí, requerirá informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para evitar que sea discrecional por parte del gobierno español, aunque este pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces no sería vinculante. Todo ello está encaminado a "reforzar la autonomía" de la Fiscalía General del Estado, según ha destacado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa en la Moncloa. En este sentido, el ministerio público no podrá recibir instrucciones del ejecutivo ni ser convocado a informar al consejo de ministros. Según el texto, de hecho, las comunicaciones entre el gobierno español y la Fiscalía General del Estado deberán realizarse por escrito y ser públicas.

Nombramientos y ascensos

La Junta de Fiscales puede imponerse

También hay cambios en las potestades del fiscal general del Estado a la hora de realizar nombramientos, ascensos y sanciones dentro de la institución. El gobierno español ya no intervendrá como hasta ahora: actualmente el máximo responsable del ministerio público propone las designaciones y el ejecutivo las valida en última instancia. A partir de ahora será atribución exclusiva del fiscal. Sin embargo, la Junta de Fiscales de Sala –formada por el fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y una treintena de fiscales de sala– podrá imponer su criterio si cuenta con el apoyo de tres quintas partes de sus miembros.

La financiación de las asociaciones

El anteproyecto de ley incluye también medidas que siguen el camino de otras leyes aprobadas anteriormente en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, la iniciativa para democratizar el acceso a la justicia, que este martes también se ha aprobado en segunda vuelta en el consejo de ministros e iniciará su curso parlamentario. Esta norma incluía que las asociaciones de jueces y fiscales no puedan recibir financiación privada, y ahora también se especifica que no podrán recibir financiación de gobiernos u organismos extranjeros. Además, prevé la creación de un registro público de fiscales encargados de preparar a opositores, que necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para ello.

Una reforma de la Lecrim

Quiere proponerla antes del verano

Otra revolución que el gobierno español pretende es que la Fiscalía pase a asumir la instrucción de los casos penales, hasta ahora en manos de los jueces. Así, el ministerio público pasará a dirigir a la policía judicial en las funciones de investigación de los delitos. Esto se regula en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), que este verano llegará al consejo de ministros en segunda vuelta y que incluirá una disposición adicional con los cambios que este martes se introducen en el estatuto del ministerio fiscal.

Entre estos cambios también destaca que los fiscales jefe de cada área del ministerio público serán los responsables de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso. Por otra parte, como ya se había regulado cuando PSOE y PP pactaron la renovación del CGPJ, no podrán ser elegidos fiscal general personas que hayan sido ministros, secretarios de Estado, diputados o senadores en los cinco años anteriores.