El gobierno español considera que el resultado del suplicatorio refuerza la justicia española

El gobierno español considera que la retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí refuerza la justicia española. El ejecutivo se aferra a que el resultado de la votación en la Eurocámara -400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones- demuestra "la solidez del estado de derecho en España". Según la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con esta decisión el Parlamento Europeo señala que un eurodiputado no se puede valer de su condición para esquivar la justicia y que "los problemas de Catalunya se resuelven en España, no en Europa". Y, precisamente, González Laya ha apuntado que si la solución del conflicto pasa por tierras españolas lo tiene que hacer por la vía "del diálogo". De hecho, la ministra cree que el hecho de que Puigdemont vuelva a estar en manos de la justicia española refuerza "la negociación" entre el Estado y la Generalitat -ha vuelto "a tender la mano a las fuerzas catalanas"- pero ha obviado que justamente uno de los reclamos del diálogo es que acabe con la judicialización del Procés porque es un "conflicto político".

Pero el ejecutivo se ha centrado en la legitimidad que aporta al estado de derecho una votación que a pesar de mostrar una amplia mayoría a favor del suplicatorio ha quedado lejos de la unanimidad. En un vídeo difundido por el ministerio de Exteriores la ministra ha afirmado que el Parlamento Europeo ha lanzado "un triple mensaje": "Que un eurodiputado no se puede valer de su condición para protegerse de comparecer ante las justicias nacionales; de solidez del Estado de derecho en España y respeto a la tarea de la justicia; y que los problemas de Catalunya se resuelven en España".

Según el gobierno español, una vez levantada la inmunidad es previsible que Puigdemont, Comín y Ponsatí recurran ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero según La Moncloa esta decisión no suspendería el levantamiento de la inmunidad a no ser que el tribunal conceda medidas cautelares. Sea como sea, ahora la cuestión queda en manos de la justicia belga, que ya ha denegado la extradición del ex conseller Lluís Puig. El ejecutivo también ha expresado su apoyo a la decisión del juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, de pedir al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las euroórdenes. Si prospera esta vía, apuntan, quedará abierta la vía de que Puigdemont, Comín y Ponsatí comparezcan ante la justicia española por los delitos de sedición y malversación de fondos.