El gobierno español presiona al PP impugnando el acuerdo de Jumella

Barcelona / MadridEl intento de PP y Vox de obstaculizar las celebraciones islámicas en la localidad murciana de Jumella aún colea una semana después. El gobierno español ha enviado este lunes un requerimiento al ayuntamiento para que anule la moción -sin efectos vinculantes por ahora- en la que se instaba al ejecutivo central a cambiar la legislación a fin de que las instalaciones deportivas no se puedan utilizar para actividades religiosas. En opinión del gobierno del Estado, "restringe de forma arbitraria" celebraciones como la Fiesta del Cordero y atenta contra la libertad religiosa, mientras que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo pone agua al vino y acusa al gobierno español de amplificar una polémica para tapar el caso Cerdán.

"La motivación real del acuerdo no responde a criterios técnicos ni organizativos, sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores. Esta finalidad vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa, y constituye una clara desviación de poder", argumenta la delegada del gobierno español en Múr el Ayuntamiento de Jumella. En un mensaje a X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el requerimiento ante la "deriva extremista de PP-Vox" y ha dicho que el gobierno estatal "frenará sus medidas ultras", recordando antecedentes como las "trabas al aborto" en Castilla y León.

Son constantes las maniobras de Vox para forzar al PP a aprobar medidas de carácter racista y xenófobo que sitúan al partido de Feijóo en una posición delicada. Estas situaciones sirven en bandeja el relato al PSOE, que puede acusar a la formación conservadora de abrazarse a la extrema derecha y evidenciar que está atada. La portavoz del partido, Montse Mínguez, ha criticado este lunes a los dos partidos que "institucionalicen la islamofobia y el racismo", si bien por el momento la moción que se aprobó no tiene efectos jurídicos, tal y como se ha encargado de recordar el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo. En rueda de prensa este lunes desde la sede de Génova, ha asegurado que su partido defiende la "libertad de culto" y ha recordado que la alcaldesa de Jumella ha subrayado que se buscarían espacios para que la comunidad musulmana pueda realizar sus celebraciones. Hasta ahora utilizaba el pabellón deportivo porque tenía las dimensiones adecuadas.

"Lo que se aprobó no veta nada, no habla de confesiones. No es nada de lo que traslada ni uno ni otro partido", se ha defendido Bravo, con el objetivo de marcar distancias con PP y Vox. Para justificar su voto a favor de la moción, los populares aseguraron que en el escrito definitivo no aparecían las palabras musulmanes o comunidad islámica, algo que ha reiterado este lunes el dirigente estatal. Obvió así que la moción aprobada provenía de un texto presentado por Vox en el que se pedía "prohibir la Fiesta del Cordero y otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones" y que el acuerdo definitivo también incluye un punto en el que se defiende la protección de los "valores y manifestaciones religiosas tradicionales de nuestro país".

La crítica de la Conferencia Episcopal

La oposición a la moción aprobada por la derecha y la extrema derecha, no obstante, no vino sólo del gobierno español: la Conferencia Episcopal Española también tocó el corteza a PP y Vox, y advirtió que la limitación del culto "atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano" dejando claro que "hacer estas restricciones democráticas".

Ante esta advertencia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se mostró este domingo "perplejo y decepcionado". Lejos de evitar el choque con los obispos, el líder de la formación de extrema derecha insinuó que las posiciones de la "jerarquía eclesiástica" podrían deberse "a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos". Además de criticar a los obispos por no oponerse a la política migratoria del gobierno español, Abascal también reprochó a la oposición de parte de la Iglesia en episodios anteriores, como cuando parte de los obispos criticaron a Vox por proponer a Castilla y León que las mujeres embarazadas escucharan el "latido fetal" para evitar abortos.