El Estado garantiza el trabajo a los trabajadores de Renfe que pasen a la nueva Cercanías

BarcelonaAntes de reunir la comisión bilateral de infraestructuras este lunes por la tarde, el Govern y Esquerra han querido escenificar públicamente uno de los acuerdos sobre el traspaso de Cercanías que han firmado horas más tarde el ejecutivo catalán y el español. Se trata del calendario para tener a punto la nueva operadora de Cercanías: ambas partes han acordado que la empresa esté constituida antes de terminar el 2025 y que, por tanto, a partir del 2026 ya gestione todo el sistema ferroviario en Catalunya. El acuerdo lo anunciaron públicamente la consellera de Territorio, Silvia Paneque, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y lo validó la comisión bilateral de Infraestructuras, que encabezaron la propia Paneque y el secretario de Estado de Movilidad y Transportes, José Antonio Santano Clavero.

"Fijamos las bases para la constitución de la empresa mixta, con participación mayoritaria de la Generalitat, que gestione Cercanías y que disponga de los medios necesarios independientemente de Renfe", afirmó Alamany, quien presentó el acuerdo como un "paso histórico" para que la "red de Cercanías se gestione desde Catalunya". Paneque, por su parte, ha defendido que la gestión "desde la proximidad" es más "eficiente" y ha apostado por una "transición pautada" con Renfe para que se puedan mantener los derechos laborales de todo el personal. En este sentido, Santano ha querido dar un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores: "Están plenamente salvaguardados".

Desde que se hizo público el acuerdo para el traspaso de Cercanías ha habido voces dentro de Renfe que se han opuesto. Una de las que preocupa al Estado es precisamente la de los trabajadores, que eran mayoritariamente contrarios a pasar a depender de la Generalitat. No lo harán: el modelo de consorcio entre instituciones los situará dentro de un nuevo paraguas, en el que el gobierno español garantiza las condiciones que tenían hasta ahora.

El traspaso de Cercanías forma parte de el acuerdo que los republicanos firmaron con el PSOE a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez y la constitución de la empresa mixta era una de las cuestiones que estaba atascada desde hacía meses. El pacto con los republicanos establecía que la nueva operadora tendrá una representación paritaria entre Renfe (dependiente del ministerio de Transportes) y el Gobierno, que tendrá voto de calidad y también elegirá al presidente del ente. Con el cambio de gobierno, la redacción de los estatutos quedó paralizada y con la llegada de Salvador Illa al gobierno, Paneque prometió tenerlos antes de terminar el 2024. Ahora ambas partes han pactado que estén preparados este próximo mes de marzo.

Es aquí donde tendrán que quedar por escrito cuestiones como el modelo de sociedad o también qué decisiones estratégicas se adoptarán con mayoría cualificada. "No estamos hablando de una filial, sino de una empresa mixta en la que por primera vez queda claro que Catalunya gestionará su red de Cercanías", ha asegurado Alamany. Para dar este paso y constituir esta empresa, Paneque ha explicado que primero habrá que "segregar" a todos los efectivos de personal de Cercanías que ahora forman parte de Renfe. Es en esa transición cuando se constituiría una filial de Renfe. Para Junts, que la empresa tenga participación del Estado supone un traspaso de Cercanías fake, porque aseguran que el Estado es quien tiene la última palabra.

El traspaso de la R1

El proceso jurídico para preparar esta empresa durará todo este año con el objetivo, ha dicho la consellera, que esta nueva operadora "gestione todo el sistema" de Cercanías a partir del 1 de enero de 2026. Esto no quiere decir que en ese momento ya se hayan traspasado todas las vías, sino que Paneque ha diferenciado ambos procesos. De hecho, apenas hace pocas semanas el consejo ejecutivo aprobó hacer efectivo el traspaso de la primera línea de Cercanías, la R1, que va desde Molins de Rei a Maçanet de la Selva. En la reunión bilateral de esta tarde, la Generalitat y el gobierno español también abordaron esta cuestión y acordaron dar un paso más: en los próximos tres meses deberá terminar el inventario de las "instalaciones, bienes y otros elementos a traspasar", además de una "valoración económica de los costes vinculados al servicio a transferir".

Una vez hecho el inventario, todavía tendrá que pasar por la comisión de traspasos y la mixta de asuntos económicos y fiscales para que lo validen antes de llevarlo al consejo de ministros, que debe dar la luz verde definitiva. A partir de aquí, debería concretarse el convenio con Adif para definir cómo se gestionará este servicio, así como analizar si es necesario realizar mejoras en las vías y estructuras de la línea. El traspaso de la R1 será una prueba piloto para aplicar también en otras líneas. La R2 y la R3 eran las siguientes que estaba previsto que fueran traspasadas a lo largo de este 2025, aunque no se ha puesto todavía una fecha para empezar los trámites.

El plan de Cercanías hasta el 2030 y la N-II

Aparte del traspaso, Generalitat y Estado también han avanzado en el plan de Cercanías hasta el 2030 que prevé diversas actuaciones en estaciones como la intermodal de Tarragona y de Martorell o la duplicación de la línea Montcada Bifurcació-Puigcerdà. Paneque y Santano también han acordado culminar el convenio entre ambas administraciones para avanzar en la "pacificación" de la N-II en el Maresme y mejorar la "conectividad" de la C-32; además de autorizar el despliegue de la fibra óptica en diversos tramos de carreteras que son de titularidad estatal de ámbitos del Pirineo y también de las Terres de l'Ebre.