El Govern fía el apoyo de CUP y 'comuns' a la inversión en vivienda

BarcelonaCuando quedan tres días para salvar la tramitación de los presupuestos, al Govern se le complican las cosas. Todos los partidos de la oposición, incluidos sus socios potenciales, han presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas. Al no de la CUP, que este sábado valorará si levanta el veto, se suman las enmiendas a la totalidad que esta mañana han presentado En Comú Podem y el PSC. Y el ejecutivo necesita llegar a un acuerdo con al menos uno de los grupos en las próximas 48 horas para desbloquear los presupuestos. Con los socialistas descartados a estas alturas por el president, Pere Aragonès, el Govern ha hecho una última oferta a los cupaires y confía que las nuevas concesiones también puedan seducir a los comuns. En el centro de la propuesta, el compromiso de llegar hasta los 1.000 millones de euros en políticas de vivienda, 250 más de los previstos en los números del ejecutivo.

Según consta en el último documento enviado a los anticapitalistas, el Govern se compromete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para llegar a los 1.000 millones –la cifra reclamada por la formación asamblearia– "en la ejecución del presupuesto y en función de los ingresos". Un dinero, añade el texto, que se destinaría a vivienda pública y a políticas de vivienda. Fuentes de la CUP ya avanzan a Europa Press que este planteamiento es "insuficiente", pero será la Coordinadora Oberta Parlamentaria (COP) –formada por las territoriales del partido y las organizaciones que lo apoyan–, convocada este sábado en Santa Perpètua de Mogoda, la que decidirá si el compromiso del Govern es lo suficientemente sustancial como para volver a consultar a la militancia sobre si se retira la enmienda a la totalidad.

Además de la oferta en vivienda –que no incluye la retirada de las enmiendas de JxCat a la ley antidesahucios, una de las condiciones de la CUP–, el Govern también ofrece avanzar en la creación de impuestos verdes, estudiar mejoras normativas para facilitar las municipalitzacions de la gestión del agua y, en la línea del que propuso Marta Rovira en una entrevista en Nació Digital, impulsar un "grupo de trabajo" sobre un eventual "embate democrático" al Estado , contemplando la posibilidad de hacer un referéndum en esta legislatura. El ejecutivo, en este sentido, también se compromete a analizar durante la primera mitad del 2023 si la mesa de diálogo ha dado sus frutos para decidir los próximos pasos, "incluyendo la virtual finalización de la negociación". No hay novedades, por el contrario, en la posición respecto al proyecto del Hard Rock ni en la candidatura de los Juegos de Invierno, que el ejecutivo mantiene que no formalizará hasta después de la consulta ciudadana.

Los cupaires remarcaron que sus exigencias no eran un "todo o nada", de forma que la incógnita ahora es saber si los gestos del Govern serán lo bastante relevantes como para que el partido se plantee cambiar su posición. Y lo mismo pasa en el caso de En Comú Podem, que esta mañana ha optado para presionar con la enmienda a la totalidad después de una nueva reunión con el ejecutivo. El portavoz del grupo, David Cid, ha recalcado que la decisión no es "un punto final" sino "un punto y seguido", y ha emplazado a "ERC y al president Pere Aragonès a moverse" en las próximas 48 horas para avanzar en la negociación. "Estamos en tiempo de descuento", ha advertido. El inicio de las negociaciones del Govern con los de Jéssica Albiach este miércoles coincidió con el 'no' de ERC a los presupuestos del gobierno de Ada Colau para Barcelona. Fuentes de los comuns apuntaban la necesidad de retirar este veto en Barcelona para facilitar las conversaciones, y la líder de su grupo insistió en hablar de acordar presupuestos "por todas partes". Sin embargo, las mismas fuentes señalan que no es una línea roja y niegan que se haya tratado la cuestión en el encuentro de esta mañana.

Una propuesta con pocas concreciones

Más allá del juego de alianzas municipales, las demandas de En Comú Podem para avalar la tramitación de los presupuestos pasan por dejar fuera de las cuentas el Hard Rock, apostar por la reindustrialización o invertir en salud mental y dental. Unas condiciones que han recibido una respuesta con pocas concreciones por parte del Govern, según fuentes conocedoras de la reunión. El ejecutivo los ha propuesto, entre otros cosas, ampliar el impuesto sobre viviendas vacías a grandes tenedores y un incremento en las partidas en tranvías –a pesar de que los comuns reclaman que esta apuesta se concrete mejor–, pero descarta la gratuidad de las tarjetas de transporte para la gente mayor y joven y no concreta en qué se traduciría un refuerzo de la salud mental y la bucodental. Sí que ve factible, por el contrario, invertir 60 millones de euros para reducir las listas de espera y 100 millones para recuperar la actividad hospitalaria después de la pandemia. En la línea del que ya planteó a la CUP, también se aviene a elaborar una hoja de ruta para la internalización del 061 y evaluar la del 112.

En una atención a los medios desde la sede de la UNESCO de París (Francia), el president Pere Aragonès se ha mostrado convencido que el Govern podrá cerrar un acuerdo con sus socios potenciales: "Quedan horas y las aprovecharemos", ha dicho, y ha instado especialmente a los anticapitalistas a "aprovechar la oportunidad", informa Laia Forès. Si cupaires y comuns mantienen el veto y no hay nuevas ofertas desde el Palau durante el fin de semana, ERC y JxCat toparán con un dilema que les dejará entre la espada y la pared: devolver los presupuestos al ejecutivo y abocarse a una prórroga de las cuentas del 2020 o intentar explorar in extremis la vía del PSC. Los socialistas han anunciado a primera hora de la mañana su enmienda a la totalidad a "unos presupuestos de bloque, de parte y también a la actitud del presidente Aragonès", pero en declaraciones a Catalunya Ràdio Salvador Illa se ha mostrado abierto a retirarla sí Aragonès acepta pactar las cuentas con su grupo. Un hecho que implicaría, de facto, la rotura de la mayoría independentista que permitió la investidura, y encarecería la negociación de ERC en Madrid.