El Govern prepara cambios legales a raíz del acoso en Exteriores

BarcelonaEl expediente disciplinario contra el ex conseller de Exteriores Alfred Bosch concluyó la semana pasada como una falta grave sin sanción más de un año y medio después de que el ARA destapara el caso. Alfred Bosch no activó el protocolo previsto en la Generalitat ante presuntos acosos sexuales de su ex jefe de gabinete Carles Garcias a las trabajadoras del departamento que pilotaba, lo cual supone una infracción del código de conducta de los altos cargos de la Generalitat. El hecho de que pasara esto en una conselleria del Govern y no se dispararan las alarmas -hasta que no se publicó la información no trascendió públicamente la situación que habían vivido las víctimas- pone de manifiesto, según admite el propio ejecutivo, que hay que reformular la normativa y los protocolos contra el acoso.

Según fuentes gubernamentales consultadas por el ARA, se estudian varias iniciativas en paralelo: cambiar el protocolo contra el acoso sexual, actualizándolo de acuerdo con la última modificación de la ley contra las violencias machistas de 2020; modificar la ley de transparencia en lo que hace referencia a la privacidad de los expedientes que afectan a altos cargos de la Generalitat, y fomentar la concienciación del personal de la administración para detectar casos de acoso y actuar preventivamente.

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Están implicados unos cuantos departamentos, a pesar de que todavía no se ha hablado formalmente en el consejo ejecutivo. Ha habido contactos entre Exteriores, que pilota Victòria Alsina y tiene las competencias de transparencia y gobierno abierto (además de la experiencia dentro del departamento por el caso de Bosch); la conselleria de Presidencia, de Laura Vilagrà, que es quien tiene las facultades de función publica, y el departamento de Feminismos, que lidera Tània Verge y tiene las competencias de igualdad y de lucha contra el acoso sexual.

Desde Exteriores se han hecho varias iniciativas a escala interna -que ya empezó el sucesor de Alfred Bosch, Bernat Soler- para acompañar a las víctimas y evitar situaciones similares. Se trata de situar puntos de información para denunciar relaciones de abuso dentro del departamento o una unidad específica de prevención.

Ahora bien, probablemente el cambio de más envergadura que quiere impulsar Alsina es la modificación de la ley de transparencia para garantizar que se hacen públicas las conclusiones de los expedientes sancionadores que afectan a los altos cargos. Fuentes de la conselleria avisan de que todavía no lo han mirado jurídicamente, pero que una de las opciones sería llevar el cambio normativo a la ley de acompañamiento de presupuestos de 2022.

Actualmente, el artículo 23 de la ley de transparencia establece que el contenido de los expedientes sancionadores está protegido y no se puede hacer público. “Las solicitudes de acceso a la información pública tienen que ser denegadas si la información que se quiere obtener contiene datos personales especialmente protegidas como [...] las relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas”. En este sentido, la conselleria de Alsina estudia que en casos de altos cargos -se tiene que definir si se incluyen solo a los políticos o también a directivos públicos- se pueda hacer público el resultado del procedimiento sancionador. La paradoja en el caso de Bosch es que por ley no se han podido transmitir de manera oficial los resultados de su expediente sancionador a pesar de que el inicio de la investigación se produjo precisamente porque los hechos trascendieron a la luz pública.

El departamento de Exteriores también pone de manifiesto la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar el anonimato, para que expliquen y denuncien situaciones de abuso. En el caso de Bosch, la denuncia interna es lo que resultó más complicado porque no se les garantizó el anonimato en todos los casos a raíz de la gestión que hizo la cúpula de la conselleria en ese momento.

En esta línea, también se plantea otra cuestión: ¿en algún momento se tiene que poner a la Fiscalía en conocimiento de los hechos? Ahora la ley obliga a la administración a trasladar los hechos al ministerio público si hay indicios de delito, pero la idea es aclarar en qué momento del procedimiento se tiene que hacer. Otro de los puntos que hay que revisar es el ritmo del procedimiento. El Govern tiene la intención de revisar el reglamento de los expedientes administrativos para asegurar la celeridad. Para evitar que el resultado de un expediente llegue un año y medio después de los hechos -como en el caso de Bosch-, la reforma pasa por pautar de manera explícita el proceso que se tiene que seguir y evitar así el margen de maniobra que tuvo el Govern en la legislatura anterior. Una vez estalló el caso, el departamento de Políticas Digitales (JxCat), del que dependía en el mandato pasado Función Pública, abrió una investigación para determinar si se tenía que expedientar a Bosch por no haber activado el protocolo de la Generalitat contra el acoso. La conclusión fue que sí, pero el consejo ejecutivo no le abrió expediente por la tensión entre los dos socios.

Esquerra reclamó un nuevo informe en otro organismo, el comité de ética pública, donde tenían mayoría los republicanos, que exoneró al ex conseller afirmando que no tenía el “deber” de aplicar el protocolo. Ante los dos informes contradictorios, el entonces vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, pidió todavía una tercera opinión a los servicios jurídicos de la Generalitat sobre qué había que hacer. Aconsejaron abrir un expediente a Bosch, que se ha cerrado seis meses después. Exteriores cree que si establece de manera más clara el procedimiento, se ahorrarían situaciones similares. En definitiva, se están trabajando todo un conjunto de reformas que van en la línea de reducir la capacidad del poder político de actuar de manera discrecional en casos así.

Calendario próximo

Más allá de estos cambios normativos, el departamento de Feminismos tiene la voluntad de actualizar el protocolo de prevención del acoso sexual de acuerdo con la ley por el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, de la cual se aprobó la última reforma el diciembre del año pasado. Con este último cambio se introdujo el concepto de violencia institucional y se regularon los ámbitos, así como el tratamiento de la violencia contra las mujeres en la vida política. Paralelamente a este trabajo, Feminismos también elaborará protocolos contra el acoso en el ámbito cultural y educativo.

Todavía no hay un calendario claro para terminar estos cambios -se están estudiando en el marco de los departamentos implicados-, pero dentro de dos semanas hay una reunión entre las conselleries implicadas para valorar los adelantos. Posteriormente, las propuestas de los departamentos se tendrán que elevar a debate del consejo ejecutivo. La idea es que a principios del año que viene se puedan poner en marcha, porque al menos una de las modificaciones tendría que ir ligada a la aprobación de los presupuestos de 2022 -el cambio de la ley de transparencia-, que se tienen que aprobar este otoño. La voluntad está, pero habrá que ver si se llevará a la práctica.