Política 19/01/2021

El Govern reactiva el 14-F, pero se defenderá ante el TSJC

Mantiene que no puede tomar más medidas para garantizar la seguridad de los comicios si no se posponen

Núria Orriols Guiu
3 min
La portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el vicepresident, Pere Aragonès.

BarcelonaTras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de mantener, de forma provisional, la convocatoria para el 14 de febrero, el ejecutivo ha reactivar el proceso electoral para dar "seguridad jurídica" a la ciudadanía. Ahora bien, ya ha avanzado que se defenderá ante el TSJC para conseguir que finalmente avale el aplazamiento hasta el 30 de mayo.

Tanto la portavoz, Meritxell Budó, como el conseller de Exteriores, Bernat Solé, han defendido que la decisión de posponer los comicios tiene una base jurídica "sólida", a pesar de las impugnaciones, y han pedido "celeridad" al TSJC para que resuelva sobre el fondo del asunto lo antes posible.

Hasta entonces, Solé, que es el responsable de procesos electorales, dijo que se reanudarán todas las acciones que se tenían que llevar a cabo a partir de ahora, como la constitución de las mesas electorales o la proclamación de las candidaturas. También se tendrán que hacer los gastos previstos para esta semana, valorados en aproximadamente diez millones de euros, como remitir el 30% de anticipo a los partidos previsto en el decreto de subvenciones para afrontar la campaña. "Esto tensiona todo el dispositivo para celebrar las elecciones", admitió el conseller.

Ahora bien, en caso de que los comicios sean el 14 de febrero por decisión judicial, el Govern ha dicho que no modificará el dispositivo electoral previsto, a pesar de que no sea suficiente para garantizar la seguridad de los comicios, tal como admite el propio decreto de aplazamiento. El conseller Solé afirmó que el departamento ya ha tomado todas las medidas que podía en el marco normativo actual y que, en todo caso, se debería reformar la ley antes de los comicios para incluir otras modalidades de voto. "Hemos estirado al máximo la legislación vigente [...]. Como Govern ya hemos tomado todas las medidas posibles", afirmó el titular del departamento.

Budó se ha pronunciado en la misma línea, alertando del "riesgo" para la salud si el TSJC no avala el aplazamiento. "La decisión de aplazar las elecciones no ha sido por criterios políticos, sino por criterios sanitarios y epidemiológicos", ha asegurado Budó, remarcando que no está garantizado el derecho a voto de las personas contagiadas ni la salud de las personas que estarán expuestas durante toda la jornada laboral en los colegios (apoderados, interventores, personal de las administraciones o miembros de las mesas). "El riesgo no ha cambiado, seguimos teniendo el mismo escenario", ha dicho Budó, manteniendo la "necesidad de posponer las elecciones".

El Govern sí que convocará la mesa de partidos con representación en el Parlament para abordar la decisión del TSJC. Fue en este marco y con el apoyo de todos los partidos menos el PSC que el ejecutivo decidió aplazar las elecciones hasta mayo.

¿Nuevas medidas sanitarias?

Como según Solé no hay posibilidad de tomar medidas adicionales para garantizar el dispositivo electoral, ha apuntado que se podrían tomar "medidas desde el punto de vista de la preservación de la salud". unas restricciones, en todo caso, que Budó ha matizado que tomarían las autoridades sanitarias y no solo para garantizar el derecho a voto sino también para rebajar la tensión hospitalaria y evitar más contagios.

La consellera de la presidencia no ha querido adelantar si la Generalitat situará el toque de queda en el caso de que la Moncloa lo acabe autorizando, como han pedido algunas comunidades autónomas. Budó ha dicho que tenía que analizar si epidemiológicamente tiene un resultado de disminución de la transmisión o del riesgo.

El gobierno español "acata" la decisión judicial

Quien también se ha pronunciado sobre las elecciones de Catalunya es el gobierno español. Después de días intentando rehuir el debate sobre el aplazamiento electoral, la Moncloa ha subrayado este martes de manera clara que "acata, por descontado", la suspensión cautelar dictada por el TSJC.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha insistido que era "responsabilidad" de los tribunales posicionarse sobre el tema, pero también ha recordado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya puso en duda la suspensión. Durante toda la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Montero ha señalado que la respuesta del TSJC "se parece a la aproximación" de Campo, a pesar de que el ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, no ha querido en ningún momento entrar a valorar la situación, informa Mariona Ferrer i Fornells.

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