Política  /  Govern 10/02/2022

El acuerdo Govern-PSC renueva 13 cargos: la Sindicatura de Cuentas, el CAC y la Autoridad de Protección de Datos

Los cambios se hacen efectivos en medio de acusaciones de partidismo por parte de la oposición

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Los nuevos miembros del CAC a la tribuna de público del Parlamento

BarcelonaLos años y años de interinidad en los órganos parlamentarios se han liquidado en tres horas y media. Es el tiempo que ha durado el pleno del Parlament, que ha aprobado las renovaciones del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Cuentas y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Todas fruto del acuerdo entre el PSC, ERC y Junts, que en poco también permitirá que se renueve el Síndic de Greuges, el Consejo de Garantías Estatutarias y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). "Pedimos disculpas por no haberlo hecho antes", ha dicho el socialista Òscar Ordeig. Pero la oposición –hoy el PSC se defendía junto al Govern y los comuns y la CUP protagonizaban los argumentos en contra– no los ha criticado por ir tarde –que también– sino, sobre todo, por hacer "un reparto de sillas entre partidos", en palabras de Dolors Sabater (CUP), y hacerlo solo entre los tres, "excluyendo a una parte de la cámara", en boca de Joan Carles Gallego (comuns).

Todos los partidos menos el PSC, Junts y ERC han anunciado su voto contrario a los nombramientos. Pero los 98 diputados que suman los socialistas y el Govern se han impuesto. Las acusaciones de partidismo han sido más intensas en los casos del nuevo presidente del CAC, Xavi Xirgo, hasta ahora director de El Punt Avui y del entorno más próximo de Carles Puigdemont –ha escrito su biografía–, y de la nueva directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Meritxell Borràs, ex consellera del Govern del 1-O. Acusada de "colpista" por Vox, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dado la oportunidad al diputado ultra de disculparse, que ha rechazado.

La ex consellera Meritxell Borràs durante el pleno del Parlament

Con más o menos intensidad, la mayoría de los nuevos miembros mantienen relación con el partido que los ha propuesto. Después de la votación, la Sindicatura estará formada por Miquel Salazar como síndico mayor y Llum Rodríguez, hasta ahora gerente del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona; a propuesta del PSC; Anna Tarrach, directora general de los Presupuestos, y Josep Viñas, profesor en la UdG, por parte de ERC; y a propuesta de Junts Ferran Roquer, hasta ahora diputado; Manel Rodríguez, actual secretario general de la Sindicatura, y Àngels Cabasés, exdiputada republicana. "Un gran currículum", ha dicho José Rodríguez (ERC). "Amplio currículum partidista", le ha respondido Lorena Roldán (PP). "Esto no es digno del Parlament. Es una injerencia partidista", ha recalcado Dolors Sabater. Vox ha dicho que trabajará para cerrar la Sindicatura, y también el CAC.

Allí, a Xirgo lo acompañarán, propuesta por ERC, Laura Pinyol, exjefa de prensa de Josep-Lluís Carod-Rovira, y Enric Casas, hasta hace poco secretario de comunicación del PSC. También han sido escogidos Miquel Miralles y Rosa Maria Molló. "Un equipo poliédrico, preparado y diverso", ha afirmado Francesc Ten (Junts). La respuesta de la oposición ha sido la misma: "Se tendrá que buscar a un CAC que controle a un CAC", ha criticado Anna Grau (Cs).

Alianzas

La renovación hace fructificar las confianzas entre el Govern y el PSC, pero a la vez aleja al ejecutivo de sus socios –la CUP y los comuns– y a los socialistas –acusados de hacer de muleta del independentismo– de los partidos con quienes comparte oposición. "Alerta con hacer seguidismo del discurso de Vox", ha rebatido Ordeig. "Fem un triste favor a la democracia cuando les ponemos en bandeja su demagogia", ha contestado Sabater. En medio de un debate encendido, un detalle: Ferran Roquer se ha levantado para decir a Borràs que no podía votar la renovación de la Sindicatura porque él era un candidato y, por lo tanto, había un conflicto de intereses. El mismo argumento que utilizó justo hace una semana la presidenta para negar el voto a Pau Juvillà, a pesar de que entonces la decisión la tomó ella unilateralmente.

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