El Gobierno destituyó a la jefa de los servicios jurídicos por las reticencias a realizar un informe sobre la ley de amnistía
Hacía casi un año que la jurista mantenía un pulso abierto con el secretario de Gobierno, Xavier Bernadí, por "presiones" en el cuerpo de letrados
BarcelonaLa misma semana que el presidente, Pere Aragonès, remodeló el Gobierno para ascender a Laura Vilagrà en la vicepresidencia y situar a Sergi Sabrià como viceconsejero de Estrategia y Comunicación, hubo otro cambio que, pese a ser relevante, pasó desapercibido: el Gobierno destituyó el 23 de enero a la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat, Mercè Corretja. Y no solo: dos semanas después el ejecutivo también apartó a una de sus colaboradoras, la directora general de derechos y asuntos constitucionales del cuerpo de letrados de la Generalitat, Maria Àngels Arróniz. Estas destituciones no se han producido por "motivos profesionales" –todas las fuentes consultadas apuntan la validez de las dos juristas– sino por un conflicto abierto durante meses entre Correa y el secretario de Gobierno, Xavier Bernadí, a quien varias fuentes acusan de " presiones" en el gabinete jurídico de la Generalitat. La última: la elaboración de un informe sobre la proposición de ley de amnistía, en trámite en el Congreso de los Diputados, que Correa de entrada se opuso a realizar pero que acabó elaborando por la presión de Bernadí.
Vamos a palmos. La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, anunció el pasado 14 de noviembre, justo al día siguiente de registrarse la amnistía en la cámara española, que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiaban la norma, aunque en ese momento no tenían conocimiento: fue ese mismo día que el secretario de Gobierno, Xavier Bernadí, hizo la petición formal a la jefa del gabinete jurídico para que "valorara" la proposición e indicara si había "aspectos susceptibles de mejora desde la perspectiva de los intereses de la Generalitat", según la petición a la que ha tenido acceso el ARA. Correa de entrada se opuso en una reunión muy tensa con Bernadí la misma semana, el 17 de noviembre, que ya amenazó allí con cesarla del cargo por "desleal".
¿Con qué argumento los servicios jurídicos debían elaborar un informe sobre una ley que se tramita en el Congreso y que no tiene un impacto competencial directo en la Generalitat? Por la "trascendencia que tendría la aprobación de la amnistía por un buen número de altos cargos", argumentaba la petición del secretario de Govern, aunque paralelamente era desde el partido presidido por Oriol Junqueras, Esquerra, desde donde se pilotaba la negociación sobre la ley por parte de los dirigentes Marta Vilaret, Josep Maria Jové y Marta Rovira. De hecho, Plaja se escudó en ello por no valorar el contenido de la ley durante esa rueda de prensa.
En ese momento la destitución de Correa se detuvo por la intervención de otros cargos del departamento de Presidencia, y tras un toma y daca con Bernadí durante las vacaciones de Navidad Correa terminó elaborando una nota jurídica sin firma y de carácter técnico, en colaboración con Arróniz, sobre la ley de amnistía. Lo entregó la semana del 9 de enero, antes de que terminara el plazo de enmiendas (el 16 de enero) en la cámara española. ¿Qué decía la nota? Según las fuentes consultadas defendía el encaje de la ley de amnistía en la jurisprudencia constitucional y ponía en duda algunos puntos del texto como el hecho de que en ese momento –posteriormente se ha cambiado– se diferenciaran los casos de terrorismo con sentencia firme o sin.
¿Cómo argumentan desde el Gobierno el cese de estas juristas? Fuentes oficiales de Presidencia defienden las destituciones con la premisa de que se trata de cargos de "confianza" –es decir, pueden destituirlos sin justificación– y "agradecen los servicios prestados". Rechazan así entrar a valorar nada más allá.
Tensión por la distribución de los letrados
Y es que el problema de fondo, según diversas fuentes conocedoras, no era solo el contenido del informe sobre la amnistía, sino quien tiene el poder de controlar los servicios jurídicos de la Generalitat. La cuestión de la amnistía es una "anécdota" de un conflicto abierto desde hace casi un año, apuntan diversas fuentes gubernamentales, entre Bernadí y la hasta ahora ninguno de los servicios jurídicos de la Generalitat. Una tensión que, de paso, ha repercutido en la relación entre Bernadí y la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, dos cargos que –por la naturaleza de sus competencias– pueden entrar en colisión.
Más allá de la amnistía, a lo largo del último año ha habido encontronazos de forma continuada entre Correa y Bernadí. Tras el informe sobre la amnistía y antes de la destitución del 23 de enero, todavía hubo otra: la distribución de los abogados de la Generalitat en los distintos departamentos. Hay que tener en cuenta la doble dependencia de los letrados del ejecutivo catalán: por un lado, dependen del departamento de Presidencia, de donde cuelga el gabinete jurídico de la Generalitat; y, por otra, dependen de los secretarios generales de cada consejería donde están asignados, que son los que suelen pedir todos los informes. Pues bien: Corretja pactó una serie de cambios con Cuenca y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, así como el resto de consejerías afectadas (Justícia i Territori), que también generaron un encontronazo con Bernadí. Pocos días después, Corretja era destituida del cargo aprovechando la última remodelación que hizo el presidente, Pere Aragonès. "Se aprovechó la ventana de oportunidad de los cambios para ello", asegura una fuente de Govern. "Bernadí ha confundido la facultad de coordinar los servicios jurídicos con la de controlarlos", opina otra voz que conoce las bambalinas del departamento y cree que Corretja ha querido mantener su "criterio".
Nuevos nombramientos
El Gobierno decidió sustituir a Correa por Sílvia Grau al frente del gabinete jurídico, que es penalista, y de la confianza de Bernadí. Y sólo dos semanas más tarde, el Gobierno decidió destituir a Arróniz, a quien la mayoría de fuentes consideran una "víctima colateral" de toda esta historia teniendo en cuenta su perfil técnico: hasta el año pasado era ninguno de los letrados del Consejo de Garantías Estatutarias y varios juristas que han trabajado en él alaban su conocimiento de la jurisprudencia constitucional. "Le han cesado porque fue propuesta por Correa", interpreta otra fuente del ejecutivo. Ahora ha sido sustituida por Rosa Maria Díaz, que formaba ya parte de los servicios jurídicos de la Generalitat y Bernadí la considera de su círculo.
