¿Qué le pasa al gobierno de Illa?

BarcelonaSalvador Illa llegó al Palacio de la Generalitat con el lema de "unir y servir". Dejar atrás de una vez por todas los años del Procés, que considera que "dividieron" el país, y dedicarse sobre todo a la gestión de la administración catalana. Estos debían ser sus principales puntos fuertes. A medio mandato, nada hace pensar que los anhelos soberanistas revivan, pero se le ha concatenado una crisis tras otra y ya ha sufrido –de momento– el adiós de una consejera y de tres secretarios generales en las últimas semanas (dos esta misma semana). Y este inicio de curso, que ha comenzado con una foto importante para Illa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tampoco augura una segunda mitad de mandato tranquila, que se verá marcada por las elecciones municipales y la sombra de unas encuestas electorales que muestran a un PSC estancado o, incluso, con una ligera pérdida de apoyos.

Desde el Palacio de la Generalitat niegan que los movimientos en el sottogoverno tengan nada que ver con las crisis que ponen en duda el "buen gobierno" que propugna Illa. Ahora bien, la consejera de Educación, Esther Niubó, relevó este lunes a la que hasta entonces había sido su mano derecha, Teresa Sambola, por Marta Cari, tras el fiasco de PISA, que ha invalidado los resultados de Cataluña en las pruebas de la OCDE. También coincide que el departamento se encuentra en un conflicto enquistado con el profesorado y, sin ir más lejos, el sindicato mayoritario del sector (USTEC) ya ha convocado una huelga para el primer día de curso.

En Interior, a la consejera Núria Parlon también le ha dejado su número dos, Tomàs Carrión, y le ha sustituido por Joana Ricardo. El departamento asegura que Carrión había expresado "su voluntad de dejar el departamento por voluntad propia", pero también le han sucedido diversas polémicas. El hecho de que Josep Lluís Trapero fuera nombrado director general de la Policía –un perfil de carrera policial para un cargo político– ya fue controvertido, así como el plan piloto para introducir Mossos d'Esquadra de paisano en los centros docentes, la infiltración de policías en una asamblea de profesores o el uso de gas pimienta contra manifestantes en protestas propalestinas.

Antes del verano, también abandonó el Gobierno la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, y le relevó Raúl Moreno. En este caso, todo apunta a que el "motivo personal" que le hizo saltar del ejecutivo fue que estaba arraigada familiarmente en Madrid mientras trabajaba en Cataluña.

Los retos pendientes

La reestructuración del gobierno de Illa no parece que haya llegado a su fin. Habrá más cambios: el más previsible es el de la portavoz del ejecutivo y consejera de Territorio, Sílvia Paneque, que se prevé que vuelva a la carrera por la alcaldía de Gerona. Todavía no ha dado el paso y ocupa un cargo con una visibilidad importante, pero también ha tenido que afrontar la crisis permanente de Rodalies, especialmente el accidente mortal en Gelida y el caos en el servicio, que llegó a suspenderse durante dos días en enero. La consejera de Salud, Olga Pané, es otra de las que salen en todas las quinielas para abandonar el ejecutivo. Ya ha pedido en diversas ocasiones ser relevada por cuestiones personales y ha sido el blanco de duras críticas por el conflicto laboral con médicos y enfermeras.

Más allá de las crisis, el Govern también tiene retos a la vista como el nuevo modelo de financiación y la regulación de la vivienda, dos cuestiones clave para mantener contentos a Esquerra y a los Comuns, respectivamente. Este viernes, de hecho, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el nuevo modelo de financiación (que deberá aprobarse en el Congreso), pero, en cambio, se aplaza la recaudación y gestión del IRPF, como se pactó con los republicanos. En cualquier caso, el ejecutivo subraya el trabajo realizado en la Agencia Tributaria de Cataluña, que ha incorporado a 60 personas últimamente y tiene un proceso abierto para añadir a 25 técnicos tributarios más.

En cuanto a la propuesta de ley de los Comuns para limitar la compra especulativa, se encuentra encallada tras el dictamen negativo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) porque vulnera diversos artículos de la Constitución y el Estatuto, y el derecho a la propiedad privada. Dos aspectos que, si no avanzan, complican el apoyo de los dos socios a la aprobación de unos presupuestos de 2027. La aprobación de las cuentas de 2026, a pesar de las dificultades, es el gran hito del Govern de Illa, que permitirá encarar proyectos como el plan para llegar a los 50.000 pisos de protección oficial o el impulso del nuevo Hospital Clínic.