Peinado se jubila después de enviar a Begoña Gómez a juicio y de toda una carrera de excentricidades

MadridA principios de abril de 2024, poca gente conocía a Juan Carlos Peinado. Su nombre saltó a la fama cuando el 24 de abril se supo que había abierto una causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, tras una denuncia de Manos Limpias. Una decisión que desembocó en los cinco días de reflexión en los que el presidente español se planteó dimitir, aunque al final decidió continuar. El lunes pasado, cinco días antes de su jubilación —este sábado el BOE ya publica su jubilación forzosa a los 72 años—, el polémico juez puso la rúbrica a su carrera enviando a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por tráfico de influencias y malversación.

No es la primera investigación polémica de este magistrado, que nació en 1954 en una pequeña localidad de Castilla y León, El Tiemblo (Ávila), un municipio de poco más de 4.500 habitantes. Hace años que ejerce en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, pero no siempre ha sido así: entró en la carrera judicial por una vía poco ortodoxa, el llamado tercer turno, cuando tenía 40 años. Un acceso ya suprimido entre juristas de reconocido prestigio que no pasan por las oposiciones generales a juez. Antes de llegar a su plaza de Madrid, ejerció de juez de primera instancia en su provincia natal en Arenas de San Pedro, en Talavera de la Reina (Toledo) y en Getafe (Madrid). Siempre ha estado ligado a la docencia del derecho en la Complutense de Madrid y, previamente, también había trabajado de secretario de ayuntamiento.

No es el único miembro de su familia que ha estado vinculado al mundo local. Su hija, María Peinado, es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, algo que ha sido utilizado por ministros como Óscar Puente para acusarlo de sesgo hacia la derecha.

Una instrucción muy cuestionada

En los últimos dos años y medio, el magistrado ha protagonizado una instrucción largamente discutida a Begoña Gómez que ha sufrido múltiples correcciones por parte de la Audiencia de Madrid y que le ha merecido los reproches y críticas del mismo presidente español, que llegó a acusarlo de “hacer política”. En cambio, ha ganado adeptos entre los detractores del PSOE, que incluso han coreado su nombre en manifestaciones contra el gobierno español.

Este 27 de septiembre cumple 72 años, y se ha visto obligado a jubilarse una vez ha completado su última misión: sentar a Begoña Gómez en el banquillo de los acusados. Es munición para el PP, pero también puede ser un revulsivo para el PSOE. Fuentes consultadas por el ARA pronostican que el juicio será antes del verano, algo que lo podría ubicar justo después de las elecciones generales o a las puertas de los comicios. Hace justo un año, un sábado de otoño por la tarde, convocó a Begoña Gómez a una audiencia preliminar en el primer intento por enviar la causa ante un jurado popular. Fue el último giro de guion de una instrucción singular.

Entre otras cosas, Peinado llegó a ir dos veces a la Moncloa. La primera, en julio de 2024, para interrogar a Pedro Sánchez como testigo, pero el presidente español se acogió a su derecho de no declarar sobre su esposa y terminó presentando una querella contra él que quedó en nada. Nueve meses más tarde, volvió para interrogar a Félix Bolaños, también como testigo. Peinado, incluso, intentó que el Supremo imputara al ministro de la Presidencia, pero el alto tribunal le cerró el paso reprochándole una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de verosimilitud”.

Pero hay más. En aquel tenso interrogatorio, el juez pidió una tarima para quedar físicamente por encima del resto de personas y llegó a reprochar al ministro que dibujase una “sonrisa” mientras contestaba. Recientemente, el poder judicial ha archivado las quejas que el ministro presentó contra el juez. También dio carpetazo a la denuncia de la asesora de Begoña Gómez por la filtración de una providencia antes de firmarla. El CGPJ sí que remitió al TSJ de Madrid dos quejas contra él, pero también acabaron en papel mojado. Una de las dos estaba relacionada con las sospechas de que uno de los escoltas de Begoña Gómez podría ayudarla a huir. Este viernes Bolaños hablaba de "impunidad" del juez en otro escrito al CGPJ.

Las correcciones de la Audiencia de Madrid

Una constante durante la instrucción del caso de Begoña Gómez han sido los reveses procedentes de la Audiencia de Madrid. Tres de los siete imputados que ha habido han acabado exonerados por la instancia superior: Joaquín Goyache –rector de la Universidad Complutense–, Juan José Güemes –presidente de la IE Business School– y Francisco Martín –delegado del gobierno español en Madrid–. También fue la Audiencia de Madrid quien devolvió el pasaporte a Begoña Gómez y quien, a última hora, retiró dos delitos por los cuales estaba investigada. Además, Peinado ha intentado, insistentemente, ampliar el perímetro de la causa para poner la lupa en el rescate de Air Europa, pero la Audiencia de Madrid le ha parado los pies reiteradamente. El tercer y último golpe, en noviembre de 2025, le reprochó que se basaba en “meras sospechas sin el más mínimo indicio”.

Los otros episodios

Durante la instrucción Peinado ha mostrado su carácter excéntrico. Una abogada que coincidió con él relata a l’ARA un episodio de hace unos años. Fue a hablar con el juez para organizar el calendario y Peinado menospreció las bajas de maternidad: “Usted puede parir y trabajar al día siguiente, no sé por qué se cogen tantas bajas”, recuerda ahora que le dijo en aquel momento. La misma letrada considera que sus resoluciones “no están nada motivadas” y recalca que la Audiencia de Madrid “casi nunca le da la razón”.

Hay un episodio que también le relaciona con Cataluña. En noviembre de 2019 imputó a una docena de periodistas por publicar informaciones del sumario del caso de los CDR de la operación Judas cuando estaba bajo secreto de sumario. El Colegio de Periodistas de Cataluña consideró que era un “ataque a la libertad de prensa”. Ahora bien, dio marcha atrás una semana más tarde porque la Fiscalía se opuso a la investigación amparándose en el derecho a transmitir una información veraz.

Otro damnificado por el juez fue Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía Eléctrica en Venezuela de 2004 a 2006. Fue en 2018 cuando le envió dos veces a la prisión provisional y la Audiencia de Madrid tuvo que corregir al magistrado para decretar su liberación. Dos años más tarde, el Tribunal Constitucional concluyó que el juez había vulnerado su derecho a la libertad personal porque “no respetó las garantías legales de información y acceso” a los “elementos esenciales” de las acusaciones ni las “garantías de contradicción e igualdad de armas”.