Ni independencia en 18 meses ni IRPF en 12

BarcelonaEn 2015 Junts pel Sí, una coalición liderada por Convergència i Esquerra, prometió al electorado la independencia en dieciocho meses, lo que implicaba (se supone) poder recaudar los impuestos desde Catalunya. Sin embargo, diez años después se evidencia que en el 2025 la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) no es capaz por dimensión y capacidad de recaudar uno de los impuestos más importantes para las arcas públicas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Que la ATC no estaba a punto lo sabía el gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras cuando pusieron el calendario del 2017, y también lo sabía ahora el gobierno de Salvador Illa cuando pactó con Esquerra (en ese momento pilotada por Marta Rovira) que a partir del 2026, es decir el año que viene, la Hisenda. Pero no sólo sabían esto: también debieron tener conocimiento de que el PSOE no estaba en el punto de asumir una financiación singular para Catalunya, al menos no todavía, como se ha demostrado este lunes en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado: porque una cosa es lo que se dice, otra lo que se pone por escrito y, finalmente, lo que se hace.

Los gobiernos catalán y español han salvado la escenificación con un pacto sobre un nuevo modelo de financiación, pero lo que han rubricado los dos ejecutivos (en el acuerdo oficial de la Comisión Bilateral) no es exactamente lo que acordaron PSC-ERC para la investidura. Se le parece, pero se dejan abiertas cuestiones primordiales para más adelante, como el principio de ordinalidad –el Estado no lo asume de forma explícita y le deja como una petición de Catalunya en el preámbulo– y la recaudación del IRPF y de todos los impuestos por parte de la Generalitat. En este último punto la expresión es ambigua, puesto que aparte de subordinarlo a un "grupo de trabajo", se dice que la Hacienda catalana "asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF". Lo que han hecho este lunes, pues, ambos gobiernos es darse margen en un momento en el que en Madrid no está claro cuánto durará la legislatura, y se han remitido al Congreso de los Diputados y al Consejo de Política Fiscal y Financiera para aterrizar esos conceptos que realmente podrían resultar innovadores respecto al modelo de financiación actual.

La secuencia con la que la Generalitat y el Estado han planteado la jornada no ha ayudado a explicar de forma clara a la ciudadanía lo pactado. De entrada, se ha convocado un briefing a las nueve y media de la mañana con periodistas para explicar las bases del modelo, embargado hasta terminada la Comisión Bilateral, que concluía a la una del mediodía. En este encuentro, en lugar de entregar a los medios de comunicación el texto que se había pactado entre los dos gobiernos (que llevaban días negociando), se les ha entregado un power point con una serie de principios –como solidaridad, transparencia, ordinalidad, autogobierno...– que después no se han acabado de corresponder con el acuerdo final, sobre todo en lo que se refiere a la ordinalidad. Pero es más: hecho el encuentro entre ambos gobiernos y ya escenificado el pacto, tampoco se ha entregado por escrito a los medios de comunicación el pacto oficial, por lo que la rueda de prensa del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha hecho sin que los periodistas hubieran tenido acceso. Una estrategia comunicativa dirigida a evitar preguntas incómodas, sobre todo porque el PSC defiende el principio de ordinalidad, que de forma explícita el PSOE todavía no asume.

A la derecha le da igual

Con el acuerdo de este lunes el gobierno español evita casarse de forma clara con un modelo concreto para Cataluña, por lo que puede intentar suavizar así la reacción que puedan tener otros varones del PSOE e intentar no poner en excesivos problemas a la ministra de Hacienda y candidata a Andalucía, María Jesús Montero. Ahora bien, el PSOE también debería saber ya con lo que lleva de legislatura que pacte lo que pacte parecerá el fin de España según el PP y algunos sectores del Estado. Como ya han demostrado Isabel Díaz Ayuso y la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado censurando un pacto aún por concretar y sin cifras.