El otro indulto que complica la vida al gobierno español

Madrid"El acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento", expresaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en octubre del 2019 después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés. Con aquella frase, Sánchez cerraba la puerta a la posibilidad de indultar a los líderes independentistas condenados, si bien solo un año después empezaría a tramitar la medida de gracia que sería aprobada, finalmente, en junio del 2021. Aquella decisión llevó de cabeza al ejecutivo español, sobre todo al socio mayoritario de la coalición, el PSOE, que a diferencia de Unidas Podemos siempre se había mostrado reticente –Miquel Iceta aparte–. Además, tenía a la derecha encima exigiendo un compromiso explícito de no indultar los presos.

Ahora, poco más de un año después de la aprobación de aquellos indultos, el gobierno español vuelve a tener una patata caliente encima de la mesa o, como mínimo, en el debate. Se trata del indulto al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán. El socialista está condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE y su familia solicitará un indulto parcial –que tendrá el apoyo de los expresidentes socialistas José Luís Rodríguez Zapatero y Felipe González, según avanzó El Confidencial– cuando se le comunique la sentencia.

Cuando a finales de julio el Tribunal Supremo confirmó la pena de prisión para José Antonio Griñán –lo considera responsable de un delito de malversación y prevaricación– y la de nueve meses de inhabilitación para el también expresidente socialista andaluz Manuel Chaves –sentenciado por prevaricación–, lo primero que se le preguntó al gobierno español fue si los indultaría. Desde entonces, la pregunta sigue sin respuesta.

A diferencia de la frialdad mostrada inicialmente hacia los indultos a los independentistas catalanes, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado, simplemente, por no pronunciarse. "Son hipótesis", ha dicho esta vez Pedro Sánchez sobre un posible indulto a Griñán. Ahora bien, el presidente español también ha dejado claro desde el primer minuto que "están pagando justos por pecadores", en referencia a los dos líderes socialistas que, de hecho, también fueron expresidentes del PSOE. "En caso de solicitarse, el gobierno lo estudiará [el indulto]" una vez llegue al consejo de ministros, ha dicho la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que ha defendido que, llegado el momento, lo harán "con absoluto rigor, como se hace en todos los casos".

"No tiene ningún sentido que un político indulte a otro", decía Sánchez el 2014 en una de las múltiples frases sobre los indultos que ya se le recordaron cuando la Moncloa firmó el de los presos políticos. También hay quien empieza a exhibir el código ético del PSOE de manera preventiva. El artículo 8.1 dice que "los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar al indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a la corrupción, la violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". Una vez más llega la duda de saber qué considera cada partido que es corrupción. En el caso de los ERE, el PP (y Vox) asegura que es el caso de corrupción más importante de la historia de España, superando los casos que han afectado a los populares (y que a menudo han negado que trataran de corrupción). El PSOE, sin embargo, lo niega.

Desde el PP se da por hecho que Sánchez ya está “cocinando” esta decisión y hace días que cargan contra el presidente al considerar que el insulto sería un "atropello". El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, rebajó el tono este jueves: "No tengo ningún tipo de interés personal ni político de ver en prisión a un exministro, expresidente del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía [José Antonio Griñán]". También ha exigido al gobierno español que, como mínimo, les mantenga informados sobre el indulto porque se trata "del caso de malversación de fondos públicos más importante de la democracia".

Pero, ¿por qué despierta tanto interés lo que haga el gobierno español y, en particular, lo que diga el socio mayoritario de la coalición, el PSOE, alrededor de estos indultos? Lo cierto es que, para la familia socialista, la confirmación del Tribunal Supremo fue un jarro de agua fría. La ratificación del Tribunal Supremo sobre la sentencia dictada en 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla ponía punto final a once años de periplo judicial que han supuesto un punto de inflexión, pero sobre todo de desgaste, del PSOE de Andalucía, feudo históricamente socialista. El resultado: un bajón histórico en las últimas elecciones autonómicas.

De hecho, desde el PSOE andaluz han optado por la moderación. Defienden la inocencia de los que un día les presidieron y alegan que hay que conocer la sentencia entera pero, a su vez, sitúan el indulto como "una decisión personal [de la familia de Griñán] que supone el ejercicio de un derecho a una medida de gracia prevista en el ordenamiento jurídico".

La decisión del Supremo ha situado en la diana a José Antonio Griñán y a Manuel Chaves, los dos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía en su momento y que han sido juzgados por haber mantenido un sistema ilegal de subvenciones entre el año 2000 y el 2009 que les habría permitido repartir de manera arbitraria hasta 680 millones de euros. El origen de todo fue la identificación de irregularidades en un ERE en MercaSevilla, que acabó destapando esta red que, a su vez, ha implicado a más miembros del gobierno andaluz, sindicalistas de CCOO y la UGT y empresarios.

Elecciones a la vista

Con todo, la solicitud formal del indulto, una vez llegue, y su estudio por parte del gobierno español coincidirán en plena antesala de elecciones municipales y, en algunos casos, autonómicas. Pero también con las generales, a priori en diciembre del 2023. Más allá de cómo afecte al gobierno español en su conjunto, es decir, a la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la decisión salpica sobre todo al ala socialista, de donde provienen los condenados. Precisamente, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha esquivado responder cómo les puede afectar una decisión así y se ha limitado a decir que "es una sentencia injusta" que pesa contra Griñán y Chaves.

En una entrevista a Europa Press este jueves, Cerdán dijo que el caso de los ERE "no es comparable con la Gürtel, la Púnica u otros casos de corrupción que han salpicado al PP". No deja de ser una mala gestión de unas ayudas que tenían un propósito muy loable, que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon". La cuestión es si, en caso de que llegue el indulto, los votantes socialistas también lo leerán así.