Financiación

Los inspectores de Hacienda, uno de los principales obstáculos para que Cataluña tenga el concierto económico

Estos altos funcionarios, los mejor pagados del Estado, no quieren que la Agencia Tributaria pierda atribuciones

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Sede de Hacienda en la plaza Letamendi, en Barcelona.

BarcelonaA la dificultad política de un acuerdo para que Cataluña tenga un sistema propio de financiación que suponga recaudar todos los impuestos, debería sumarse, si finalmente se llega, la oposición de los inspectores de Hacienda, el cuerpo de funcionarios que controla la Agencia Tributaria. Fuentes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que reúne al cuerpo superior de inspectores, es decir, los de máxima categoría funcionarial (A1), advierten al ARA que a ellos no les corresponde opinar sobre temas de financiación autonómica, pero sí se opondrán a "cualquier medida que suponga partir la Agencia Tributaria". Los funcionarios A1 representan a la élite de la administración del Estado y ya hace tiempo que están en guerra contra los planes del gobierno español para flexibilizar el acceso a su categoría. De hecho, desde el IHE reconocen que tienen mayor "influencia" en el gobierno cuando gobiernan las derechas que cuando lo hacen las izquierdas, que están mejor representadas en los escalafones inferiores, por ejemplo, entre los técnicos de Hacienda, que son A2 y se reúnen en el sindicato Gestha.

La Agencia Tributaria, además, tiene vida propia dentro de la administración. Algunos cargos sólo pueden ser ocupados por A1, que son sólo 1.230 en todo el Estado, y éstos no aceptan fácilmente las intromisiones políticas. Son muy celosos de su independencia, al tiempo que están especialmente orgullosos del funcionamiento de la Agencia, que es el primer organismo que se informatizó en España (antes incluso que la Policía) y que es un ejemplo internacional en cuanto a el cruce de datos y la detección de fraude. Además, remarcan que Catalunya no cuenta con suficientes inspectores de Hacienda de categoría A1 para recaudar todos los impuestos, y dan por hecho que los no catalanes se marcharían en caso de que las funciones de la Agencia pasaran a depender de la Generalitat . La actual presidenta del IHE, Ana de la Herrán, ya declaró a El Mundo el día que la Generalitat hizo pública la propuesta de financiación singular que era "inconstitucional" y denunció que lo que querían los políticos catalanes era "la clave de Letamendi", en referencia a la sede central de la Agència Tributària estatal en Catalunya , ubicada en esta plaza barcelonesa. En su opinión, trocear la AEAT dificultaría la lucha contra el fraude, al igual que ahora ya ocurre, afirman, con las haciendas vascas y la navarra, que califican de "agujero negro".

La clave de Letamendi

En efecto, durante el Proceso se especuló con la necesidad de que la Generalitat debía construir una agencia tributaria propia si quería pasar a recaudar todos los impuestos durante una eventual desconexión, pero voces importantes del soberanismo ya advirtieron de que no era necesario construir una hacienda propia porque lo que era necesario hacer, simplemente, tomar el mando de Letamendi y hacer que todos sus trabajadores, unos 4.000, pasaran a trabajar para la conselleria de Economía y Hacienda. De hecho, la Generalitat ha recurrido históricamente a inspectores de Hacienda estatales para construir sus propias estructuras tributarias.

Así, por ejemplo, en el 2000 el Govern fichó a un inspector de Hacienda estatal, Iu Pijoan, como director general de Tributos. Desde entonces se ha intentado captar a inspectores de Hacienda para la Agencia Tributaria de Catalunya, que actualmente tiene unos 800 trabajadores y gestiona el 9% de los impuestos que se pagan en Catalunya. Pero no es fácil porque los A1 son los mejor pagados del Estado y, además, en el caso de los inspectores de Hacienda, pueden llegar a tener sueldos superiores a 100.000 euros anuales (cinco de ellos alcanzan los 160.000, según han denunciado a los sindicatos) gracias a tener los complementos específicos más elevados de toda la administración del Estado.

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