La juez del concurso exime de culpa a los gestores de CDC por la insolvencia financiera

BarcelonaLa liquidación de Convergència está a punto de ser una realidad siete años después de decidir su autodisolución. El concurso de acreedores en el que está inmersa desde junio del 2020 ha llegado a su fase final, en la cual la juez decide cómo califica el procedimiento: si culpable –que quiere decir que la insolvencia se ha agravado por la gestión que ha hecho el partido– o fortuito –que quiere decir que no ha habido culpabilidad–. Según ha podido saber el ARA, en una resolución del 2 de febrero, la juez se decantó por la segunda opción y ha declarado fortuito el concurso de CDC, es decir, que sus gestores no han agravado su situación de impagos. En fase ya de liquidación de activos, actualmente Convergència cuenta con 8,5 millones de euros de patrimonio para afrontar un pasivo de 11 millones de euros, entre ellos el decomiso de 6,6 millones de euros del caso Palau.

La Fiscalía se ha alineado con la decisión de la juez. "Este ministerio público, considerando la documentación aportada por el concursado [CDC] y el contenido de los informes de la administración del concurso, así como que no dispone de ninguna otra información, tiene que concluir la declaración del concurso de Convergència como fortuito", dice la resolución, que añade que "el hecho de tener un patrimonio negativo puede ser causa de disolución, pero no causa de declaración del concurso como culpable". "No se ha detectado por parte de la administración concursal la existencia de ningún tipo de operación irregular o fraudulenta de salida de bienes, ni tampoco ningún acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia", concluye el ministerio público.

En el documento se hace un repaso de la reducción de los ingresos de CDC, que se acentúa a partir del año 2019, cuando deja de presentarse a las elecciones. A pesar de que en 2016 se disuelve políticamente, durante tres años se presenta a las elecciones del 2017 en coalición con el PDECat y también con JxCat a las primeras elecciones españolas del 2019, para que estas formaciones pudieran contar con sus derechos electorales. Hasta que generaron los suyos propios, CDC estaba presente, técnicamente, en los comicios. Esto comporta que a través de las subvenciones y de las aportaciones de grupos institucionales en 2017 recibiera 5,7 millones de euros. Una cantidad que en dos años se reduce hasta 1,2 millones, un 78% menos. También menguan el resto de ingresos –fruto de cuotas de militantes– que pasan de los 356.702,46 euros en 2017 a 103.687,06 en 2019. "La entidad [CDC], desde noviembre del 2019, al dejar de comparecer en las elecciones políticas, no recibe ninguna clase de subvención ni aportación pública, por lo cual a partir de ese momento no dispone de capacidad patrimonial para endeudarse y obtener liquidez", afirma la resolución.

¿No hay herederos?

El informe también menciona la vinculación con el PDECat. Si bien para la Audiencia Nacional el hecho de que el Partido Demócrata asumiera buena parte de los trabajadores de CDC o utilizara sus locales es un símbolo de "continuidad" de actividad –por este motivo el PDECat está imputado en el caso 3%–, esto no representa ningún problema desde el punto de vista concursal. Al contrario: "El ministerio público coincide con la administración concursal que la utilización por parte del Partido Demócrata de los locales propiedad de Convergència y la subrogación por parte del PDECat de los trabajadores de CDC no provocó la situación de insolvencia ni tampoco la agravó". Además, opina que el hecho de que el PDECat usara locales de CDC, aunque fuera sin abonar ninguna cantidad, no perjudicó a la concursada, sino que fue una manera de "salvaguardar en buenas condiciones los locales" porque asumió el mantenimiento y facilitó que se pudiera obtener un mejor precio en el momento de la venta.

Fuentes cercanas a CDC consideran importante esta declaración porque quiere decir que el juez avala, en cierto modo, su gestión a pesar de que el partido haya acabado en insolvencia financiera y sin posibilidad de hacer frente al decomiso de 6,6 millones de euros que le impuso la sentencia del caso Palau por financiación irregular. De hecho, como la juez del concurso la calificó de deuda "subordinada" –es decir, el último de la fila–, lo más probable es que CDC no lo acabe pagando: antes cobrarán los bancos con préstamos hipotecarios, los trabajadores, proveedores, Hacienda y la Seguridad Social.

Además, la Audiencia de Barcelona ha descartado decidir si el PDECat o JxCat tienen que asumir los impagos de CDC –el Palau de la Música ni siquiera ha recurrido la decisión– y lo ha dejado todo en manos de la juez del proceso concursal.