La juez de la DANA ve "indicios abrumadores" de negligencia de Pradas
Le reprocha el "insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos"
ValenciaNueva y contundente resolución de la juez que investiga la gestión de la DANA, que considera que la causa acumula ya "indicios abrumadores de una conducta negligente" por parte de la ex consellera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Así lo dice en una resolución hecha pública este viernes en la que rechaza el archivo del procedimiento reclamado por el exdirigente del PP, que había aducido que la reciente declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, demostraba que la Generalitat no disponía de información suficiente para alertar a la población.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra justifica su negativa al considerar que Pradas es responsable de una "negligencia grosera", ya "no sólo por el gravísimo resultado mortal, sino por la parsimonia en la adopción de las medidas y su carácter erróneo". La juez destaca "la convocatoria del Cecopio con un evidente retraso", la falta "de control de los barrancos" y el "insoportable retraso en las alertas a la población".
En su escrito, la juez desmonta uno a uno los argumentos exculpatorios aducidos hasta ahora por la exconsejera. Primero, recuerda que la competencia estatal en la gestión de la emergencia se ha mostrado "absolutamente incierta". También lo ha sido, según la magistrada, la "inexistente" apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX) y la Agencia Española de Meteorología (Aemet) denunciada reiteradamente por el PP, que la Audiencia Provincial de Valencia también descartó. En este sentido, recuerda que los avisos de la Aemet "se produjeron en varios ámbitos y con suficiente antelación".
Para completar su exposición, la magistrada dedica una extensa parte de su escrito a enumerar las herramientas con las que contaba la Generalitat para conocer la peligrosidad de la situación y, en consecuencia, su obligación de avisar a la ciudadanía. Así, destaca que, según establece el Plan Especial de Inundaciones del País Valencià, el departamento de Emergencias era el encargado de coordinar la participación de otros organismos. Entre ellos, la Guardia Civil, el servicio de bomberos forestales y la policía de la Generalitat, los agentes medioambientales, los recursos del Servicio de Vigilancia Preventiva, las brigadas de la Diputación de Valencia y los servicios del ciclo integral del agua y las comunidades de regantes que informan a los ayuntamientos. En este mismo sentido, subraya que era responsabilidad de la Generalitat que "se llamara a las diferentes poblaciones afectadas, que se atendiera a la información de los medios de comunicación o que se analizaran los miles de llamadas al número 112". "Los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede atribuir a la CHX ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento [del barranco de Poio] y que se ocasionara el abrumador número de defunciones", pone como ejemplo Ruiz Tobarra.
Un alto cargo propuso enviar el ES-Alert tres horas antes
En paralelo al escrito de la jueza, este viernes también se ha sabido que un vídeo de la reunión del comité de emergencias del 29 de octubre grabado por una productora contratada por la Generalitat revela que al inicio del Cecopio –a las 17 h– el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, planteó la posibilidad dada la situación límite que se vivía en aquellos momentos en poblaciones como Utiel y Requena, afectadas por el desbordamiento del río Magro. Se trata de un testigo que confirmaría que desde la conselleria fueron conocedores de la peligrosidad de la situación mucho antes de la difusión del aviso a la población –que se emitió a las 20:11 h–. Así lo apuntaron también otras revelaciones anteriores, especialmente el hecho de que sólo de las 17 a las 18 horas el 112 recibió 2.438 llamadas de ciudadanos con problemas o que estaban en peligro. Inicialmente, toda la atención se situó en la posible rotura del embalse de Forata, que regula el Magre. Primero pensó en confinar a la población. Luego, al evacuarla. A las 17.45 h se optaba por enviar el ES-Alert, pero la Generalitat no tenía claro qué mensaje difundir. La preocupación por el pantano provocó que se obviase el barranco de Poio y las ramblas que desembocan, que yase desbordaban desde las 18 h en l'Horta Sud. Sobrepasados por un gran volumen de trabajo, los técnicos no avisaron a sus jefes, que estaban reunidos en una sala anexa. En el Cecopio, los altos cargos del departamento no fueron conscientes de lo que ocurría hasta que después de las 19 h empezaron a llegar las primeras imágenes y llamadas telefónicas de alcaldes. Aquello obligó a posponer el envío de la alarma –sobre la que todavía debatía Emergencias– porque era necesario ampliar su radio. Después, llegó al elegir el texto, poner en marcha el procedimiento, etc.
El último testimonio destacado de hoy fue la declaración de un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que estuvo en el Cecopio y que explicó que Salomé Pradas era quien dirigía la reunión del comité de emergencias y que el jefe del Consejo, Carlos Mazón, no fue citado hasta que llegó al comité. También ha dicho que a partir de ese momento tuvo la "sensación" de que Mazón asumía la dirección.