Política 16/05/2022

Junts pide que sea Educación quien se haga responsable de los proyectos lingüísticos de las escuelas

El partido propone al ejecutivo un decreto ley que proteja a los directores ante la sentencia del TSJC

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Rius en una imagen de archivo

BarcelonaJunts presentará este lunes al Govern su propuesta alternativa para responder a la sentencia que impone el 25% del castellano en las aulas. Después de descolgarse definitivamente de la propuesta para reformar la ley de política lingüística que inicialmente habían firmado con ERC, el PSC y los comuns, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha anunciado cuál es su idea para hacer frente a la interlocutoria judicial. Rius ha explicado que enviarán al Govern el documento que, a su parecer, busca "garantizar la aplicación de la inmersión" y "proteger" los equipos directivos de los centros: consiste en un decreto ley que "deja en manos" del departamento de Educación la última palabra sobre los proyectos lingüísticos de los centros, de forma que sería el Govern quien asumiría la responsabilidad.

"Es urgente que los directores de centro y los docentes reciban instrucciones", ha dicho Rius, que ha remarcado que "no se trata de desobedecer" sino "de aplicar el marco vigente" a pesar de que la sentencia es "pedagógicamente aberrante y políticamente inaceptable". Y a pesar de que también están dispuestos a que la respuesta sea solo la de un decreto (tal como anunció el c onseller de Educación ya hace unas semanas ), Rius ha dicho que con un decreto ley se esquivaría al TSJC porque "solo podría ser recurrido por el Tribunal Constitucional".

En cambio, ERC prefiere hacer los cambios a través de una ley –reformando la de política lingüística– que de un decreto ley. Pero, aun así, los republicanos consideran que todavía es posible llegar a un acuerdo a cuatro bandas, es decir, en el que participen ERC, Junts, el PSC y los comuns. "Creemos que es posible reconstruir el consenso. Seguimos trabajando a contrarreloj", ha dicho la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, que a pesar de todo ha vuelto a criticar la actitud de Junts con la cuestión del catalán y ha pedido que el congreso que este partido tiene previsto hacer en junio suponga un cambio de actitud. "El país no se puede permitir que siga dividido y yendo a la contra de los compañeros de viaje", ha dicho.

En la misma línea de Esquerra, el PSC no renuncia a incorporar de nuevo a Junts al acuerdo por el catalán pactado a finales de marzo. La viceprimera secretaria, Lluïsa Moret, ha apostado por "agotar todas las posibilidades" para conseguirlo e incluso ha avalado introducir alguna "modificación" en el pacto inicial siempre que no cambie "substancialmente" el acuerdo. Moret, con todo, no ha aclarado si el partido apoya al pleno extraordinario para acelerar la reforma, tal como reclaman los comuns. Ha rechazado poner "fechas concretas" para desencallar la situación y ha priorizado que el resultado tenga el "consenso más amplio". En paralelo, el portavoz de los comuns, Joan Mena, también ha defendido el pacto y ha insistido que "no puede ser que la víctima de las batallas internas de Junts sea el consenso".

No definitivo a reformar la ley

De hecho, Junts ha hecho su propuesta después de que la ejecutiva del partido haya avalado desmarcarse definitivamente de la propuesta de reformar la ley de política lingüística , insistiendo en que "no servirá para preservar el catalán" y que no tiene "el consenso" de las entidades a favor de la lengua: "No hay ningún estudio jurídico independiente que demuestre que la reforma servirá para preservar la inmersión lingüística", ha insistido Rius. Por lo tanto, no volverán al acuerdo que subscribieron el mes de marzo pasado y del cual ya se descolgaron horas después.

El 9 de mayo el TSJC dio en una interlocutoria quince días a la Generalitat para aplicar la sentencia que estipula que el 25% de las clases tienen que ser en castellano, y de momento el Govern todavía no ha encontrado la manera de responder. Por un lado, los partidos hace semanas que negocian reformar la ley de política lingüística, pero no hay consenso sobre cómo hacerlo: ERC no quiere impulsar una modificación sin sumar a sus socios de gobierno, a pesar de las presiones de En Comú Podem, pero Junts ha declinado formar parte al ver el rechazo que suscitaba la propuesta entre algunas entidades, fundamentalmente la Plataforma per la Llengua y la ANC. Según Rius, su propuesta cuenta con el apoyo de estas entidades, y también la USTEC.

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