La justicia británica dictamina que puede juzgar a Juan Carlos I

El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado este jueves que Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra después de su abdicación y que se le puede juzgar. Así, sale adelante el procedimiento abierto contra él por la demanda que interpuso su examante Corinna Larsen por supuesto acoso. Fue en diciembre de 2020 cuando la empresaria inició las acciones contra Juan Carlos I, sobre hechos que habrían tenido lugar a partir de 2012, cuando pusieron fin a su relación. Larsen denunció amenazas y persecuciones en las que habría estado involucrado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El diciembre pasado el juez Matthew Nicklin preguntó si podía procesar a Juan Carlos I antes de continuar con el litigio, después de que el emérito se acogiera a la Ley de Inmunidad Estatal (SIA en inglés) del Reino Unido, una norma que concede protección a terceros estados y mandatarios otros países. La resolución hecha pública este jueves incluye los argumentos de defensa del emérito: sostiene que no está por encima de la ley, pero sí al margen de la jurisdicción del Reino Unido. "Está sujeto solo a la jurisdicción del Tribunal Supremo español", alegó el equipo jurídico de Juan Carlos I.

Además, aseveró que disfrutaba de inmunidad respecto de sus actos mientras era jefe del Estado y que también tiene después de su abdicación por dos motivos: por un lado, porque es miembro de la familia real; y por otro, porque mantenía la condición de "soberano" de la monarquía española hasta que, en junio de 2019, se retiró de la vida pública. "Hay un imperativo de la política pública de proteger la dignidad de un soberano y la dignidad de la monarquía", justificó el abogado Daniel Bethlehem, en representación del rey emérito.

El letrado de Corinna, James Lewis, rebatió estos argumentos y el juez le da la razón. Rechaza que mantenga la condición de "soberano" –deja claro que desde la abdicación lo es solo Felipe VI en cuanto que rey de España– y carga contra la tesis de la defensa: "En su forma más descarnada, el argumento de Sir Daniel [el abogado de Juan Carlos I], si se aceptara, significaría que si, mañana, el acusado entrara en una joyería de Hatton Garden y robara un anillo de diamantes, no podría enfrentarse a ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción (a no ser que el estado español renunciara a su inmunidad). No hay nada en los principios del derecho internacional ni en el respeto a la dignidad y soberanía del estado español que lleve a esa conclusión", dice.

El juez también rechaza que el emérito se pueda beneficiar de una cierta protección como miembro de la familia real [royal household]. A pesar de que Juan Carlos I es miembro de la familia, concluye que no se le puede considerar un colaborador estrecho ni "dependiente" del rey actual. "No vive con él y ni siquiera vive en España", destaca Nicklin. "Pregunté a Sir Daniel si su cliente se mantendría como parte de la familia real con prerrogativas de inmunidad si marchara a Siberia y no tuviera más contacto con su familia ni nadie de España. Me dijo que era refractario a pronunciarse en estos términos tan crudos, pero fue el efecto de sus alegaciones. Bajo mi punto de vista, esto demuestra que su argumento es que el término household no significa más que ser «miembro de la familia»", subraya el juez. Incluso, el juez anota que, "aunque no es determinante", el Estado no ha aportado ninguna prueba de que Juan Carlos I forme parte de la familia real.

El último frente de Juan Carlos I

La decisión de la justicia británica llega tres semanas después de que la Fiscalía española renunciara a querellarse por su patrimonio oculto en el extranjero. Un cierre de las diligencias que se acumulaba al archivamiento de Suiza del mes de diciembre sobre los 65 millones que el emérito recibió de Arabia Saudí en 2008 y después traspasó a Corinna Larsen. El calvario judicial de Juan Carlos I se calmaba, pero continuaba abierta la causa por presunto acoso en el Reino Unido. Y ahora el juez le da recorrido.