La justicia madrileña avala el cartel xenófobo de Vox contra los menores migrantes
El Supremo, en cambio, ratifica la sentencia contra Isa Serra por oponerse a un desahucio y la Fiscalía no recurrirá la decisión judicial de no aceptar la querella contra Monasterio por falsificación
MadridLa extrema derecha española ha encontrado en la justicia madrileña un poder en el que de momento sale impune de las polémicas que acumula, así como de las presuntas irregularidades que acorralan a los líderes de Vox. En cambio, Podemos considera que no ha encontrado más respuesta que decisiones que el partido considera una clara "persecución política" por sus ideas. Este lunes han coincidido tres decisiones que afectan a los dos partidos implicados y que ponen el foco sobre el papel de la judicatura. Por un lado, el Supremo ha ratificado la pena de 19 meses de prisión para la portavoz del partido morado y ex líder de la formación en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por oponerse a un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014; por el otro, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el cartel xenófobo de Vox contra los menores migrantes que apareció en la parada de metro de Sol de la capital española durante la campaña del 4 de mayo. Y, en tercer lugar, la Fiscalía ha confirmado que no recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no aceptar una querella contra la líder del partido ultra en Madrid, Rocío Monasterio, por presunta falsificación de un visado de obra del Colegio de Aparejadores de Madrid.
En el caso del cartel xenófobo, la Audiencia Provincial argumenta que los menores extranjeros no acompañados (que se conocen como menas) "representan un evidente problema social y político", "independientemente de si las cifras que ofrecen son veraces o no", según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA, que ha tenido acceso al auto judicial. Hay que tener en cuenta que el cartel comparaba lo que Vox aseguraba que se destinaba a un mena cada mes con lo que se destinaba a una pensión baja. Una cifra, en caso de los menores, que tal como señaló este diario en ningún caso era cierta. Pero la justicia ya rechazó en su momento retirar cautelarmente el cartel y ahora responde a los recursos planteados tanto por la Fiscalía como por el PSOE. El argumento es que pasa por delante la libertad de expresión: los jueces consideran que la publicidad del partido es un "eslogan electoral" y no se puede considerar que represente unas "ideas a prohibir" mientras se admiten otras ideas "tan criticables o más que estas".
De hecho, de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sorprende que justamente mencione el caso de un ex concejal de Ahora Madrid –la coalición que se presentó con Podemos en 2015 al Ayuntamiento de Madrid, cuando Manuela Carmena fue escogida– para argumentar que no considere un delito de odio el cartel xenófobo de Vox. Señala que en el caso de Guillermo Zapata –que fue absuelto de un caso de presunto enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por una serie de tuits– se consideró simple "humor macabro" y no un delito de odio los hechos, como por ejemplo defendía la Fiscalía y el PSOE.
En el caso de Isa Serra, en cambio, la ratificación de la condena en el Supremo es por un delito de atentado a la autoridad a raíz del intento de frenar un desahucio ya hace siete años y medio. La coportavoz de Podemos ha anunciado que recurrirá a Estrasburgo una decisión que considera "injusta" y ha advertido de que a pesar de la campaña "mediática" y "judicial" que ha sufrido, seguirá haciendo política porque según su parecer la sentencia es un "atentado contra el derecho de manifestación" y un "mensaje" contra los que, desde las instituciones, defienden los derechos humanos. De hecho, también ha anticipado en rueda de prensa desde la sede de Podemos que estudiará presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración de la sentencia a OK Diario este fin de semana, porque la decisión oficial apenas se le ha notificado este mediodía, diez minutos antes de la comparecencia ante los medios.
En el caso de Serra, que ya renunció al escaño en la Asamblea de Madrid el 7 de junio dando por hecho que la inhabilitarían pronto, la sala de lo penal del Supremo sigue el criterio de la Fiscalía y desestima el recurso de casación. A los 19 meses de pena de prisión –que no tendrá que cumplir por falta de antecedentes y por no llegar a los dos años– se suma también una multa de 2.400 euros y 5.200 euros de indemnización a los dos agentes que dicen que resultaron heridos. Pero para Serra, su caso no es sino una serie de "acusaciones falsas" y "sin pruebas", en el que la palabra del agente pasa por delante.
El caso de Monasterio
El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha contrapuesto las resoluciones sobre la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes –la semana pasada se ratificó su absolución en el caso Máster– y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, también absuelta con "hechos probados", frente al caso de Serra, condenada "sin hechos probados". Por eso ha apuntado que es "muy preocupante" que, a pesar de que la mayoría de jueces imparten justicia, haya una "minoría" de la judicatura que "en vez de toga se ponga la camiseta de determinados partidos políticos". En este sentido, ha criticado la actitud del PP de bloquear la renovación del CPGJ y cree que hay magistrados con una "clara ideología" para perseguir a "adversarios políticos".
En el caso de Monasterio, la Fiscalía directamente ha desistido de recurrir la decisión del TSJM de no admitir a trámite la querella por falsificación. Hay que tener en cuenta que la justicia madrileña sí reconoció que la líder de Vox en la Comunidad había falsificado un documento, pero consideró que la falsificación era tan "burda" que no se lo podía haber creído nadie porque era fácilmente detectable. Ahora el ministerio público dice que "comparte el criterio de los jueces de que todo ello no encaja en el tipo penal de la falsedad documental".
