JxCat acusa a ERC de no hacer lo suficiente para blindar la inmersión lingüística en la escuela de Canet

BarcelonaNo hay semana en que la relación entre los socios de Govern no se tense por alguna cuestión. Cuando todavía no se ha cerrado la herida abierta por la negociación de los presupuestos catalanes y estatales, ahora el nuevo motivo de controversia entre ERC y JxCat llega por cómo se tiene que defender la inmersión lingüística a raíz de la resolución judicial que afecta a la escuela de Canet de Mar. Todo ha empezado cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), ha propuesto este lunes que el conseller de Educación, Josep González-Cambray (ERC), asuma la dirección de la escuela de Canet de Mar que tiene que impartir el 25% de castellano en una clase de P5 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La propuesta de Borràs, que expondría al conseller a posibles consecuencias legales, no ha sido bien recibida por ERC. No tanto por el fondo, que tampoco convence, sino por las formas que ha escogido su socio de Govern para colocarla en el debate público.

Borràs ha reclamado que el Govern sea más contundente a la hora de defender la inmersión. "No puede ser que digamos que no podemos hacer nada. Tenemos competencias plenas en educación. Y no se puede dejar la responsabilidad solo a los profesionales", ha defendido en una entrevista a Radio 4 y La 2. Posteriormente, la portavoz de Junts, Elsa Artadi, se ha sumado en rueda de prensa al mismo reclamo. Ha dicho que la propuesta de Borràs era también la del partido y que esperaba que Educación estudiara esta posibilidad como una manera de "blindar" el sistema de inmersión lingüística en todas las escuelas de Catalunya. "Es necesario que el departamento blinde a los directores del centro de cualquier responsabilidad que puedan tener ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Se tiene que dar cobertura legal a las direcciones ante la ofensiva judicial contra la inmersión lingüística", ha subrayado Artadi, recordando que la ex consellera Clara Ponsatí asumió las competencias de los centros en 2017 para que se pudiera hacer el 1-O.

También ha asegurado que Junts está estudiando otras medidas que se tienen que tomar, a su parecer, de forma urgente: cambios en la ley de educación de Catalunya o de Política Lingüística para reforzar, dicen, el sistema de inmersión. Según ha dicho Artadi, "no se puede dejar todo en manos" del Congreso de Diputados –en un dardo a Esquerra que dijo que con la ley Celaá había "blindado" la inmersión–, a pesar de que tampoco renuncia a impulsar reformas. "Tenemos que hacer una ofensiva conjunta de partidos, entidades e instituciones en defensa del catalán", ha reclamado Artadi, aseverando que la defensa de la lengua tiene que ir más allá del independentismo.

Por su parte, la CUP también se ha sumado a la petición de Junts para que Educación coja las competencias del centro. Según el portavoz del secretariado nacional, Edgar Fernández, “lo que no puede pasar es que un Govern catalán se desresponsabilice y deje a la intemperie a la comunidad educativa”. Y ha añadido que todas las propuestas para “proteger a la comunidad educativa y asumir responsabilidades en la defensa de la lengua serán bienvenidas”. No obstante, Fernández ha advertido de que “el conflicto no es una escuela ni una dirección” y el debate de la lengua “no puede quedar aquí”.

La semana de la cumbre

Para Esquerra esta semana tenía que ser la de la defensa unitaria del catalán. Primero el jueves, en la cumbre impulsada por la Generalitat con partidos y organizaciones sociales partidarias de la inmersión, y después el sábado, en la manifestación que se ha convocado en Barcelona en defensa del modelo lingüístico, a la cual, por cierto, el PSC ya ha anunciado que no asistirá. Pero la semana ha empezado lejos del marco mental que pretendían. Las declaraciones de Borràs no han sido bien recibidas en las filas republicanas. En primer lugar, por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha reclamado responsabilidad y no hacer "partidismo" con esta materia. También ha mostrado su disgusto la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, que ha replicado a Borràs que la inmersión se defiende con "la máxima unidad política" y no con "improvisaciones o soluciones mágicas". Además, ha exigido saber "en nombre de quién" hace la propuesta, puesto que si es en el de su partido, considera que la reunión del consejo ejecutivo del martes sería el espacio idóneo donde hacerlo.

Los planes de los republicanos pasaban por tejer un frente común en defensa de la lengua con partidos y entidades y, poco a poco, ir desgranando las respuestas que se podían dar al caso de Canet y también en otros ámbitos, como en el del sector audiovisual. Por ahora Esquerra no concreta qué hay que hacer con la escuela afectada por la sentencia del TSJC, y se remite a garantizar que el modelo lingüístico "no se toca" y que el president Aragonès y el conseller Cambray estarán "al frente" defendiéndolo. Hace pocos días el conseller de Educación aseguró que "no se podía hacer nada" en el caso de Canet porque la resolución del TSJC se dirigía directamente al centro.

El cantautor y exdiputado Lluís Llach se refería este domingo a esta cuestión en una entrevista al ARA: "¿Es posible que un conseller de Educación diga que no podemos hacer nada? Que la Generalitat asuma la responsabilidad de la directora del centro. Y si conlleva dimisiones o inhabilitaciones, pues sí. Pero, por favor, ¿dónde estamos? ¿La Generalitat hace su día a día autonomista y cedemos la lucha a la ciudadanía o a la ANC o a Òmnium?", lamentó. Una propuesta que se parece a la de Borràs y también a la que hacen el ex president de la Generalitat Quim Torra, el ex líder de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira y el exdiputado de la CUP Antonio Baños, entre otras, en un artículo conjunto publicado en VilaWeb y El Punt Avui, en el que piden una "estrategia institucional clara y asumida con todas las consecuencias para no acatar resoluciones contrarias a la inmersión en el ámbito escolar" y defienden que es "urgente e imprescindible" que desde el departamento de Educación se ofrezca "apoyo legal" a los centros afectados y a sus comunidades educativas. En una referencia velada al departamento de Educación, reprochan que se ha pasado muy rápidamente de decir que "el catalán no se toca" a decir que "no podemos hacer nada ante una decisión judicial".

El debate llega al Parlament

Todo ello se debatirá esta semana en el Parlament a través de dos mociones que han registrado la CUP y el PP. Los cuperos han presentado una iniciativa en la que piden al Govern que el departamento de Educación "asuma la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción" y garantice la seguridad jurídica del profesorado para asegurar que el catalán "sea, efectivamente, la lengua vehicular de la educación en Catalunya en todos los ciclos y etapas educativas, así como en las actividades extraescolares" en todos los centros educativos.

En cambio, el texto del PP reclama una "proporción suficiente" entre catalán y castellano en las aulas y propone una moción para fijar a partir del curso que viene un 25% de horas lectivas en lengua castellana "como mínimo", con el objetivo de "garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos".