Todo lo que le queda por cumplir a Sánchez de los acuerdos con Junts y ERC

MadridLa amnistía se presenta como la principal promesa cumplida de Pedro Sánchez con el independentismo. Hace un año, cuando se constató que el líder del PSOE necesitaría tanto ERC como Junts para conseguir la investidura, se inició una competición entre los dos antiguos socios en la Generalitat para acumular patatas que justificaran su eventual apoyo a un nuevo gobierno de Sánchez en el Estado. ¿En qué estado se encuentran los compromisos que firmó el PSOE con Junts y ERC?

Pactos completos

1. Amnistía: Después de unas semanas de toma y daca, la amnistía entró en vigor el pasado 11 de junio. Fue el mayor éxito de las negociaciones de republicanos y junteros con la Moncloa. Que ahora en algunos casos no se esté aplicando, como es el caso de la causa por malversación sobre el Proceso o el Tsunami Democrático por terrorismo, es por las resistencias de los jueces que escapan al margen de maniobra que tenían los grupos parlamentarios en el hora de confeccionar la norma.
2. Catalán en el Congreso: ERC pactó a cambio de votar a Francina Armengol como presidenta de la cámara baja que se pudiera hablar en catalán libremente en las sesiones. La expresidenta balear lo autorizó desde el primer día y sin necesidad de modificar el reglamento.
3. Mesa de negociación en el extranjero: Juntos y el PSOE pactaron una mesa de negociación con mediación internacional que se reuniera mensualmente en el extranjero. Se conoció el nombre de uno de los mediadores, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, aunque el contexto electoral ha impedido que se cumpliera con la periodicidad. En cuanto a ERC, también aseguró haber establecido un espacio de diálogo en el extranjero y con mediación externa –su número 2, Marta Rovira, estaba exiliada hasta hace poco en Ginebra–, si bien nunca se ha revelado quien se encargaba ni se han publicitado reuniones.
4. Ley de enjuiciamiento civil: Cuando Junts acabó votando in extemios la convalidación de un decreto del gobierno español el pasado enero, logró que, como contrapartida, el ejecutivo del Estado reformara un artículo de la ley de enjuiciamiento civil. Quería eliminar que fuera obligatorio detener un procedimiento cuando se eleva una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE. La Moncloa hizo la modificación a finales de junio pasado, puntualizando, eso sí, que la costumbre de los tribunales no tiene por qué cambiar.

A medias

1. El catalán en la Unión Europea: A cambio de votar a Francina Armengol como presidenta del Congreso, Junts pactó que el gobierno español iniciaría los trámites para que el catalán fuera lengua oficial en las instituciones europeas. Efectivamente, el ejecutivo del Estado ha presentado la solicitud, pero después de meses de evaluaciones se ha guardado en un cajón sine die.
2. Las comisiones de investigación: Junts y ERC pactaron por separado la creación de tres comisiones de investigación en el Congreso: una sobre los atentados del 17-A, una sobre la operación Catalunya y otra sobre Pegasus. Todas se constituyeron el 28 de febrero de este año, pero desde entonces no se ha celebrado ninguna sesión más. Así, por el momento no hay planes de trabajo ni listados de comparecientes, sólo un veto anunciado por el PSOE a permitir la asistencia de jueces.
3. Cercanías: ERC y el PSOE pactaron un traspaso progresivo del servicio ferroviario. Aún con el gobierno de Pere Aragonès se dieron los primeros pasos, aunque es un procedimiento que requiere tiempo, sobre todo para que el traspaso sea "integral", que es el que figura en el acuerdo. Un buen indicativo es que el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también se ha marcado este hito en su hoja de ruta.
4. Encomiendas de gestión de inversiones: El pacto de investidura con los republicanos también incluía explorar un mecanismo para averiguar por qué las inversiones que el Estado prometía en Cataluña no se ejecutan. Para corregir este déficit, se puso sobre la mesa la encomienda de gestión, que básicamente consiste en que el gobierno español paga la inversión, pero es la Generalitat quien recibe la competencia de ejecutarla y gestionarla. Este sistema se acordó para la mejora de cuatro infraestructuras terrestres y ferroviarias. Fuentes de la consejería de Territorio que lideraba Ester Capella explican al ARA que se llegó a constituir un grupo de trabajo con el departamento de Economía y la secretaría general de Presidencia para establecer instrumentos más ágiles que el de la encomienda de gestión y sistematizarlo. Pero la convocatoria electoral anticipada dejó el trabajo a medias. Desde ERC explican que a la hora de negociar eventuales aprobaciones de presupuestos, sean en Madrid o en Catalunya, exigirán que se avance en esta cuestión.
5. Condonación de la deuda: Otra de las patas del acuerdo ERC-PSOE fue la condonación de una parte de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Si hasta ahora la Generalitat debía 72.000 millones de euros, el gobierno español le perdonaría 15.000 millones, a los que hay que sumar un ahorro de unos 1.300 millones de euros en intereses que se dejarán de pagar fruto de la condonación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió empezar a abordarlo en otoño, también con el resto de comunidades autónomas.

Pactos incumplidos

1. El catalán en todas las instituciones del Estado: Uno de los principales incumplimientos es la elaboración de una ley orgánica para que las lenguas cooficiales se puedan utilizar en todas las instituciones del Estado, incluida la justicia. Es un pacto al que llegaron ERC y el PSOE para la presidencia de Armengol en el Congreso, pero hasta ahora no se ha presentado reforma legal alguna en este sentido.
2. Competencias en inmigración: Junts aseguró el pasado enero que había pactado con el PSOE el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat. Al no gobernar ni antes ni ahora, no ha habido ningún avance en esta cuestión. Ahora la formación de Carles Puigdemont lo sigue reclamando en relación al debate sobre el reparto en las comunidades autónomas de migrantes menores que se encuentran en Canarias.

Por último, uno de los últimos compromisos más relevantes es el de ERC y el PSC sobre una financiación singular para Cataluña. Más allá del traspaso de la competencia para recaudar impuestos, nada se ha detallado: ni qué aportación haría la Generalitat al Estado por los servicios que presta a Catalunya, ni la aportación en concepto de solidaridad interterritorial con el resto de comunidades autónomas , ni qué cambios legales debería hacerse, ni qué "aumento sustancial de capacidad normativa" el gobierno español estaría dispuesto a traspasar a la Generalitat. Ésta es una de las cuestiones que marcan el arranque del curso político.