La ley de inmigración pone a prueba la relación Junts-PSOE

Barcelona / MadridEn enero del 2024, hace un año, el partido de Carles Puigdemont salvó dos decretos del gobierno español a cambio de un pacto que Junts presentó como "la delegación integral" en Cataluña de las competencias de inmigración. El entendimiento se basaba en el compromiso de forjar una ley orgánica para el traspaso a través del artículo 150.2 de la Constitución que debía concretarse durante el año y, de hecho, las mismas formaciones se autoimpusieron el plazo del 31 de diciembre para cerrar un acuerdo. Sin embargo, la fecha ya se ha superado ya estas alturas no hay ningún entendimiento forjado. Con flancos aún abiertos, Junts y el PSOE se dan más tiempo para cerrar un pacto que pone a prueba la relación entre ambos partidos y, por tanto, la estabilidad de la legislatura española. "No hay novedades y no haremos comentarios", se limitan a decir fuentes socialistas. "Ninguna novedad", dicen desde Junts, que aseguran que prefieren llegar a un buen acuerdo más que hacerlo con prisas, como ya ocurrió, recuerdan, con la ley de amnistía.

Lo cierto es que la fecha límite la hizo saber el propio secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en RTVE a mediados de septiembre. "Hay que acelerar el calendario porque antes de fin de año debería haber acuerdo", dijo. Eldiario.es Turull volvía. "Si hay voluntad política, podríamos cumplir lo pactado antes de finalizar el año", dijo, sugiriendo que era necesaria la intervención del presidente español, Pedro Sánchez, para arrancar las competencias necesarias en el ministerio del Interior. En la misma entrevista el secretario general de Junts apuntaba cuáles eran los escollos: "Siempre decimos que queremos ser más una nación y menos una gestoría. Y las propuestas parecen más un pedido de gestión que una delegación de competencias".

Las competencias en juego

Juntos ha situado las competencias de inmigración como una piedra angular, al igual que la amnistía o el impulso del catalán en Europa como lengua oficial, en su relación con el PSOE. Hasta ahora, ambos partidos se han escudado en el que trabajaban con discreción y no han dado detalles del contenido. Los puntos de debate son la gestión de las fronteras, el control de los flujos migratorios, los permisos de trabajo y el nivel de catalán que debe exigirse, la gestión de los procedimientos de expulsión, así como de la concesión del NIE – que ahora gestiona la administración del Estado.

Por parte del gobierno español, la reticencia hacia las exigencias de Junts nace sobre todo en torno a lo que tiene que ver con las fronteras. De hecho, el concepto de integral ya originó encontronazos cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aguó el traspaso negando que fuera total y que afectara a fronteras y extranjería. Puigdemont volvió a insistir hace pocos días en TV3 que no quiere que la Generalitat sea una "ventanilla única" del Estado de los temas migratorios, sino que reclama que pueda gestionarlo todo. Marlaska, sin embargo, ha insistido en que "el control de fronteras y de inmigración es competencia exclusiva del Estado y no es susceptible de ser transferida". En cualquier caso, el ministro ha dejado clara la disposición de entendimiento en muchos aspectos relacionados con la inmigración que, decía, sí pueden ser competencia de las comunidades.

De hecho, quien ha desatascado un acuerdo similar es el gobierno vasco. A partir de este 1 de enero, Euskadi asume la gestión del proceso de acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional durante la fase autonómica, tal y como acordó con el Estado en primavera. Además, el gobierno español y el vasco también empezaron las reuniones técnicas para el traspaso en la gestión de los permisos de trabajo.

Las demás carpetas y la tensión

Pero mientras el acuerdo por las competencias en inmigración no llega, al PSOE ya Junts se les acumulan las carpetas pendientes de resolver. De entrada, ambas formaciones han dejado para la vuelta de las Navidades la negociación para una nueva senda de estabilidad (objetivos de déficit y deuda). En concreto, deben negociar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas después de que los junteros tuvieran. la propuesta del gobierno español (un déficit de un 0,1% del PIB para 2025).

Cerrar este acuerdo es primordial de cara a tener unos presupuestos generales del Estado para este 2025. La negociación formal entre el gobierno español y los socios habituales en el Congreso, entre ellos Juntos, todavía no ha empezado, aunque a ojos de los socialistas el hecho de haber desatascado cuestiones como la reforma fiscal allana mucho el camino de unas nuevas cuentas públicas en primavera. En cambio, en Junts mantienen que cada negociación es un mundo y no quieren ni oír hablar de vínculos entre las distintas carpetas. Además, su condición para los presupuestos es clara: la ejecución de los anteriores debe ser completa en Catalunya, lo que ahora denuncia que no se da en ningún caso.

Sea como fuere, cerrar acuerdos como el de inmigración puede ayudar a rehacer una relación que ahora mismo no pasa por su mejor momento. En su balance de diciembre del acuerdo de investidura, Puigdemont ya dijo que era necesario un punto de inflexión y reclamó al presidente español que se someta a una cuestión de confianza. Y en la reciente entrevista en TV3 avisó de las "consecuencias irreversibles" si los socialistas vetaban que se pudiera debatir esta cuestión en el Congreso. La mesa aplazó la decisión en la reunión de este mes y se dio hasta después de fiestas para estudiarlo: esto será un momento clave para medir la salud de la relación entre los socios de investidura, aunque más allá que se debata en la cámara española, Sánchez ya ha dejado claro que no tiene ningún interés en someterse de nuevo a votación del Congreso –es potestad suya decidirlo.

El acercamiento de Junts al PP

El PP utiliza los problemas de Sánchez con Puigdemont para decir que "no hay una mayoría de gobierno" y que el ejecutivo va "zombi", en palabras del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, esta semana volvió a sacar pecho. de las alianzas variadas "sin chantajes" que los populares han conseguido con los de Puigdemont. ha pedido a Junts que no se sume al "circo romano" del PP y Vox con propuestas como la cuestión de confianza.