Madrid también reclama más dinero al Estado: cuantifica una deuda de 12.367 millones

MadridLa Comunidad de Madrid "va muy bien" y se reivindica como "el motor económico de España". Sin embargo, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este escenario positivo se produce "a pesar de" el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la consejería de Economía y Hacienda madrileña denuncian ""la asfixia" a la que, a su parecer, los tiene sometidos el Estado. Desde 2019, cuando Ayuso tomó las riendas del gobierno regional, la "deuda consolidada" del gobierno español con Madrid ya asciende a 12.367 millones de euros, según el cálculo del equipo de Ayuso. "El gobierno del señor Sánchez tiene secuestrados los dineros de los madrileños que van a cuestiones tan importantes como la sanidad, la dependencia o la educación", sostiene en declaraciones a la prensa la consejera Rocío Albert, encargada de los asuntos económicos de Madrid.

amplía la brecha fiscal con otras autonomías. amplía la brecha fiscal con otras autonomías. Y es que a la hora de hacer estas críticas, la Comunidad de Madrid no computa que se beneficia del efecto capitalidad.

¿De dónde sale la cifra?

Un tercio de esta deuda acumulada en los últimos siete años corresponde al diseño del sistema de financiación autonómico. Se trata de una queja formulada por la Comunidad de Madrid desde antes de que gobernase Ayuso contra el tope del fondo de competitividad de la financiación autonómica que, desde el inicio, el gobierno regional considera establecido específicamente para perjudicarlos. Este fondo pretende compensar a las autonomías con más renta a quienes el sistema asigna una financiación por habitante inferior a la media o por debajo de su capacidad fiscal. Esto incluye a Cataluña, el País Valenciano y también a Madrid. Ahora bien, el hecho de que se estableciera un tope a esta compensación ha implicado que, solo entre 2019 y 2023, el gobierno regional calcule que ha dejado de percibir 4.513 millones. Eso sí, sin tener en cuenta otra vez el efecto capitalidad. También se añade al listado de agravios un "infrafinanciación de los fondos europeos de recuperación y resiliencia", que sitúa en 993 millones.

Además, el ejecutivo madrileño reclama 2.668 millones por "el incumplimiento de la ley de dependencia" por parte del Estado así como 2.785 en inversiones pendientes (1.580 correspondientes al tercer ciclo del plan hidrológico del Tajo y 1.200 de obras pendientes en tres estaciones regeneradoras de aguas residuales), 417 millones para el consorcio regional de transportes, 149 en sanidad, 61 en justicia y 10 en educación. Otra reclamación al Estado, que se eleva hasta los 765 millones, es por el hecho de que este 2026 no se hayan actualizado las entregas a cuenta —los recursos que reciben por adelantado las comunidades autónomas de régimen común—. Entre enero y marzo son 129 millones menos al mes, que se elevan a 376 a partir de abril. Fuentes del ministerio de Hacienda replican que el PP votó en contra del decreto que las actualizaba en el Congreso, a lo que los populares replican que el problema es que lo mezcló con medidas del escudo social con las cuales estaban en contra.

Batalla política

Este último asunto afecta a todas las comunidades autónomas. Otras gobernadas por el PP también lo han criticado, así como el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en la primera interpelación al Congreso al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, hace cerca de un mes. La Comunidad de Madrid enmarca la reclamación de los 12.367 millones en una enmienda a la totalidad a la forma de gobernar de Sánchez con elementos discursivos coincidentes con Génova, como la denuncia de los efectos que tiene no aprobar nuevos presupuestos estatales desde 2023. "Tiene consecuencias muy claras", argumenta la consejera madrileña en referencia a las anticipaciones —una cuestión que ya ha reclamado por carta a España— y a la necesidad que les genera de tener que buscar otras vías de financiación a corto plazo.

La Comunidad de Madrid denuncia, además, una interferencia sistemática en su autonomía con la aplicación del "imperativo" por parte del gobierno español de un "«yo decido, tú pagas»" con medidas "electoralistas" o "improvisadas" que les descuadran el presupuesto. Desde la consejería ponen como ejemplo que no se les consultaran previamente las rebajas de impuestos por la guerra de Irán, hecho que supondrá una recaudación de 206 millones de euros menos en la Comunidad de Madrid, o el incremento retributivo a los funcionarios. "Nos lo dan todo cerrado y empaquetado. No nos podemos convertir en el cajero automático del gobierno de España. No se puede gobernar sin presupuestos", remachan las mismas fuentes.