Manuel García-Castellón, el juez del Tsunami y los CDR, se jubila

BarcelonaEl juez Manuel García-Castellón está ya jubilado. El magistrado de la Audiencia Nacional que ha ido investigando, entre otras causas, el caso Tsunami Democrático, cuelga la toga después de que este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya haya publicado su jubilación forzosa. García-Castellón cumple 72 años el próximo 16 de octubre, la edad máxima en la que podía presidir el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero pidió adelantar la fecha de la jubilación a este lunes. Lo que hoy publica el BOE es el acuerdo que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó a finales de junio para dar cumplimiento a la petición.

García-Castellón ha sido el encargado de un montón de causas mediáticas, algunas relacionadas con el independentismo y el Proceso. La más destacada de todas ellas, la causa del Tsunami Democrático. El magistrado defendía en su instrucción la acusación por terrorismo en la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, entre otros. Pero pocos días después de su petición de anticipar unos días su jubilación, recibió un revés en su instrucción: la Audiencia Nacional la tumbó en buena parte y le condujo a poner punto final a la causa. Todo ello allanó el regreso a Catalunya de Rovira y el resto de personas que habían optado por el exilio, así como el posterior archivo de esta causa al expresidente Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg, investigados en el Tribunal Supremo.

Contrario a la amnistía

Del caso de los CDR, a los que también atribuyó delitos de terrorismo, también se encargó él: los doce encausados, a los que, por el momento, no se ha aplicado la amnistía, se enfrentan a penas de entre 8 y 15 años de cárcel. También se ha hecho cargo de investigaciones en torno a Podemos, como el caso Dina, en el que quería llevar a juicio a Pablo Iglesias, y causas contra la excúpula de ETA, además de asumir decenas de piezas relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo y de casos de corrupción relacionados con el PP, como Púnica, Lezo o Kitchen. En la investigación contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, tras una primera imputación de María Dolores de Cospedal, García-Castellón acabó echándose atrás y no incluyó al ex número 2 del PP pese a los múltiples indicios de su conocimiento sobre el cerco al extesorero Luis Bárcenas.

Claramente contrario a la amnistía –“no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, argumentaba para contradecir a quienes sí defendían su encaje legal–, incluso el gobierno español le acusó de “inclinarse siempre en la misma dirección”.