MadridLa elección de Isabel Perelló como presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) me ha recordado mucho las polémicas sobre la búsqueda de un mediador internacional para resolver el conflicto con el Estado. A la nueva jefa de la estructura judicial en España le espera una labor muy pesada, la de hacer de conciliadora entre dos partes del universo de la justicia que parecen irreconciliables. De hecho, su nombramiento nace de un pacto entre conservadores y progresistas con el fin de que ninguno de los dos grupos se lleve una victoria clara. El gobierno español prefería perfiles más comprometidos con la izquierda judicial, como el de las magistradas Ana Ferrer o Pilar Teso, que acabó por retirarse de la carrera. Y los conservadores propusieron a Perelló pensando que su vocación de mediadora –ejercida varias veces en su sala del Supremo, la contenciosa– les evitaría episodios de derrota. Pero si se creen lo que no es más que una suposición, la victoria de los conservadores resulta pírrica. Isabel Perelló no levanta la voz, pero sabe mandar. A su estilo, con buenos modales, y sin abandonar sus convicciones.
Dicen –y en el Supremo lo dan por comprobado– que la nueva presidenta del aparato judicial está muy cercana a otra magistrada de la casa que dio el salto a la política. Se trata de Margarita Robles, ministra de Defensa, que ha tenido siempre a Pedro Sánchez bien informado de las interioridades del poder judicial. Ella las conoce lo suficiente. Fue vocal del propio órgano de gobierno de la magistratura, tiempo en el que en representación de Jueces para la Democracia negociaba los nombramientos en la carrera. En el Supremo todo el mundo está convencido de la vigencia de esta alianza Perelló-Robles por la vía de la amistad sostenida durante muchos años. Ahora bien, también es criterio generalizado que Perelló no necesita parecer enojada para mantener e imponer su carácter y sus decisiones. Siempre sin levantar la voz.
Todo esto será esencial cuando comience la batalla de los nombramientos pendientes. Sobre todo, quienes son para el Supremo, porque suponen el acceso a la cúpula de la carrera, como cargos fijos hasta la jubilación forzosa, a los 72 años. En este capítulo habrá baile de bastones. Un magistrado más optimista que yo me decía ayer que las promociones no van a costar tanto, porque hay mucho que repartir. Pero todo el mundo querrá las piezas principales. Para empezar, la presidencia de la sala penal del Supremo, esa que el PP quería controlar "por la puerta trasera". El presidente actual, Manuel Marchena, termina su segundo mandato el próximo octubre.
Hizo bien Isabel Perelló cuando, viéndolas venir, afirmó ayer en su discurso que quiere los intereses políticos lejos de la justicia. Deberá comprobarse si conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial sabrán imponerse a una actuación con criterios profesionales, sin renunciar a su ideología. De entrada, la elección de su mediadora les ha costado mucho. A ver si han entendido el mensaje de su jefe.
