Nadie controla el patrimonio que declaran los parlamentarios
Tampoco hay sanciones previstas para los que no declaran todas las propiedades
BarcelonaAveriguar cuáles son los presidentes, ministros, consellers o diputados con más patrimonio y los que tienen menos forma parte del ritual de inicio de cada legislatura. La ley obliga a divulgar qué poseen, pero es imposible saber cómo de exactos son los datos porque no existe ningún mecanismo de revisión. La Generalitat y el Parlament admiten que ningún órgano rastrea si los responsables públicos informan de sus propiedades al completo. Tampoco piden documentación que acredite las pertenencias que comunican porque, dicen, prevalece el "principio de confianza". En el Congreso y el Senado también se fían y no hacen ninguna comprobación. "La falta de procedimientos de verificación hace que sea un sistema débil para impulsar la integridad y prevenir la corrupción", apunta Agustí Cerrillo, catedrático de derecho administrativo de la UOC.
Vox es un partido que se ha mostrado molesto con este tipo de exigencias. Tanto las de patrimonio como las declaraciones de actividades (que sirven para comprobar incompatibilidades). Ignacio Garriga, que venía de cobrar 90.000 euros anuales en el Congreso, informó ahora al Parlament de que dispone de 3.000 euros en la cuenta corriente y no tiene ninguna propiedad.
En 2019, Eduardo Reyes volvió al banco de ERC afirmando tener solo 2,75 euros ahorrados, aun habiendo ingresado 60.000 anuales como diputado de JxSí entre 2016 y 2017 y no tener ninguna hipoteca. Y algunos ex miembros del Govern tampoco gozan de muchos ahorros. Antoni Castellà (Demòcrates) percibía 84.078 euros anuales entre 2011 y 2015 como secretario de Universitats, y notificó un saldo de 2.000 euros en la cuenta en 2012, de 300 en 2015 y de 752 en 2018. En su caso, sí disponía de cinco propiedades.
Los miembros del Parlament y del Congreso deben notificar cualquier modificación patrimonial y entregar la liquidación del impuesto de la renta cada año. En todo caso, ninguna de las dos cámaras compara si las propiedades incrementan a lo largo de los años. Las declaraciones se descuelgan de la web del hemiciclo catalán al final de la legislatura y se destruyen cuatro años después.
El hecho de que se eliminen dificulta la acción de trazar la evolución del patrimonio de los gestores públicos. Después de haber sido alcalde de la Roca del Vallès, gerente del Ayuntamiento de Barcelona, ministro y ahora diputado, ninguna declaración de Salvador Illa es accesible en Internet excepto la más reciente, entregada en la cámara catalana y la que el BOE ha difundido dos meses después de abandonar el ministerio. Illa tiene casi 13.000 euros en el banco y en el último año ha saldado unos 11.000 euros de una hipoteca de la que solo le quedan 6.000 euros por pagar (tiene una casa al 50% y un garaje) y ha ampliado en 5.000 euros, hasta los 48.000, un plan de pensiones después de sentarse en el consejo de ministros.
Transparencia Internacional encuentra carencias y ambigüedades en declaraciones en el Congreso y el Senado. "Ahí han creado la oficina de conflicto de intereses, pero no la dotan de competencias. Así que no pasa nada si se incumple con la declaración de bienes, cuando en Francia sería delito", compara Manuel Villoria, directivo de la organización, que aboga por “autoridades independientes” para dilucidar “la veracidad de la información y cruzarla con otros registros”.
En Catalunya, la Sindicatura de Comptes no supervisa el patrimonio de dirigentes y diputados, dado que se limita a fiscalizar fondos públicos. La Oficina Antifraude ha advertido que hay que examinar mejor los bienes de los cargos públicos y hacer un seguimiento una vez cesan. Se ha ofrecido a verificar las declaraciones del sector público e incorporarlas a un registro único para prevenir conflictos de intereses. No se le ha encomendado hacerlo hasta ahora.
El Parlament suspende un mes de sueldo a quien no informe de cambios y no entregue la declaración anual de renta, pero no prevé castigo si se silencian propiedades. "Si no se acompaña de un régimen sancionador, da igual lo que conste", alerta Simona Levi, de la plataforma para la transparencia Xnet. "Si alguien quiere que no se revele un conflicto de intereses, le puede resultar más barato no dar información", coincide Cerrillo.
Diputados con pérdidas
Las cifras de algunos diputados bailan con los años. Pasa con las retribuciones, como las de Laura Borràs (Junts), que anotó en el Congreso haber recibido 91.678 euros netos como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, cuando el sueldo era de 82.000 euros brutos según el portal de transparencia. Sucede también con propiedades, como las de Albert Batet (Junts), quien en junio de 2015 decía tener una vivienda de 27.354 euros y cuatro préstamos -uno hipotecario-, pero en octubre siguiente no constaban deudas y el hogar se valoraba en 160.500 euros. Dos meses más tarde, los créditos volvían a aparecer con la misma deuda, ahora los cuatro hipotecarios. Tres años después y hasta ahora, Batet no registra ninguna propiedad. Con todo, su balance es negativo: llega con 20.000 euros y ahora tiene 10.000.
También Pere Aragonès ha pasado de tener 42.560 euros en la cuenta en 2015 a 6.300 actualmente. Debe 131.209,18 euros más que entonces, ya que a la hipoteca se le ha sumado un préstamo personal y el de un coche (Audi Q5). En total, Aragonès debe 266.000 euros. Su entorno remarca que ha tenido gastos personales y ha nacido su hija. Sin embargo, ha encadenado sueldos de secretario de Economia (85.769 euros anuales) y de vicepresidente (115.517 euros anuales). Contrasta con los ahorros de Roger Torrent, que ha pasado de notificar 39.000 euros en 2012 a 250.000 ahora. En la cuenta de Carlos Carrizosa figuraban 10.000 euros cuando se incorporó en 2012 al Parlament, y ahora, después de encabezar el grupo de Cs y estar nueve años en la cámara, solo figuran 5.000 -el único gasto que aparece es un Lexus-. Todo lo contrario que su ex compañera de partido (ahora en el PP) Lorena Roldán: ha subido de 2.000 euros en 2015 a 223.000 ahora.
Otro fenómeno que se observa en las declaraciones es que algunas no cambian a lo largo de los años. Maria Sirvent (CUP) registra en 2018 que tiene 6.720,93 euros en el banco y tres años después declara la misma cantidad, exacta hasta el céntimo. Y la líder de los comunes, Jéssica Albiach, notifica 30.000 euros en 2015 y 83.793,95 más por saldar de una hipoteca. En 2018 su declaración es idéntica. Durante tres años, pues, no se ha gastado ningún euro de la cuenta corriente y ni siquiera ha pagado las cuotas de la hipoteca.
