Nadie quiere entrar (de momento) en el gobierno de Salvador Illa

BarcelonaLa legislatura catalana ha arrancado con un gobierno del PSC en solitario y, si no hay giros de guión, esto no va a cambiar en los próximos meses. Después de haber facilitado la investidura de Salvador Illa, Esquerra y los comunes se conforman, de momento, con ser los socios preferentes del ejecutivo en el Parlament e intentar arrastrarlo desde fuera en las carpetas en las que el PSC ha sido reacio a moverse, como la regulación del alquiler de temporada o el estudio de alternativas a la ampliación de la tercera pista en el aeropuerto de Barcelona. Lo primero que pondrá a prueba esta alianza parlamentaria será la negociación de los presupuestos del 2025, que Salvador Illa pretende tener aprobados para que entren en vigor el 1 de enero y, por tanto, debería aprobar a lo sumo en noviembre. Esquerra condiciona las conversaciones a que haya pasos adelante en la financiación singular, y así lo ha trasladado ya al Govern, mientras que los comunes prevén irse encontrando con el ejecutivo para hablar de las cuentas en los próximos días –la semana pasada mantuvieron el primer encuentro.

Pese a los pactos de investidura, ni republicanos ni comunes han levantado el dedo para reclamar al PSC que vaya haciéndose a la idea de que, si quiere agotar la legislatura, tendrá que hacerle sitio al consejo ejecutivo. De puertas hacia fuera, ambos partidos marcan distancias ideológicas con el PSC de Salvador Illa y, por ahora, prefieren ocupar la posición de garantes del pacto de investidura que la de potenciales socios en la Generalitat. "Queremos ver los primeros meses de gobierno", dice una voz de la ejecutiva de Catalunya en Comú. De puertas hacia adentro, fuentes de la formación admiten que influye el hecho de que tienen enfrente la asamblea para renovar su dirección, después de la despedida de Ada Colau –que, por cierto, ya ha dicho que es contraria a gobernar con los socialistas, tanto en la Generalitat como en Barcelona–. La posición oficial del partido, sin embargo, es que estudiarán entrar en el ejecutivo si el gobierno de Isla se lo pide. Una oferta que, de momento, tampoco está sobre la mesa del Gobierno, aunque el PSC tampoco se ha encerrado en banda en aceptar socios si alguien se postula.

En el caso de Esquerra, el giro puede ser de 180 grados, porque de las cuatro candidaturas que se disputan el liderazgo del partido al menos hay dos –Foc Nou y el Col·lectiu Primer d'Octubre– que han rechazado el pacto de investidura con los socialistas, aunque ambas favoritas, la deOriol Junqueras y la de Xavier Godàs, no se oponen al pacto y se limitan a reclamar que debe cumplirse.

Sin embargo, el posicionamiento contrario a Isla no es residual en las bases: el 44,8% de los militantes de Esquerra se pronunciaron en contra de la investidura en la consulta interna sobre el acuerdo, cerrado a regañadientes por la dirección con el compromiso por la financiación singular como medida estrella. El debate sobre la prioridad de esta reforma ya ha provocado un primer choque entre el ejecutivo y los republicanos, aunque el PSC se apresuró a aclarar que, aunque la cuestión de la financiación vaya por largo, están dispuestos a trabajar "en paralelo" a los presupuestos.

Mientras, el Gobierno avanza en el relevo de los altos cargos del ejecutivo de ERC que todavía están en el sottogobierno y en las entidades públicas: ha cesado casi 100 y se ha quedado una cincuentena. En cualquier caso, y marcando aún más las distancias con el ejecutivo, Esquerra presiona para que los cargos con carnet dejen un Govern, en el que, por ahora, tampoco se plantean entrar. Esta cuestión ahora mismo no es un debate en el partido aunque la secretaria general, Marta Rovira, sugiriera hace unas semanas que podrían abrirlo si los socialistas demuestran ser capaces de tejer "confianzas" con los republicanos, después de haberse acercado cuestiones como la lengua o el diálogo para resolver el conflicto político. Junqueras, a su vez, se mostraba contrario a entrar en el ejecutivo en una entrevista en el ARA este domingo. Habrá que ver qué determina la dirección ganadora del congreso de ERC del 30 de noviembre.

Una situación única en la historia

Los planes de Isla implican continuar con un gobierno en solitario, tal y como los socialistas previeron durante las negociaciones. "Los pactos de investidura decían que el Govern era sólo de mi formación política, y en ese horizonte trabajo yo", decía el presidente en su primera entrevista institucional en TV3. Tiene a su favor los datos históricos de los últimos gobiernos de la Generalitat: nunca a la historia se ha añadido un partido nuevo después de la configuración inicial del Gobierno (tampoco en España). Los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas gobernaron en coalición bajo el paraguas de CiU –en el caso de Mas, hasta la salida de Unió del Ejecutivo en el 2015– y los tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla arrancaron con pactos de gobierno a tres bandas. Los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra firmaron sus respectivos acuerdos de gobierno con Esquerra en el momento de la investidura, al igual que hizo en el 2021 el expresident Pere Aragonès con Junts. Un año y pico más tarde, Esquerra se quedaba sola en la Generalitat: los junteros rompieron la coalición por el desacuerdo con la hoja de ruta independentista del gobierno de Aragonès, que previamente había destituido al entonces vicepresidente Jordi Puigneró por pérdida de confianza.

Si finalmente Salvador Illa se decantara por tender la mano a otros socios a media legislatura, sería algo inédito en toda la historia política de la Generalitat. Eso le obligaría a mover las sillas para dejar sitio a los dirigentes de otros partidos en un consejo ejecutivo que es queridamente de amplio espectro: hay exconvergentes, exmiembros de Unió y dos ex altos cargos del gobierno de ERC. Sea como fuere (y tal vez como prevención), los consellers del Govern que son diputados no han dejado su acta en el Parlament, donde podrían ir a parar si hay un cambio en el ejecutivo. Isla tampoco ha fichado a nadie del espacio de ICV y el PSUC, una decisión que, en su momento, los comunes vieron como un gesto de respeto hacia su espacio.