Nervios entre los funcionarios del Tribunal de Cuentas por la renovación

MadridHace días que hay nervios en el Tribunal de Cuentas. Desde que el 14 de octubre el PSOE y el PP anunciaron que tenían un acuerdo para renovar los órganos constitucionales –excepto el Consejo General del Poder Judicial–, se instaló una cierta “inquietud”, admiten fuentes del organismo. No solo en los consejeros salientes –muchos de ellos hubieran querido repetir– sino también entre aquellos funcionarios y cargos eventuales que ocupan lugares que dependerán del libre designio de los nuevos miembros elegidos por el Congreso y el Senado. Hoy los doce futuros consejeros –también los cuatro jueces que irán al Tribunal Constitucional– defienden su candidatura en comisión.

Los dos principales partidos españoles optaron por una importante remodelación en la nueva composición del pleno del Tribunal de Cuentas. De los once miembros actuales –hay uno, Lluís Armet, que renunció al cargo en enero del 2018– solo repiten dos: Enriqueta Chicano y Dolores Genaro, las dos propuestas por el PSOE. Y estos cambios al frente de los doce departamentos provocarán la constitución de nuevos equipos. Por ejemplo, directores y subdirectors técnicos y sus adjuntos –que son las personas más importantes alrededor de los consejeros– quedan a merced de la libertad que tendrán los nuevos miembros del pleno para nombrar sus altos cargos más próximos. Los funcionarios que ahora ocupan importantes cargos no perderán la plaza en la administración, pero quizás no conservarán la tarea que han desarrollado los últimos nueve años.

Según la última versión de la relación de puestos de trabajo de personal funcionarial y eventual del Tribunal de Cuentas, hay 262 personas con cargos de relevancia que están sujetas a la decisión de los nuevos consejeros. De estos, 227 son funcionarios del subgrupo A1 –de niveles 27, 28, 29 y 30– y son los que ocupan las plazas más importantes y mejor retribuidas. Su sueldo puede superar los 90.000 euros anuales gracias al complemento específico que va emparejado al rango. El de los directores técnicos es de 58.500 euros, el de los subdirectors técnicos, de 53.400, y el de los subdirectors adjuntos, de 46.600.

Por ejemplo, a la presidencia del organismo están adscritos un director técnico, un subdirector en jefe de la asesoría económico-administrativa, un subdirector en jefe de la asesoría jurídica, tres subdirectores técnicos, un subdirector adjunto a la dirección técnica, el director de relaciones externas y un subdirector adjunto.

“Un clima de desolación”

Si estos son cargos poco expuestos, hay otros que también están bien remunerados pero que tienen más desgaste. Es el caso de los delegados instructores, como Esperanza García, la que se ha encargado de la instrucción de la causa contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por la acción exterior entre 2011 y 2017. Hay un total de ocho y formalmente son asesores técnicos jurídicos. Su continuidad en la unidad de actuaciones previas de la sección de enjuiciamiento irá ligada a quién pase a ocupar la presidencia. Hasta ahora lo hacía José Manuel Suárez Robledano, nombrado en 2012 a propuesta del PP. Cuando llegó nombró a siete –entre ellos Esperanza García– y mantuvo uno que ya estaba desde 2008. Este es el único letrado de oposición del mismo Tribunal de Cuentas, mientras que los otros siete son funcionarios que habían accedido al organismo provenientes otras administraciones.

Los sectores más críticos con el funcionamiento interno del tribunal subrayan que en otros órganos judiciales –el Tribunal de Cuentas no lo es aunque tenga funciones jurisdiccionales– este tipo de cargos están más regulados. “Hay un clima de desolación en la sede central”, explican fuentes consultadas, a consecuencia de que a partir de ahora la facción conservadora perderá la mayoría. “Además, no repiten los que se pensaban que repetirían”, añaden. De hecho, no renueva mandato ningún consejero propuesto por el PP en 2012, algunos de ellos muy marcados ideológicamente.

Por otro lado, de estas 262 personas, hay 35 que serán cesadas automáticamente cuando lo sean los consejeros. Son cargos eventuales como los secretarios y secretarias de los consejeros. Hay uno para cada departamento y cuatro para los presidentes de sección. La jefa de comunicación del Tribunal de Cuentas también es de confianza y nombrada por la presidencia.

Hoy a las 9.30 comparecerán en el Congreso los cuatro candidatos a integrar el Tribunal Constitucional y, a partir de las 13.30 horas, los seis aspirantes al Tribunal de Cuentas votados en la cámara baja. Son Enriqueta Chicano, Isabel Fernández, Dolores Genaro, Diego Íñiguez, José Manuel Otero y Miguel Ángel Torres. Los otros seis lo tendrán que hacer en el Senado, pero todavía no se ha programado la sesión de la comisión de nombramientos de la cámara alta. El pleno para que sean definitivamente escogidos por mayoría de tres quintas partes será la próxima semana.

La sección de enjuiciamiento

Una vez nombrados, se celebrará un pleno en el órgano fiscalizador en el que se escogerá al presidente del tribunal –internamente suena el nombre de Chicano–, el secretario general que sustituya a Esther Riquelme –y que tiene que ser escogido entre los funcionarios de los mismos cuerpos superiores del Tribunal de Cuentas– y se decidirá quién irá a parar a la sección de fiscalización y a la de enjuiciamiento. Fuentes de la Moncloa aseguran que el pacto con el PP no incluyó la distribución.

Los cuatro nombres que conforman la sección de enjuiciamiento tendrán que juzgar la causa de Exteriores y en el tribunal ya hay quinielas sobre quién serán los escogidos. Sus perfiles dan pistas: Torres es todavía el fiscal en jefe y sería uno de los que podrían ir, junto con la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, los dos propuestos por el PP. Del sector progresista, el actual jefe de gabinete de la ministra de Defensa y ex magistrado del tribunal contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, Diego Íñiguez, también podría ir a enjuiciamiento. De los otros candidatos propuestos por las fuerzas de la coalición, el abogado del Colegio de Vizcaya Luis Antonio Ortiz de Mendivil –impulsado por Unidas Podemos– podría ser el cuarto.

Todo ello podría acabar teniendo incidencia en el devenir de la causa contra la acción exterior de la Generalitat que se está abordando dentro del Tribunal de Cuentas y que, después de que se rechazaran los avales del Institut Català de Finances, ya ha supuesto embargos para los altos cargos independentistas de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont. Habrá que ver si con los cambios en el tribunal también cambia la actitud con la que hasta ahora se ha conducido este caso.

El PSOE y el PP pactaron los doce nuevos consejeros que integrarán el pleno del Tribunal de Cuentas. Su mandato es de nueve años y renovable. Seis de ellos presentan su candidatura hoy a la comisión de nombramientos del Congreso y los otros seis lo tienen que hacer en el Senado .