Objetivo, que Puigdemont pierda la paciencia

MadridLo normal para un correcto desarrollo de la vida democrática de un país es que la lucha política tenga lugar en las instituciones representativas y en los escenarios políticos. Pero una de las características de esa legislatura es el alto índice de intervención de jueces y tribunales en ámbitos políticos. En ocasiones esta participación deriva de una forma natural, no forzada, de la gravedad de los hechos, y de la identidad y responsabilidades públicas de las personas investigadas, como sucede en el caso de la causa que lleva adelante la jueza de Catarroja Nuria Ruiz sobre la tragedia de la DANA, con 235 víctimas mortales. O como ocurre también en relación con el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García, pareja de la que cada semana se van conociendo hechos que agravan sus responsabilidades. Pero existen otros capítulos en los que se intuye como ingrediente fundamental de una determinada intervención judicial una alta contaminación política e ideológica, ligada directamente a los efectos que puedan tener una causa penal y una sentencia.

Se podrá decir que en algunos casos, como el del Proceso, es muy lógica esta contaminación porque las decisiones tomadas y los hechos ocurridos representaron un pulso al Estado, en forma de intento de separación. O podrá añadirse que la politización de los tribunales puede tener más de un color, porque una vez parecen ir por delante los jueces progresistas y otras veces los que toman ventaja son los de la esfera conservadora. Pero en los casos de mayorías contradictorias –cuando en un tribunal son más los de un color, y en lo que debe revisar las decisiones del primero predominan, en cambio, los de otra tendencia– lo más conveniente es que cada uno sepa estar en su sitio y respetar sus respectivas competencias. Temo, sin embargo, que no es esto lo que está pasando, ni lo que podremos ver en un futuro no muy lejano, en relación a la ley de amnistía y su aplicación a determinadas personas, y muy en concreto en lo que respecta al líder de Junts, Carles Puigdemont.

El veredicto del TC

No son pocos los que dentro y fuera de Catalunya piensan que uno de los errores de los líderes independentistas fue no darse cuenta, o no tener suficientemente en cuenta la solidez del Estado y sus aparatos, cuya eficacia ya quedó de manifiesto antes y después de los hechos de septiembre y octubre del 2017, por mucho que no encontraran las fechas adquiridas. Pero aceptar la lógica de la réplica institucional, contraria a un movimiento de desconexión con el Estado por procedimientos ajenos a las previsiones de la Constitución, no justifica ni hace más comprensibles los excesos en la respuesta, sobre todo cuando el Parlamento ha adoptado la decisión de apostar por pasar página. Lo digo por el escenario que se está prefigurando por el hipotético momento en el que el Constitucional avale –si así lo acaba haciendo, como es muy probable– la ley de amnistía. Sobre lo que puede ocurrir ya hemos tenido un anticipo, un avance, con la controversia entre la Audiencia de Sevilla y el órgano de garantías, que había rebajado, hasta prácticamente desactivarlas, las condenas impuestas a los principales miembros de la excúpula socialista de la Junta andaluza.

En el ámbito jurídico predomina la idea de que el Supremo seguirá la estrategia de la Audiencia sevillana y pondrá rumbo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para cuestionar la aplicación de la ley de amnistía en Puigdemont y los demás condenados por el delito de malversación, en la causa. No creo que una iniciativa de este tipo, si llega a producirse, genere más discusiones de naturaleza jurídica que política. Tanto en el Parlament como en muchos ámbitos judiciales se piensa que un movimiento de este tipo debe interpretarse en el contexto de las principales claves de la actual legislatura, donde los votos de los independentistas –y singularmente los de Junts, grupo liderado por Puigdemont– resultan singularmente importantes para los socialistas, para tratar de afianzar a una precaria mayoría parlamentaria. Quienes ven así subrayan que otro elemento esencial de las mencionadas claves es la fuerte presión sobre Junts para que abandone su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez y facilite su caída o una convocatoria de elecciones anticipadas. Un diputado socialista me lo expresaba hace unos días diciendo que "lo que se trata es de que Puigdemont pierda la paciencia y decida retirarnos su apoyo". Quienes, como este parlamentario, analizan desde este punto de vista, no se esconden de añadir que el planteamiento de una cuestión prejudicial sobre la aplicación de la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la UE puede tardar uno o dos años en tramitarse. Sería posible, por tanto, que acabara la legislatura –si se agota, esto sería en el 2027– y la mencionada ley aún siguiera colgando de un hilo, sin que hubiera terminado de aplicarse en toda la extensión de sus previsiones.

Si alguien piensa que las presiones de todo tipo y procedencia para facilitar el fin del "sanchismo" y la alternancia política en España se concentran sólo en los grupos independentistas es porque no mira bien el calendario político y judicial. Imagino las quejas de Puigdemont cada vez que tiene una reunión con sus interlocutores socialistas. Y lo que le contestarán estos, en el sentido de que ellos han cumplido con su parte aprobando la ley de amnistía, haciendo "de la necesidad virtud", como dijo Pedro Sánchez. Pero a este planteamiento podrán añadir entre otras cosas la persecución penal del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la investigación sobre el hermano o sobre la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, que acaba de suponer dos horas de interrogatorio del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El objeto de esta prueba testifical ha sido la contratación de una asesora que habría ayudado a Begoña Gómez en sus actividades profesionales en una cátedra de la Universidad Complutense que no hubiera tenido que crearse. Sánchez se tomó cinco días de permiso al inicio de esa investigación. Y no renunció. Seguro que Puigdemont lleva muchos más de cinco dando vueltas a su situación. Por Sant Jordi y el Día del Libro los socialistas deberían regalarle al menos un manual de resistencia.