¿Por qué el Parlament está al margen del ente que vela por la transparencia?

BarcelonaEl sistema de transparencia establecido en el Parlament ha quedado en entredicho cuando ha llegado una pregunta sobre las condiciones del personal laboral de la casa. En concreto, sobre las retribuciones que perciben las personas acogidas a licencia por edad, un estatus que permite a 21 funcionarios del Parlament cobrar sin trabajar, una pregunta que el ARA planteó el 8 de abril del año pasado. Durante los nueve meses que ha tardado en responder se han puesto de manifiesto las tensiones internas, que han acabado con la dimisión de los miembros del órgano de transparencia del Parlament, entre ellos el ex letrado mayor Antoni Bayona, que el pasado 23 de diciembre presentó un escrito pidiendo su sustitución porque la administración no estaba entregando la información que había indicado en su resolución. Este hecho ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que quedó abierto durante la legislatura del 2015-2017: ¿por qué razón la cámara catalana está al margen de la comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública (GAIP)? ¿Por qué queda fuera del control de este ente independiente encargado de velar por la transparencia de la administración de la Generalitat y del mundo local?

El año 2015 se introdujeron en el reglamento del Parlament los sistemas de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Según fuentes parlamentarias que participaron en la discusión de aquel momento –hay que tener en cuenta que la ley de transparencia es del 2014 y apenas se estaba desarrollando– había dos opciones sobre la mesa, que la cámara catalana creara un ente propio o que se sometiera a la GAIP. No se eligió ni una ni otra: el reglamento prevé las dos cosas.

De hecho, en febrero del 2016 se dio un paso para que fuera la GAIP quien velara también por la transparencia de las peticiones de información que se hicieran al Parlament. La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, y el vicepresidente, Lluís Corominas, se reunieron con los responsables de la GAIP y acordaron iniciar los trabajos para crear un convenio con la cámara. Sin embargo, no se llegó a concretar nunca: por un lado, era la etapa más caliente del Procés, en 2017, y por la otra porque los letrados del Parlament se decantaban por que se creara un organismo propio que velara por las peticiones de transparencia tanto de los diputados como de la ciudadanía por “autonomía parlamentaria”. Una autonomía que ha funcionado bien, indican fuentes de la cámara, cuando las peticiones las han hecho los diputados respecto a otras instituciones, pero que se ha encallado cuando la petición ha afectado a la administración del Parlament. Tampoco tienen convenio con la GAIP, por ahora, el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes ni el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Renovación del órgano

Este lunes la presidenta de la cámara, Laura Borràs, ha anunciado que se renovará el órgano interno de transparencia que hasta ahora formaban Bayona, Anna Casas y la jefa de archiveros Blanca Martínez. En su lugar se perfilan los letrados Mercè Arderiu, Mario Núñez y otro archivero. Ahora bien, algunas fuentes parlamentarias dudan que este sea el problema: remarcan que, al final, el órgano de garantía resolvió a favor de entregar la información al ARA y que quien no lo ejecutó fueron los servicios parlamentarios. En este sentido, otras fuentes ponen sobre la mesa hacer un convenio con el GAIP para evitar que se repita esta situación.

El debate estará sobre la mesa este martes en la reunión de la mesa. Ayer los partidos censuraron el sistema instaurado hasta ahora, a pesar de que en los últimos catorce años ninguno había planteado una revisión. Y en cuanto a la reforma aprobada por unanimidad en la mesa en 2021, todavía permite cobrar sin trabajar los últimos tres años antes de la jubilación.