El Parlament sancionará a Sílvia Orriols y Joan Garriga por sus faltas de "respeto"
La Mesa tendrá que establecer ahora la sanción por una falta leve, que puede ir desde una amonestación pública hasta una multa de 12.000 euros
BarcelonaEl Parlament ha actuado este martes contra las vulneraciones del código de conducta en el hemiciclo. Después de nueve meses y de arrastrar cuatro expedientes —uno de Aliança Catalana y tres de Vox— en la comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano presidido por Antoni Castellà (Junts), ha acordado, en sesión secreta a puerta cerrada, calificar la actuación de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de falta leve. Ahora, la comisión trasladará este dictamen a la Mesa del Parlament, que será la encargada de decidir y aplicar la sanción final. Este castigo puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros.
Con todo, la decisión certifica que las declaraciones de la diputada no se amparan en la libertad de expresión parlamentaria, sino que traspasan las líneas rojas "de una conducta respetuosa con los otros diputados (...) sin discriminación por razón (...) de origen o condición social o étnica", tal como marca el artículo siete del código de conducta.
El caso de Orriols, que fue el primero en impulsarse, se remonta a abril de 2025 a instancias de ERC. Los republicanos denunciaron el uso de expresiones "reiteradas" y "vejatorias" de la líder de extrema derecha contra la diputada republicana Najat Driouech. En concreto, Orriols acusó a Driouech de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por el hecho de llevar velo, y cargó contra Esquerra por "blanquear la discriminación y la sumisión de las mujeres". Unas palabras que, según ha resuelto hoy la comisión después de escuchar a todas las partes y a los servicios jurídicos, constituyen una vulneración del código de conducta.
La sesión de este martes también ha servido para desbloquear los tres expedientes restantes, todos ellos contra diputados de Vox. El órgano parlamentario ha dictaminado que las actuaciones del portavoz de la formación, Joan Garriga, constituyen, también, una falta leve. Uno de los casos fue por afirmar, en mayo de 2025, que los socialistas gastaban dinero en "drogas y putas", y el otro, impulsado en octubre por ERC, Comuns y la CUP, por tildar de "asesino" al presidente fusilado Lluís Companys, llegando a colgar carteles con la inscripción "Companys asesino" en las ventanas de los despachos de la formación.
Por el contrario, en el tercer expediente, dirigido contra la diputada Júlia Calvet, la comisión ha determinado que sus declaraciones se amparan dentro de la libertad de expresión parlamentaria y, por tanto, descarta sancionarla. Calvet había sido expedientada por acusar a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar "uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament" en la DGAIA.