La posición del Parlamento Europeo no es la única buena noticia que ha tenido el Govern sobre Pegasus. La otra es que la querella que presentó Aragonès sobre esta cuestión será analizada por la Audiencia Nacional. El president la registró ante un juzgado de instrucción de Barcelona, pero ahora el juez entiende que, por la relevancia de su cargo cuando fue espiado -era vicepresidente-, tiene que ser la Audiencia quien lo investigue. No es garantía de éxito, pero sí de un mayor eco mediático. La Audiencia ya está investigando la derivada del caso que afecta a los miembros del gobierno español que también fueron espiados. "Esperamos que se llegue al fondo del asunto sea cual sea el tribunal", ha dicho la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.
El Parlamento Europeo no ve justificado el espionaje español al independentismo
El informe preliminar sobre Pegasus no considera acreditado que las víctimas del Catalangate fueran una "amenaza" para la seguridad o la integridad del Estado
BruselasEl informe preliminar de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el espionaje de diferentes estados miembros mediante el programa Pegasus que se ha publicado este martes señala que "no se puede establecer" ni alegar que el estado español espiara a líderes independentistas porque supusieran una amenaza para la seguridad nacional. En este sentido, el borrador redactado por la eurodiputada liberal neerlandesa Sophi in ‘t Veld, que todavía tiene que ser ratificado por el resto de miembros de la comisión europarlamentaria, dice que no parece que los espiados "pudiesen haber tenido un impacto inmediato o constituir una amenaza inminente para la seguridad nacional o a la integridad del Estado". Así, subraya que no basta con argumentar que se utiliza el programa Pegasus por motivos de seguridad nacional, sino que se tiene que demostrar que los espiados son un peligro real para el país.
El borrador, que seguramente recibirá enmiendas de otros eurodiputados y será rebajado, apunta que en el Catalangate se puede ver un "patrón claro", porque la mayoría de ataques que recibieron líderes políticos y de la sociedad civil independentista coinciden en momentos de "relevancia política", como lo fue el juicio del Procés. Además, In ‘t Veld afirma que las comunicaciones entre los abogados y los líderes encausados también fueron intervenidas por la policía española.
El informe también da por hecho que en el estado español ha habido hasta 65 casos de espionaje y no solo 18, tal como ha admitido hasta ahora el gobierno español, y señala que España fue el primer estado miembro de la Unión Europea en contratar y utilizar los servicios de Pegasus. Preguntada, sin embargo, sobre de dónde ha sacado esta información, la eurodiputada liberal ha aceptado que su equipo no ha podido confirmarlo con total seguridad porque el estado español se niega a dar la información que la comisión europarlamentaria pide. "Tenemos muy poca información, pero no solo hacemos las asunciones con lo que se ha publicado en los medios de comunicación, también tenemos algunos indicios [...]. Si los estados rechazan pasarnos información, tampoco podemos hacer ver que no lo vemos", ha justificado In ‘t Veld en una rueda de prensa en Bruselas.
Por otro lado, la eurodiputada neerlandesa ha contrastado el "ritmo rápido" con el que están avanzando las investigaciones en los tribunales de Madrid de los casos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de los ministros que denunciaron haber sido espiados con la "lentitud" de la tramitación de las denuncias presentadas en Barcelona por las víctimas independentistas. Concretamente, In ‘t Veld ha puesto de ejemplo lo que ha denunciado el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, que ha acusado a la justicia española de paralizar el caso.
Aragonès: "Hay que llegar hasta el fondo de la cuestión"
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, una de las víctimas del espionaje del estado español, ya ha reaccionado al informe preliminar de la comisión y ha asegurado que "en una democracia no se espía al adversario" y "que hay que llegar hasta el fondo de la cuestión por justicia y dignidad política". A su vez, la portavoz de Junts, Mònica Sales, ha reclamado "responsabilidades políticas" y ha dicho que "la dimensión del Catalangate es cada día más preocupante". Así, ha considerado que el hecho de que se apartara, en su día, a la directora del CNI, Paz Estebán, es un cese "técnico" que no es suficiente: "Todo el mundo sabe quiénes son los responsables políticos de la situación". En la misma línea, la portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha pedido hacer un frente común y ha señalado que la dimisión de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles tendría que ser la exigencia "de mínimos de todas las fuerzas catalanas".
Ahora bien, a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó que se constituyera la comisión sobre el caso Pegasus, en julio ya inició los trabajos y solo envió misiones a trabajar sobre el terreno a Grecia, Polonia y Hungría –que también se ven salpicados por este escándalo– y no a España. In ‘t Veld ha insistido en su voluntad de enviar una misión al estado español para investigar el Catalangate, pero el resto de miembros de la comisión lo rechazan. De hecho, uno de los que más ha trabajado para evitarlo es el coordinador de los conservadores en la comisión, Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior del PP cuando se espió a una parte de los líderes independentistas.
El paso siguiente será un debate entre la comisión de investigación sobre el borrador que hoy ha presentado In ‘t Veld y, después del periodo de enmiendas, los miembros del grupo votarán de forma definitiva el texto final. En todo caso, las conclusiones y recomendaciones que acuerden los europarlamentarios no serán vinculantes y ni los estados miembros ni las instituciones europeas las tendrán que aplicar.
