Caso Pegasus
Política 05/07/2022

Aragonès se querella contra la exdirectora del CNI y la empresa NSO por el Catalangate

El 'president' de la Generalitat formalizará la denuncia en el juzgado de instrucción en las "próximas horas"

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Puigneró y Aragonés en la reunión del consejo ejecutivo de este martes.

BarcelonaEl día siguiente de estallar el caso de espionaje masivo contra el independentismo, el president Pere Aragonès anunció que presentaría una querella contra los responsables de los hechos. Esto se producirá en "las próximas horas", cuando el presidente tiene previsto formalizar esta querella contra dos destinatarios principales: la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus con el que se espió al independentismo. "Queremos una investigación ágil que evite la prescripción de los delitos. Se tiene que evitar la impunidad de los responsables de estos", ha explicado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

La querella incluirá al menos cuatro delitos: el de intrusión no autorizada en equipos informáticos; interceptación ilegal de comunicaciones; espionaje informático, y producción y adquisición de spyware para ser utilizados en contra de los derechos fundamentales. Uno de los aspectos más destacados es que se señala directamente a Esteban y la empresa israelí, pero se pide que no se descarte "cualquier otra persona física o jurídica" si la investigación judicial detecta eventualmente otros responsables. Es una manera de no cerrar puertas a ampliar los querellados en otras direcciones. Así lo hicieron otros afectados por el caso Pegasus, como por ejemplo el expresident Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que se querellaron directamente contra el presidente Pedro Sánchez.

Aragonès ha dejado este movimiento legal en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat en coordinación con el que se ha convertido en el principal abogado de cabecera de ERC, Andreu Van den Eynde. Se considera que el espionaje contra Aragonès no solo habría afectado sus "derechos individuales", sino también los derechos vinculados a su ejercicio político y representativo en virtud del cargo que ocupa. El matiz es importante, puesto que busca aportar el máximo de argumentos para que el juez acepte investigar a fondo el caso. Este lunes, por ejemplo, el magistrado que lleva el caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, consideró que el espionaje al presidente Pedro Sánchez –que se conoció poco después del estallido del Catalangate– es un hecho que afecta el "interés general".

La querella, que se presentará en el juzgado de instrucción que toque por rotación, también incluye dos referencias importantes. En primer lugar, el informe de Citizen Lab que detalló las infiltraciones en los teléfonos de una sesentena de personas del entorno independentista y, en segundo, las informaciones periodísticas de hace unas semanas que relataban como Esteban reconoció a la comisión de secretos oficiales del Congreso que el president había sido uno de los espiados. "La vulneración del secreto de las comunicaciones para un uso político no es aceptable en una democracia", ha dicho Aragonès en Twitter.

¿Posibilidades de éxito?

La duda razonable que se genera es qué posibilidades de éxito tiene este movimiento judicial. Por los precedentes que ha habido hasta ahora, se podría decir que todo ello es incierto. La última noticia es positiva para los intereses de la Generalitat, puesto que a finales de junio el juzgado de instrucción 21 de Barcelona admitió la querella que había presentado Òmnium por el mismo motivo. Pero no todos los antecedentes ofrecen el mismo optimismo, puesto que unos días antes la justicia había archivado provisionalmente la investigación sobre el espionaje al conseller Roger Torrent y al diputado Ernest Maragall ante las dificultades que había encontrado, por ejemplo, para obtener información de la empresa NSO. Lo que seguro que ha quedado constatado en todo este tiempo es que las investigaciones judiciales sobre Pegasus avanzan a mucho mejor buen ritmo en la Audiencia Nacional que en los juzgados catalanes .

La Generalitat enfría la mesa de diálogo

Ya hace meses que la mesa de diálogo ha entrado en un bucle de consecuencias inciertas. Si primero era la Generalitat quien quería reunirla y el gobierno español no, ahora es la Generalitat quien pone el freno de mano a pesar de que Sánchez dijera el fin de semana que quería convocar un encuentro el mes de julio. El motivo es que desde la plaza Sant Jaume ahora priorizan que se haga primero la reunión entro Aragonès y Sánchez. Este frente a frente entre presidentes –que será este mes de julio– tendría que servir, según el Govern, para fijar las "garantías" para que la mesa de diálogo se pueda celebrar con contenidos y que no sea solo una fotografía.

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