¿Qué ocurre si ni Puigdemont ni Illa quieren presentarse a la investidura del 25 de junio?

BarcelonaExceptuando el 2018, en pleno 155 en Catalunya y tras la proclamación de la independencia, el proceso de investidura en el Parlament siempre se producía de la misma forma: diez días hábiles después de la elección de la mesa, la presidencia de la cámara proponía un candidato y se hacía el lleno de investidura. Y, si la votación estaba fallida, se activaba la cuenta atrás de dos meses hasta la convocatoria automática de elecciones. Ahora bien, ¿qué ocurre si a priori ningún candidato quiere ir a la primera investidura porque no tiene los votos asegurados? ¿Podría Josep Rull ahorrarse nombrar a alguien si ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont quieren intentarlo de ahora en el 25 de junio?

Fuentes parlamentarias admiten que es una decisión exclusiva del presidente del Parlament y que, en este sentido, Rull tiene margen de maniobra. Es él quien interpreta el grado de apoyo a un candidato y, en última instancia, quien decide si lo propone. No obstante, solo hay un precedente al que se podría coger para no proponer a nadie ya la vez evitar el bloqueo institucional: hacer un "acto equivalente" a una investidura fallida y poner en marcha el reloj de los dos meses hasta los nuevos comicios. Un período en el que se podrían intentar tantas investiduras como se quisiera si hay candidatos que quieren intentar ser escogidos por el pleno más adelante.

En Catalunya este escenario sólo se ha producido una vez, en el 2020, con la inhabilitación de Quim Torra. En ese momento no había ningún candidato que quisiera intentar ser escogido y el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, con el aval de los letrados, hizo el llamado "acto equivalente": es decir, resolvió que no había presidenciable y comenzaba el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones, que fueron el 14 de febrero de 2021.

Informe del Consejo de Estado

En ese momento los letrados avalaron esta vía siguiendo un dictamen del Consejo de Estado. Este organismo es quien ideó este mecanismo a petición de la Asamblea de Madrid en el 2003, cuando el presidente de la cámara les consultó qué hacer ante la imposibilidad de proponer a ningún candidato. "A juicio del Consejo de Estado [...] la falta de un candidato que esté dispuesto y en condiciones de solicitar y obtener la confianza de la cámara es de efecto equivalente a una votación fallida", dice aquel dictamen para justificar no hacer pleno alguno en los días siguientes a la constitución del Parlamento y activar igualmente la cuenta atrás hasta los nuevos comicios. Y también establece un procedimiento: el presidente del Parlament debe comunicar al pleno de forma "razonada" que "no está en condiciones de proponer a ningún candidato a la investidura". Solo añade que también recae en quien lidera la cámara impulsar todas las actuaciones para intentar tener una propuesta de candidato.

Esta doctrina fue asumida por los letrados del Parlamento en un informe de 28 de septiembre de 2020 firmado por Joan Ridao, entonces letrado mayor, y Xavier Muro, secretario general. "Si el presidente del Parlament considerase que no hay ningún candidato en condiciones reales de obtener el apoyo para resultar investido, debería materializar sin demora un acto equivalente a la investidura fallida para evitar entrar en un período de incertidumbre y bloqueo institucional, incongruente con el sistema parlamentario", concluía el escrito, que establecía que esto debía materializarse con una resolución del propio presidente de la cámara "razonada" y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

¿Y cómo queda el regreso de Puigdemont?

Si Josep Rull optara por esta vía empezaría el plazo de dos meses y se podrían producir dos escenarios: que no hubiera ningún candidato que en ese tiempo reuniera los apoyos necesarios, por lo que no habría ningún debate de investidura hasta la convocatoria de elecciones, y que en este período Puigdemont o Illa levantaran el dedo para intentar someterse a una votación en la cámara.

La decisión es relevante, no sólo porque dependería tener o no presidente de la Generalitat, sino también porque Puigdemont se ha comprometido a volver en el primer debate de investidura, sea o no candidato, aunque ello implique riesgo de prisión porque el Tribunal Supremo pone trabas a la amnistía. Este miércoles, el portavoz de Junts, Josep Rius, se ha afianzado en una entrevista en el Café de Ideas de TV2 y RNE: "El compromiso de venir, sea cual sea la circunstancia, es firme".

Si este debate no se acaba haciendo, ¿se esperará el expresidente en el exilio a tener más garantías para volver? Por ahora es una incógnita.