El PP catalán también copia a la extrema derecha en inmigración
La ponencia política del 16º congreso de los populares defiende la expulsión de inmigrantes irregulares que delincan y alerta sobre la amenaza del "fundamentalismo islamista"
BarcelonaEl Partido Popular de Catalunya también se acerca a la extrema derecha y endurece su discurso sobre inmigración. Lo ha hecho en los últimos meses el PP estatal y ahora los populares catalanes lo reproducen en su ponencia política, que el partido debe aprobar en el 16º congreso que celebrarán el 27 de junio –es el texto que marcará la línea estratégica de la formación en los próximos años–. Bajo la premisa de que "quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad", los populares exigen "la ejecución inmediata y efectiva de las órdenes de expulsión para cualquier extranjero en situación irregular que cometa un delito", y ponen así el foco en la lucha contra la multirreincidencia.
El documento diferencia la llegada de inmigración hispanoamericana –que considera de integración "natural" por los vínculos históricos, culturales y lingüísticos– de la amenaza del "fundamentalismo islamista" –que consideran "incompatible con los principios fundamentales de una sociedad libre"–. En este sentido, el partido reclama prohibir el uso del burka y el nicab en los espacios públicos para proteger "la dignidad de la mujer y la igualdad efectiva", y plantea endurecer los controles fronterizos para erradicar "prácticas aberrantes como los matrimonios forzados o la mutilación genital" y, al mismo tiempo, "evitar la salida de menores en situación de riesgo". "En ninguna circunstancia se puede tolerar que tradiciones o costumbres de los países de origen amparen delitos tipificados en nuestro Código Penal", dice la ponencia.
Asimismo, el texto profundiza en la gestión regulatoria de este fenómeno y alerta de que “una inmigración descontrolada y un evidente caos en la gestión de algunos servicios públicos tensionan la convivencia y deterioran la calidad de vida”. Por este motivo, los populares defienden que cualquier política migratoria “responsable” en esta materia debe calcularse estrictamente en función de la "capacidad real de acogida de la sociedad". Pese a que el partido se muestra abierto a los perfiles de origen hispánico, remarca que la exigencia de integrarse "con la misma igualdad ante la ley" debe aplicarse absolutamente a cualquier ciudadano extranjero.
"La integración exige derechos, pero también deberes", dice el documento, que cierra la puerta a atajos legales al afirmar que la inmigración irregular "no se puede convertir en una vía alternativa de acceso a la residencia". Finalmente, a la hora de abordar la seguridad religiosa el PP pide "distinguir con claridad la inmensa mayoría de musulmanes plenamente integrados" de los que profesan "una ideología política totalitaria", y exigen fronteras seguras ante quien "confunde acogida con impunidad".
Seguridad y “refundar” la Generalitat
Más allá de la inmigración, la ponencia del PP erige el orden y la seguridad como pilares irrenunciables para garantizar la libertad. En este sentido, hace una defensa acérrima de la propiedad privada y exige reformas legales para hacer posibles "desahucios exprés en un plazo máximo de 24 horas". El texto denuncia la "impunidad" de la ocupación y la multirreincidencia, y reclama un endurecimiento de las penas y un apoyo sin fisuras a los cuerpos policiales, y lamenta que los agentes sufran la "desautorización de sus propios gobernantes".
Para alcanzar la "prosperidad", el partido llama a "refundar democráticamente" la Generalitat para cerrar más de dos "décadas perdidas". El documento carga duramente contra el nacionalismo, al que acusa de haber "subordinado las instituciones y las necesidades reales de los ciudadanos a un proyecto de división, inseguridad jurídica y decadencia". Sin embargo, también dispara frontalmente contra el socialismo, señalándolo como responsable de traer "más intervencionismo y más burocracia". De hecho, el PP acusa a las izquierdas de utilizar una táctica para "alimentar diferentes conflictos: inquilinos contra propietarios, el sector público contra el privado, hombres contra mujeres".
Como alternativa, los populares exigen desterrar corrientes como el "wokismo", apuestan por una rebaja fiscal drástica y reivindican reforzar la presencia del Estado en Cataluña para evitar que su "debilitamiento" deje "desprotegidos a millones de catalanes".
