El PP se querellará contra el fiscal general del Estado por el nombramiento de Dolores Delgado

MadridPrimero fue el Tribunal Supremo y ahora el Partido Popular quien ha puesto al ex fiscal general y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la diana por su ascenso como fiscal de sala del alto tribunal. Este lunes los de Alberto Núñez Feijóo han anunciado que presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el nombramiento de Delgado como fiscal de sala del alto tribunal, la máxima categoría de la carrera del ministerio público. Según el PP, García Ortiz cometió "desviación de poder" al nombrar a su predecesora. A ojos de los populares puede acarrear un "delito de prevaricación".

Delgado fue ascendida en octubre del año pasado, pero a finales de noviembre, el Tribunal Supremo ya anuló el ascenso porque también vio "desviación de poder" por parte de García Ortiz para favorecer a su antecesora. La sentencia de los magistrados sostenía que la designación de Delgado como fiscal de sala del alto tribunal no atendía razones de mérito.

Cuando en el verano de 2023 Delgado comunicó que daba un paso al lado como fiscal general, coincidió con que el PSOE había intentado a través de una enmienda en el Congreso de los Diputados que el fiscal general del Estado ascendiera a fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez abandonara el cargo. Sin embargo, el texto de los socialistas no llegó a tener el aval del resto de grupos y acabaron retirándolo. En cualquier caso, la polémica estaba servida. como para pasar a ser fiscal de memoria democrática. Ahora los populares sostienen que la Fiscalía es "un apéndice del gobierno" y señalan que García Ortiz ejerce como "ministro número 23 de Pedro Sánchez".

Más problemas para García Ortiz

Sin embargo, éste no es el único frente que se le abre a García Ortiz. De hecho, poco después del ascenso de Delgado y su revocación por parte del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la idoneidad de García Ortiz como fiscal general del Estado. Nunca había ocurrido que el CGPJ, que simplemente debe analizar los requisitos formales del candidato, se opusiera. Aunque el informe del órgano de poder de los jueces no era vinculante, la oposición del CGPJ y, en particular, de los vocales del grupo conservador suponía una página más en la batalla que mantiene gran parte del aparato judicial contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.