Page pide elecciones generales ante la "intolerable" propuesta de financiación

MadridEl PP ya adelantó este jueves su oposición al nuevo modelo de financiación antes de escuchar la concreción de la propuesta y lo confirmó tras la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes. No fueron los únicos. Uno de los presidentes autonómicos más contundentes ha sido el socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), crítico habitual de Pedro Sánchez, quien se ha sumado a las críticas pidiendo elecciones generales ante la "intolerable" propuesta del ejecutivo español. Los de Alberto Núñez Feijóo, que gobiernan en la mayoría de autonomías, mantienen que se trata de un planteamiento que favorece a quien lo ha negociado bilateralmente, es decir, el independentismo catalán, en detrimento del resto del Estado.

"Está regido por los principios de desigualdad y de insolidaridad", ha lamentado el dirigente popular Elías Bendodo en una intervención desde La Coruña. A su juicio, la rueda de prensa de Montero ha sido "la prueba del algodón" para constatar que la propuesta de reforma es "poco igualitaria y poco correcta". "Es lo mismo de siempre: independentistas de primera y ciudadanos de segunda", resumió el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en un mensaje a X. Varias autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, Aragón o Castilla y León ya han abierto la puerta de los tribunales en caso de que el nuevo modelo acabe aprobándose.

Para los populares, un sistema negociado bilateralmente con el independentismo catalán "no puede ser bueno para el resto de España". "Está mal planteado desde el principio", ha expuesto Bendodo, quien ha argumentado que debería haberse hecho "al revés". "Se anuncia un nuevo modelo cuando lo consensúas con las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No llevas [Hacienda convocará este foro el próximo miércoles] lo que ya has acordado con el independentismo catalán", ha criticado el vicesecretario de política autonómica del PP. Que se garantice la ordinalidad para Catalunya, además, significa que "los que tienen más sigan teniendo más y los que tienen menos, sigan siendo pobres", sostienen los populares, que ven viciado de nacimiento el nuevo sistema pese a que incremente en 21.000 millones de euros los recursos para todas las comunidades.

Las autonomías gobernadas por el PP también se han posicionado en contra, en la misma línea que Génova. "Desde la Comunidad de Madrid no lo vamos a permitir de ninguna manera", ha advertido la consellera de Economía del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, uno de los más beligerantes, como es habitual. En declaraciones a los medios, Rocío Albert ha denunciado que "se está perjudicando a los madrileños" porque tendrán que "aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista". Albert avanzó que utilizarán "todos los recursos legales" para impedir que se aplique esta reforma. El presidente andaluz, Juanma Moreno, también advirtió de que no aceptará la ordinalidad y opinó que la propuesta responde más a un interés "electoral" que a una voluntad de buscar soluciones.

Rechazo más allá del PP

Las voces críticas con la nueva financiación no han salido únicamente de las filas populares. García-Page lamentó que se trate de un "suicidio político de la izquierda". "Es un día doloroso", aseveró. El presidente de Castilla-La Mancha reclamó elecciones generales a un Sánchez que, a su juicio, actúa por "interés personal" y defendió que toda la ciudadanía pueda pronunciarse ante este "atropello". Antes de que "decidan los independentistas, prefiero que hablen los españoles", ha dicho. Socios parlamentarios de Sánchez, como el BNG, también expresaron su rechazo a la reforma.

Los nacionalistas gallegos ven "centralista", "injusta" y "desequilibrada para Galicia" la propuesta. "No se resuelve el déficit histórico ni la infrafinanciación que sufre" y "modifica a la baja los factores que más encarecen la prestación de los servicios públicos en Galicia", como son el envejecimiento y la dispersión poblacional, lamentaron en un comunicado. La oposición del BNG es frontal y no ven la propuesta "ni un punto de partida". Compromís, otro aliado parlamentario de Sánchez, por su parte, no fue tan contundente, si bien avanzó que considera "insuficiente" la propuesta para la Comunidad Valenciana.

"Acorta la distancia entre los mejores y peores financiados, pero lo que hace falta es eliminarla", ha defendido la diputada del partido en el Congreso Àgueda Micó. El posicionamiento de Podemos en Andalucía y Extremadura también vislumbra más complicaciones para Sánchez a la hora de aprobar el nuevo modelo en la cámara baja. Las líderes del partido lila en ambos territorios rechazaron aplicar el principio de ordinalidad. Desde la Chunta Aragonesista (CHA), integrada en el Congreso dentro del grupo de Sumar, también se recibió con escepticismo la propuesta del ministerio de Hacienda y anunció el voto en contra si no se recoge la "singularidad" de Aragón.