Los problemas de Sánchez por gestionar el 'lawfare'

MadridCon lágrimas en los ojos, el 2 de noviembre del 2017 Marta Rovira, secretaria general de ERC, interpelaba a "todos los demócratas para que salgan, para que impidan que esto ocurra en pleno siglo XXI". La Audiencia Nacional acababa de enviar a prisión a los consellers del Govern por el 1-O y Rovira, que acabaría exiliándose en Suiza unos meses después, advertía que la persecución judicial que entonces afectaba al independentismo algún día la sufriría el PSOE. Más de seis años después, Pedro Sánchez se cree víctima de lawfare judicial, aunque la Moncloa no pueda explicitarlo públicamente por mantener la separación de poderes.

La ley deamnistía aprobada definitivamente el jueves en el Congreso ocurre ahora en manos de los tribunales, con buena parte de la judicatura radicalmente en contra. En los últimos meses se han visto jueces manifestándose en la calle con la toga puesta contra el acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE -sobre todo porque se mencionaba el término lawfare— y en chats de jueces ha circulado una guía sobre cómo torpedear la aplicación de la amnistía. También han sido transparentes los movimientos que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha realizado para intentar que la causa de Tsunami Democrático por terrorismo no encajara en el redactado de la ley. "La ley respeta la separación de poderes, porque la decisión última en la aplicación de la ley la tienen los jueces", manifestaba el jueves, políticamente correcto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Sin embargo, en privado fuentes de la Moncloa admiten cierta inquietud ante la posibilidad de que haya magistrados que hagan una interpretación particular de la amnistía.

Más allá del beneficio para las personas encausadas o condenadas, a Sánchez también le interesa políticamente que la amnistía tenga los efectos para los que está pensada. En primer lugar, porque si no los tiene, el independentismo le exigirá alternativas, y podría poner sobre la mesa, por ejemplo, una modificación del delito de terrorismo en el Código Penal. Aunque el gobierno español sostenga que la amnistía ya ha funcionado porque "se ha recuperado la convivencia", que la represión no cese implicará que el problema de Cataluña seguirá. Y en el Congreso Sánchez depende de los 14 diputados que tienen Junts y ERC. Además, el PP podría recriminarle haber aprobado una norma que no pasa el filtro judicial y el presidente español se encontraría con un dilema: o aceptar la crítica de la derecha o reconocer que hay jueces que hacen guerra política.

El caso Begoña Gómez

A la Moncloa le ha estallado otro episodio en los tribunales: el caso Begoña Gómez. El ministro de Justicia decía el miércoles en una misma frase que "respetaba las decisiones judiciales" y que deseaba que la causa se archivara, después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la investigación del juez Juan Carlos Peinado, padre de una concejala del PP de Pozuelo de Alarcón contra la mujer del presidente español. La admisión a trámite de la querella de Manos Limpias en abril propició que Sánchez se planteara dimitir y denunciara las maniobras de lo que él llama "máquina del barro". Se presentó como víctima de un modus operandi ya conocido por el soberanismo en la Operación Catalunya que consiste en fabricar una acusación basada en fake news, esbozarla en medios afines y utilizar asociaciones de extrema derecha para llevarlas a los tribunales. El componente esencial es que haya jueces que las acepten, pero a este respecto el presidente español pasaba de puntillas. Ahora hay colaboradores de la Moncloa que ven tan "evidente" la intencionalidad política de Peinado que "no hace falta ni decirlo públicamente".

La decisión de la Audiencia de Madrid de avalar que se abra una investigación contra Gómez cuestiona el relato del lawfare que implícitamente traslada a Sánchez, si bien por el momento las fuerzas que conforman la mayoría plurinacional en el Congreso han cerrado filas con él. "Ni siquiera el presidente del gobierno español y su familia se han librado de la furia inquisitorial de quienes nunca renunciaron a la vía del colpismo blando", decía el diputado de los comunes Gerardo Pisarello el jueves durante el debate de la amnistía . Por eso añadía que no podía quedarse en un "punto final", sino que debía ser "la antesala de cambios más profundos".

Las medidas de regeneración

Cuando pasen las elecciones europeas, Sánchez se verá obligado a afrontar la agenda de "regeneración democrática" que prometió al decidir no dimitir. Habrá que ver si las alternativas para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP van acompañadas de una "democratización en el acceso a la justicia", tal y como le reclamaba Pisarello, para que el sesgo conservador en el mundo judicial no se enquiste . Aún en el ámbito judicial, un debate que incluso los propios magistrados ven necesario plantear es el del papel de las acusaciones populares, del que abusan -consideran- asociaciones de extrema derecha pero también los partidos políticos.

En cuanto al plan mediático, en el que Sánchez también veía necesario intervenir, tampoco se acaba de abrir en el Congreso el melón de la presencia de seudomedios que hacen política: Vito Quiles, acreditado como periodista, concurre a las listas del youtuber de extrema derecha Alvise Pérez en las elecciones del 9-J. La tercera pata para "regenerar", según el presidente español, iba a ser la del tono en los debates parlamentarios: el jueves Vox volvió a poner a prueba a Francina Armengol con violencia verbal contra la bancada progresista. La gestión de todo lo que rodea el lawfare puede marcar la legislatura en el Estado y el PSOE todavía no tiene una receta para combatirla.